Se ha cometido un error judicial [y] nadie quiere confesar que se han cometido errores, e incluso faltas
Emilio Zola, Yo acuso
La Suprema Corte de (in)Justicia (no) de la Nación, a la que indebidamente se le otorgaron facultades de tribunal constitucional para darse el lujo de que sus integrantes no sean acusados de pisotear la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no cumple a cabalidad con sus obligaciones al permitir que tribunales de las entidades, y hasta los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, violen impunemente el orden positivo constitucional, dictando inconstitucionalmente resoluciones que podrían y deberían ser atraídas por esa Suprema Corte, para de inmediato corregir sentencias que incluso son calificadas de inapelables, cometiendo muy graves injusticias casi siempre efectuadas de mala fe.
Los ministros de la Corte, con una o dos excepciones, constante, metódica y sistemáticamente hacen caso omiso de sus deberes de guardianes de la Constitución. Y permiten o son cómplices de miles de injusticias, sobre todo si los que las sufren son mexicanos pobres, indígenas, niños (Julio Scherer García, Niños en el crimen, editorial Grijalbo) y mujeres, todos ellos encarcelados hasta… ¡porque no hay traductores! Y a la escasez de defensores de oficio debe sumarse su indolencia para abogar por la libertad de quienes padecen imputaciones penales y están privados de su libertad como presuntos responsables hasta por insignificantes delitos.
Es el caso del profesor tzotzil Alberto Patishtán, que estuvo preso durante 13 años, lapso en que la Corte nada hizo para atraerlo y al menos dictaminar si hubo violación a sus derechos individuales y al debido proceso, si lo habían juzgado imparcialmente o si la sentencia a 60 años de privación de su libertad eran consecuentes con la Constitución y sus leyes reglamentarias. La Corte se hizo cómplice de un tribunal de Chiapas, cuyos miembros, para “ejemplificar”, y seguir manteniendo el terror colonial contra los mexicanos de los pueblos indígenas, lo sentenciaron arbitrariamente.
Esa Corte tampoco se ha pronunciado sobre el conflicto de la tribu yaqui del Sur de Sonora, donde el desgobernador de la entidad se está robando el agua que les pertenece. La Corte actúa discriminando por cuestión de raza y hasta ha permitido genocidios por odio racial. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se atreve a enviarles una recomendación por violar derechos y garantías. A los indígenas se les da el mismo trato que a los judíos en tiempos del nazifascismo. ¿Defensores de la Constitución? Nada de esto. Ellos son sus principales violadores.
Y por eso es que cuanto antes deben ser llevados a juicio político para que se defiendan ante la Cámara acusadora y, encontrándose responsables de negligencia, complicidad u obstrucción de la justicia, recibir la máxima sanción por la Cámara en funciones de jurado de sentencia. En caso de encontrarse culpables, ser destituidos e inhabilitados permanentemente para ocupar cargo alguno. Y que purgaran los 13 años que dejaron a Patishtán en la cárcel.
En varios asuntos, la Corte se desempeña como si fuera el tribunal diseñado por el ideólogo del nazifascismo Carl Schmitt, obediente al presidencialismo y no impartiendo justicia en beneficio del pueblo individual y colectivamente conforme a lo que dispone la Constitución, a la que descalificó como protectora de la justicia, proponiendo que fuera Hitler su defensor para hacerla servilmente protectora de los poderes del Estado, y más si éste es autocrático o autoritario.
En el caso de Patishtán, la Corte se comportó como un tribunal sumiso al presidencialismo y éste se lució otorgando el indulto; pero el profesor tzotzil es inocente y la Corte debió absolverlo. No lo hizo. Permitió el abuso del Poder Judicial sin límites ni control constitucional de los jueces y magistrados de la jurisdicción chiapaneca, avalando que se pisotearan los Artículos 2, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución.
Con el indulto a Patishtán, los ministros de la Corte dejaron como “defensor” de la Constitución al presidente de la República, pasando por encima de sus obligadas facultades, que no son a discreción, cuando se trata de impedir o corregir los abusos del Poder Judicial y Ejecutivo del Estado federal. Durante 13 años y no obstante cientos de miles de voces nacionales e internacionales que demostraron la inocencia del mexicano tzotzil, guardaron silencio y permitieron que fuera privado de su libertad, víctima de una grosera e intencional violación de sus derechos humanos.
Por eso es que los ministros deben ser llevados a juicio político. Todos ellos gozan de privilegios: sueldos, prestaciones y jubilaciones millonarias; comedor privado, guardaespaldas, choferes, ayudantes, etcétera. Y no cumplen con sus obligaciones de impartir justicia contra los violadores de derechos humanos y abuso del poder en perjuicio de la Constitución, a la que deberían defender contra viento y marea. Pero que no se trate de controversias constitucionales, porque de inmediato resuelven a favor de sus intereses.
*Periodista
