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A seguridad pública, 63 mil millones de pesos para 2021

A seguridad pública, 63 mil millones de pesos para 2021

Al ramo 36 “Seguridad y Protección Ciudadana” se le podrían asignar 63 mil 441 millones 700 mil pesos para 2021, de acuerdo con el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 enviado a la Cámara de Diputados. La cifra es superior por 3 mil 291 millones de pesos a la que se aprobó para este año, indica un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

El 90 por ciento del total de recursos del ramo se concentraría en dos, de 46 unidades responsables: Guardia Nacional (GN), con 56.2 por ciento, y Prevención y Readaptación Social, con 37.7 por ciento.

La GN cuenta con 100 mil 324 elementos efectivos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, y la mayor parte está adscrita al Ramo 36, por lo que por cada efectivo se gastan 335 mil 564 pesos al año, sin considerar otros gastos como equipo, vehículos, entre otros, de acuerdo con el análisis.

Además, para la Unidad de Prevención y Readaptación Social se podrían destinar 21 mil 397 millones de pesos. En el PPEF también se propuso eliminar 25 mil 443 millones 900 mil pesos de los recursos correspondientes a la Policía Federal y reducir 4 mil 69 millones 500 mil pesos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este sentido, son los programas E006 “Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos”, E004 “Administración del Sistema Federal Penitenciario” y M001 “Actividades de apoyo administrativo” los que concentran los recursos previstos para el ramo 36 ,y el dinero se distribuye de la siguiente manera: 27 mil 961 millones 300 mil pesos, 20 mil 856 millones 600 mil y 8 mil 881 millones 400 mil pesos, respectivamente.

Dicho ramo presupuestario se reincorporó al PPEF “como resultado de la reforma a los artículos 26 y 27, así como la adición del artículo 30 Bis, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 2018”, ya que desapareció en 2013.

El análisis agrega que esto se debe a que “el país enfrenta una profunda crisis de seguridad pública, enmarcada en la violencia, la inseguridad, la impunidad, el empoderamiento de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, la economía ilegal, la violación a los derechos humanos y la corrupción”.

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