A diez meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la delincuencia organizada constituye la principal amenaza nacional, dada la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos por ocho de los principales cárteles e innumerables grupos fragmentados que operan a nivel nacional, reconoce la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Se trata de los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Familia Michoacana, Juárez, Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, Arellano Félix, Zetas vieja escuela y cártel del Noreste, con presencia en varios estados del país.

La dependencia que encabeza Santiago Nieto refiere a otros grupos delictivos que han cobrado fuerza en los últimos tres años son: Guerreros Unidos, con presencia en Guerrero, Morelos y Estado de México; Los Rojos (Guerrero, Morelos y Estado de México); Cártel de Santa Rosa de Lima (Guanajuato); Los Viagras (Michoacán); Los Ardillos (Guerrero); Cártel Independiente de Acapulco (Guerrero); Unión Tepito y Cártel de Tláhuac, ambos con presencia en la Ciudad de México.

Señala que entre las principales conductas delictivas de las organizaciones de la delincuencia organizada, destacan el secuestro, extorsión, cobro de piso, robo de hidrocarburos, pesca ilegal de especies protegidas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico y narcomenudeo, en ese orden.

Asimismo, el robo de hidrocarburos, de 2016 a 2018, se observa un incremento del 117.5 por cito en el número de tomas clandestinas localizadas, el robo de gas licuado fue de 8 mil 400 barriles por día, y durante el 2018 se reportaron pérdidas por 66 mil 300 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo  –un ejercicio interinstitucional que permite a los países identificar, evaluar y entender estos fenómenos delictivos que enfrentan, fechado el 25 de septiembre de 2019-, documento cuya copia posee Contralinea.

La UIF indica que del 1 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018, las cifras del numerario decomisado por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue de 15 mil 763,458.75 millones de pesos, 4 mil 429,332.42 millones de dólares y 208 mil 500 euros, según  el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal al 26 de febrero de 2019.

En el 2016 se publicó la primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), como parte del cumplimiento del país a las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), específicamente, la Recomendación 1, “Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

En ese año se identificaron 26 riesgos, los cuales fueron plasmados en tres mapas, de acuerdo a la probabilidad e impacto de éstos. (Consultar PDF)

Actualmente, la UIF analiza la prevalencia de dichos riesgos a fin de determinar su permanencia, así como la incorporación, en su caso, de aquellos que se detecten y que, hasta la fecha, tiene que ver con empresas Fintech (que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para celulares, con la promesa de ser menos costosos y más eficientes que los de la banca tradicional. Actualmente operan alrededor de 158 Fintech en el país.

Grupos delictivos que han cobrado fuerza en los últimos tres años:

Corrupción

Segundo flagelo en importancia contra el que el presidente López Obrador enfoca sus baterías es el combate a la corrupción, el cual según revela la evaluación de la Unidad de Inteligencia Financiera, México ha tenido un retroceso en su posición global en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

“Con la entrada en funciones de la Fiscalía Anticorrupción, México está reforzando los esfuerzos realizados en materia de combate a este delito, el cual no se limita al sector público, sino también incluye al sector privado. En el informe de Barómetro Global de la Corrupción aplicado a los países de América Latina y el Caribe (2017), refleja que entre el 61 por ciento y 64 por ciento de los mexicanos perciben altos niveles de corrupción”, apunta el informe.

Estima que México es uno de los cinco países con peor resultado en el análisis, al considerar que existe un alto grado de corrupción policial y un incremento en la corrupción general; asimismo, hay una perspectiva negativa de las acciones implementadas por el gobierno para su combate.

La Puntualiza que en el periodo de 2016 a 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 25 mil 113 sanciones a 18 mil 668 servidores públicos, desglosados de la siguiente manera: Suspensión, 7 mil 481 sancionados; inhabilitados (6 mil 634), amonestación privada (3 mil 851), amonestación pública, 3 mil 443, sanción económica, 2 mil 527; destitución (1 mil 77 funcionarios sancionados). El monto de las sanciones económicas inscritas asciende a 8 billones, 232 mil 244 millones, 816 mil pesos.

El documento refiere que la ASF, al promover ante la Fiscalía Especializada las denuncias penales por los probables delitos que se adviertan derivado de las auditorías e investigaciones, ha detectado que ha sido un número reducido el que se judicializa y que resulta posteriormente en una sentencia condenatoria.

Por ello, precisa que “para contrarrestar dicha problemática, se ha conformado un grupo de trabajo para efectos de revisar, analizar, fortalecer e integrar en su totalidad los elementos base de la acción para la formulación de la denuncia penal, brindando mayores herramientas a la Fiscalía para la construcción de una teoría del caso sólida”.

Economía informal

La Unidad de Inteligencia financiera indica que en el 2017, el 57.1 por ciento de la población en México tuvo como sustento alguna actividad relacionada con la economía informal, equivalente al 22.7 por ciento del PIB, lo que –subraya- “representa un freno a su crecimiento económico e imposibilita el cálculo exacto del dinero que circula en la economía”.

En consecuencia, arguye que amparado bajo el comercio informal, grandes cantidades de dinero ilícito ingresan al sistema financiero dados los considerables volúmenes de efectivo que se operan dentro de esta modalidad y la nula regulación fiscal, lo cual incrementa los riesgos de lavado de dinero.

Bloqueos, denuncias y vistas

El documento de la UIF precisa que de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019, han sido boqueadas  133 cuentas bancarias que involucran a 668 personas, y un monto de 4 mil 347 millones, 685 mil 527 pesos, y 39 millones 106 mil 578 de pesos. Así como 1 mil 238 cuentas bloqueadas de personas terceras relacionadas, por montos de 685 millones, 855 mil 174 de pesos, y 10 millones 246 mil 883 dólares.

En el rubro de denuncias, la UIF dio cuenta de 127 casos que involucran a 592 personas (308 físicas, 245 morales y 39 servidores públicos), por concepto de depósitos por un monto de 179 mil 205 millones, 993 mil 361 pesos; 1 mil 525 millones 883 mil 986 dólares; y 117 millones, 647 mil 530 euros.

En el mismo periodo, se realizaron un total de 61 vistas a 202 personas (91 físicas y 75 morales) y 36 servidores públicos a la policía Federal Preventiva, Sedena, SFP, SAT, Fepade, CRE, CJF y Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, entre otras.

¿Qué hacer?

La UIF concluye que la Evaluación Nacional de Riesgos es una herramienta para la toma de decisiones y con los resultados que arroje se diseñarán políticas públicas que protejan el sistema financiero y la economía nacional, prevengan y detecten actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Igual, que establezcan una real coordinación interinstitucional que permita el combate, la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita así como sus predicados, detecten las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y bloquee los recursos para su financiamiento, y reintegren, en su caso, esos recursos a la hacienda pública para la promoción de programas sociales, educativos y de desarrollo económico.

En octubre del 2016, el entonces titular de la UIF, Alberto Baz Baz refirió en la presentación de  la primera Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo : “En los últimos años, la prevención y el combate al Lavado de Dinero, al Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva han sido una de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales, por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros de los estados”.

Y reconoció “la importancia de contar ahora con la primera ENR que permita obtener como resultado un producto no sólo con legitimidad internacional, sino de utilidad real, lo cual es clave para poder diseñar e instrumentar una adecuada política pública de Prevención al Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo y destinar los recursos humanos de la manera más eficiente y eficaz en la prevención y combate a estos flagelos”.

José  Réyez