Una veintena de dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal recurren al outsourcing a pesar de que la administración capitalina critica que, con ese esquema de contratación, los patrones evaden sus obligaciones laborales. En el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, los trabajadores demandan ser contratados y denuncian supuestos abusos por parte de la empresa intermediaria
La subcontratación de servicios, también conocida como outsourcing, se ha convertido en un mecanismo utilizado por el Gobierno del Distrito Federal, no obstante que la propia administración local ha criticado dicho esquema por considerar que perjudica los derechos de los trabajadores y propicia la evasión de las obligaciones laborales de los patrones.
De acuerdo con la información disponible en la Ventanilla Única de Transparencia del gobierno capitalino, cuando menos en una veintena de dependencias de la administración local se recurre a la subcontratación de personal de intendencia; en el caso de la Secretaría de Obras y Servicios se adopta también un esquema de tercerización para servirse de trabajadores que limpien y mantengan las áreas verdes de las redes viales.
La utilización de la figura del outsourcing se ha hecho recurrente en el país, sobre todo en las áreas de intendencia y vigilancia, y es socorrida tanto por empresas privadas como por entidades de la administración pública (Contralínea 164).
Pese a que ha sido señalada como violatoria de los derechos de los trabajadores, la legalización de esta forma de contratación está contemplada en la propuesta de reforma laboral que impulsa el gobierno federal.
Dicha iniciativa ha sido criticada por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, quien considera que la propuesta calderonista vulnera los derechos laborales al legalizar figuras de flexibilización del trabajo.
Asimismo, el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) del gobierno capitalino, Benito Mirón Lince, ha manifestado su desacuerdo con el esquema de subcontratación de trabajadores.
El pasado 4 de noviembre, ante trabajadores y dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Mirón Lince dictó la conferencia “Reforma laboral y outsourcing”, en la que señaló que la iniciativa del gobierno federal pretende regular la subcontratación.
Con ello, “los patrones o dueños evadirían responsabilidades en materia laboral”, sentenció entonces el secretario, de acuerdo con el boletín de prensa emitido por la oficina de Comunicación Social del gobierno de Marcelo Ebrard.
Mas la información sobre las contrataciones del gobierno capitalino muestra que ha sido la propia administración del mandatario capitalino la que ha fungido como el “patrón evasor” al que aludiría Mirón Lince.
Cuando menos desde 2008, la Jefatura del Gobierno capitalino, así como las secretarías de Salud; Medio Ambiente; Finanzas; Desarrollo Social (SDS); Desarrollo Urbano y Vivienda; Desarrollo Económico (Sedeco); Transportes y Vialidad; Obras y Servicios; Turismo; Gobierno; y de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) han subcontratado sus servicios de limpieza con distintas empresas.
En la misma situación se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Oficialía Mayor, la Procuraduría Social, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS).
En el caso de este último, desde hace tres años los más de 350 trabajadores de intendencia han buscado que el Gobierno del Distrito Federal los contrate como sus trabajadores, al tiempo que han denunciado supuestos abusos cometidos por la empresa intermediaria para la que formalmente trabajan.
“Simulación jurídica” en el IEMS
El 5 de diciembre de 2010, el Sindicato Único de Trabajadores del IEMS (SUTIEMS) y la Unión de Juristas de México emitieron un comunicado donde denuncian la situación laboral de los empleados de limpieza de la institución educativa, creada en 2000 y que actualmente cuenta con 18 planteles en la capital del país.
El documento refiere que las condiciones laborales de los empleados subcontratados se encuentran “en franca violación a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo”. Dichos artículos se refieren a la intermediación laboral y señalan la responsabilidad que tienen tanto las empresas subcontratistas como las que se sirven de este esquema para cumplir con las obligaciones patronales que la ley indica.
Además, el artículo 14 enuncia que los trabajadores subcontratados “tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento”.
El presidente de la Unión de Juristas de México, Pablo Franco, señala que los trabajadores de intendencia del IEMS “se encuentran en una simulación jurídica que lleva a cabo el gobierno capitalino, mediante la cual se les contrata por unas empresas terceristas para evadir el cumplimiento de sus derechos laborales”.
En 2009, los trabajadores presentaron al jefe de Gobierno una carta en la que solicitaban que se les contratara como empleados del Gobierno del Distrito Federal. La misiva fue remitida a la dirección administrativa del IEMS, cuyo titular, Guillermo González Ugarte, contestó a los trabajadores mediante los oficios SE/IEMS/DAD/O-427/09 y SE/IEMS/DAD/O-634/09, fechados el 3 de marzo y el 21 de abril de ese año, respectivamente.
En ambos comunicados, González Ugarte señaló que “por el momento no es posible acceder a su petición, ya que no puede el gobierno de la ciudad sustituirse como patrón de los empleados de las empresas que le prestan cualquier tipo de servicio”.
También explicó que el IEMS no estaba en posibilidad de crear nuevas plazas debido a que el presupuesto autorizado por la ALDF “no lo prevé” y aludía a las Reglas para la aplicación de las 10 acciones para la protección del ingreso familiar, inversión y el empleo –publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de febrero de 2009–, que prohibían la creación de nuevas plazas de trabajo.
A la demanda de los trabajadores por ser contratados, se ha sumado la exigencia de mejores condiciones de trabajo, ya que aseguran que no cuentan con ninguna prestación, salvo el seguro social.
Empleadas de intendencia del IEMS, contratadas por la empresa Eliabra Servicios Inmobiliarios, SA de CV, refieren que ni siquiera el seguro social es una garantía, pues supuestamente la compañía cambia constantemente su razón social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para así darlas de baja ante la institución sin notificación alguna.
También acusan que desde que comenzaron a exigirle a la empresa mejores condiciones laborales, ésta ha recurrido a la reubicación de trabajadores en otros planteles como forma de amedrentamiento.
“Prácticamente es como despedirlos, pues ya no les conviene trasladarse al otro plantel con el salario que les van a pagar y terminan renunciando. Es parte del acoso laboral”, sentencia Raúl Pérez Ríos, secretario general del SUTIEMS.
Este Sindicato ha apoyado a los afanadores en su demanda de ser contratados. Incluso durante su revisión contractual, emitida desde el pasado 6 de enero, uno de los puntos que se exigen es la basificación del personal de intendencia.
De acuerdo con el coordinador de Comunicación Social del IEMS, Guillermo Gómez Gómez, la incorporación de los trabajadores subcontratados a la nómina del Instituto es más una demanda del Sindicato que de los empleados afectados, pues con éstos no han tenido acercamiento alguno, sino que siempre ha sido con miembros del SUTIEMS.
Contralínea buscó hablar con el director general del IEMS, José de Jesús Balzán Levy; sin embargo, el coordinador de Comunicación Social contestó que preferían no hablar al respecto, ya que consideraban que, de hacerlo, podrían afectar las negociaciones con el SUTIEMS.
Sobre las quejas de los trabajadores respecto de los supuestos abusos cometidos por la empresa intermediaria, Gómez Gómez dijo que no tenían conocimiento de dichas situaciones.
No obstante, en los oficios emitidos en 2009 por la Dirección Administrativa del IEMS, la institución contestó a los trabajadores de intendencia que “se ha hablado con el representante legal de la mencionada compañía para exigir a ésta que la relación laboral que mantiene con sus trabajadores se apegue estrictamente a la Ley Federal del Trabajo”.
También señalaba que se había logrado “el compromiso de dicho representante [de] que así lo hará, por lo que en el futuro estaremos atentos en vigilar que no exista ninguna violación de las normas mencionadas”.
Las empresas contratadas
El 24 de noviembre de 2010, la ALDF –donde el personal de intendencia también labora bajo la figura de la subcontratación– emitió un Punto de Acuerdo para solicitar a la administración local información sobre las empresas contratadas mediante outsourcing; pero el año concluyó sin que el Gobierno del Distrito Federal respondiera a la petición de los legisladores.
De acuerdo con la información del portal de transparencia del gobierno capitalino, de 2008 a 2010 han sido contratadas las empresas Diseño Particular en Limpieza, SA de CV, por la Sederec y la Procuraduría Social; Enterprise Riv, SA de CV, por las secretarías de Finanzas y de Gobierno; así como Multiservicios Especializados de Toluca, SA de CV, contratada por la Sedeco y la SDS.
La Oficialía Mayor ha contratado a Licom, SA de CV, y al Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral, SA de CV; mientras que la Secretaría de Obras y Servicios ha recurrido a 19 empresas para que se encarguen de la limpieza y mantenimiento de las áreas verdes de vialidades primarias en la ciudad.
Entre éstas figuran Grupo Excelencia en Inmuebles, SA de CV, que también ha sido contratada por la Secretaría de Salud; así como Grupo Benj, SA de CV, cuyos servicios fueron solicitados por la Secretaría del Medio Ambiente.
La JLCA ha contratado durante los últimos tres años a la empresa Grupo Alfa Sol, SA de CV, y la ALDF contrató en 2006 y 2009 a Limpiatec, SA de CV, mientras que para 2007 recurrió a la compañía Operadora de Mantenimiento y Limpieza, SA de CV, acorde con los listados de contratos disponibles.
El diputado local José Arturo López Cándido, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la ALDF, se dice preocupado porque un gobierno “de izquierda” utilice un esquema que ha mermado los derechos de los trabajadores, “porque hacen contrataciones violando completamente la Ley Federal del Trabajo”.
El legislador petista considera que al existir ese tipo de contrataciones en el seno del propio gobierno, “lo que hoy estamos haciendo es violar de facto la Constitución”.
Tema laboral, abandonado
Para el diputado López Cándido, la situación del gobierno local en materia laboral es “grave”, ya que no es un tema que esté siendo atendido, y considera que el Gobierno del Distrito Federal tiene que ser “consecuente” con su postura de “izquierda”.
En alusión a la forma en que el gobierno capitalino se ha conducido en el tema laboral, el diputado dice que “una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos”.
Pablo Franco, quien representa legalmente a los trabajadores de intendencia del IEMS en la demanda que han interpuesto contra el Gobierno del Distrito Federal, considera que, en materia laboral, las autoridades capitalinas “quedan a deber”.
El presidente de la Unión de Juristas de México apunta que, contrario al discurso de izquierda y a los señalamientos públicos en contra de la reforma laboral del gobierno federal, en los hechos la administración capitalina incurre en prácticas muy parecidas a las que figuran en la propuesta calderonista, entre ellas la de outsourcing.
“Se dice un gobierno de izquierda y actúa igual que si no fuera de izquierda; no hay una política laboral que se corresponda con el discurso”, considera Franco.
En opinión del doctor Alfonso Bouzas Ortiz, especialista en temas laborales, más que pensar en “un asunto de izquierda o derecha, el problema es que no hay una conceptualización adecuada sobre lo que implica el outsourcing.
“No digo que sea mala ni buena. La tercerización tiene expresiones positivas y expresiones profundamente negativas, pero lo primero es tener claridad de lo que se está haciendo”, dice.
Bouzas Ortiz considera que en los gobiernos –tanto federal como locales– persiste una “profunda ignorancia” respecto de las relaciones laborales. En el caso del Gobierno del Distrito Federal, el especialista opina que la cuestión laboral “no ha sido tema de preocupación del gobierno; es un abandono total del tema”.
Para conocer por qué el Gobierno del Distrito Federal utiliza un esquema que al mismo tiempo critica, Contralínea solicitó entrevista con el titular de la STFE, Benito Mirón Lince, a través del responsable de Comunicación Social, Héctor Ramos Aguilar. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
