Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica señalan que si bien persisten acciones reprobables en el gremio periodístico, el presidente López Obrador aún no ha entendido que el papel de la prensa no es defender al gobierno

Tres organizaciones que defienden la libertad de expresión -Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica- desaprueban el discurso “estigmatizante” que usa Andrés Manuel López Obrador para referirse a medios de comunicación y periodistas. Señalan que, si bien persisten acciones reprobables en el gremio, también hay una falta de entendimiento por parte del presidente sobre el papel de la prensa frente al ejercicio de gobierno.

El 22 de abril, durante la conferencia matutina, el mandatario hizo una distinción entre medios y periodistas “conservadores” y otros, “pocos”, que lo “defienden”. Además, sentenció que “no hay en México un periodismo profesional, independiente… No digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad es algo muy relativo; pero ético, estamos muy lejos de eso”.

En entrevista, Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), comenta que el presidente incurre en una equivocación porque desde el momento en que los periodistas empiezan a defender a un gobernante o a un gobierno, “dejan de hacer el trabajo que les corresponde. […] El papel de los medios y de los periodistas es informar, investigar, preguntar una y otra vez cuantas veces tengan que hacerlo”.

Consultada por separado, la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, coincide en que la prensa no está para defender al poder sino “para cuestionar lo que están haciendo los gobernantes. Porque el periodismo es columna vertebral en una democracia, se mete a las entrañas del poder y lo desnuda. Nos explica, a nosotros como sociedad, cómo funciona y empieza a develar todos estos surcos de corrupción y claroscuros del poder”.

Por su parte, Ana Cristina Ruelas –directora de la oficina en México de Artículo 19–, también considera que el presidente no entiende que la prensa es un reflejo de lo que existe en la sociedad, esto es una pluralidad y diversidad de opiniones. En este sentido, comenta en entrevista que la organización que preside “ha sido muy enfática en la necesidad de que, en el discurso, se reconozca que el presidente gobierna a los que son empáticos con su discurso y a los que no. No puede utilizar su palabra como un arma, dentro de su llamada ‘revolución pacífica’, para atacar a los medios y tratar de ganar el debate público”.

El presidente López Obrador puede “ejercer su derecho de réplica. Pero la réplica no es la nulificación, la criminalización ni el estigma. No es cancelar al periodista o al mensajero. Es generar argumentos para que la ciudadanía tenga los suficientes elementos para decidir qué es lo que quiere creer y cómo es que quiere participar”, comenta.

Artículo 19, el mismo 22 de abril, hizo un llamado para que el primer mandatario se abstuviera de “emitir estos discursos estigmatizantes, tomando en cuenta el contexto adicional de violencia que las y los periodistas padecen”.

Esta organización registra que desde el año 2000 en México han sido asesinados 132 periodistas en posible relación con su labor informativa, de los que 12 murieron en lo que va del gobierno actual. “Nos encontramos en un país que es, definitivamente, el más peligroso para ejercer el periodismo”, lamenta Ana Cristina Ruelas.

En el mismo comunicado, a partir de las críticas realizadas por el presidente, Artículo 19 pidió “a los dueños y directivos/as de los medios a que cumplan con su deber de garantizar los derechos de las audiencias, generando y aplicando códigos de ética que promuevan y garanticen el ejercicio de los derechos humanos”.

Y es que, si bien las tres expertas consultadas coinciden en que no le corresponde a un jefe de Estado determinar quiénes son los periodistas éticos y quiénes no, en el imaginario social están presentes los vínculos “perversos” entre la prensa y el poder.

Uno de los trabajos más recientes sobre el tema, publicado por Contralínea, revela detalles de la relación comercial entre algunos medios y comunicadores con el gobierno de Enrique Peña Nieto (“Presidencia entrega documentos de relación comercial del gobierno de Peña con periodistas”).

Corrupción innegable pero no generalizada

Sara Mendiola señala que “estamos obligados a ver las dos caras de la problemática: es una realidad que en México existen prácticas inadecuadas dentro del periodismo, que muchas veces provienen de los medios de comunicación, pero también han sido generadas desde el propio gobierno. Ha sido una práctica comprar a los medios de comunicación para que informasen solamente lo que le convenía”.

Sin embargo, la directora de Propuesta Cívica entiende que la corrupción no es una característica que se pueda generalizar a todo un gremio y que vale la pena empezar por identificar a todos los actores. “Algo que muchos periodistas han señalado es que exista una separación y una diferenciación en los mensajes de los dueños de los medios de comunicación y el de los periodistas. Entre el empresario que hace de la información un negocio, y el periodista que está en campo, investigando y arriesgando su vida y su integridad, cumpliendo con su labor de compromiso social de mantenernos informados”.

Agrega que “esta crisis sanitaria [por el coronavirus SARS-CoV-2] puso de relieve que tanto personal del servicio de salud, como periodistas, son indispensables y fundamentales en una sociedad. De quién más estamos requiriendo es precisamente de ellos, que a pesar de las condiciones salen a reportear para comunicar”, añade.

Balbina Flores recuerda que, “históricamente en México, los medios de comunicación, y con esto me refiero a los dueños de los medios, han tenido esa relación a veces perversa. En este contexto se puede ubicar la relación comercial entre periodistas y el gobierno de Peña Nieto, y en los gobiernos anteriores durante todos los años que duró el PRI [Partido Revolucionario Institucional]”.

Para Ana Cristina Ruelas esta relación fijada por dinero público beneficiaba principalmente a un grupo selecto. Recuerda que “de los 10 mil millones de pesos que gastaba [el gobierno] en un año de publicidad, más del 53 por ciento iban solo para 10 familias. Todo el otro 47 por ciento se dividía en alrededor de 2 mil 400 medios de comunicación”.

En este sentido, apunta que “el presidente señala que hay unos periodistas buenos y periodistas malos, pero no los está midiendo con base en el dinero que recibieron en el sexenio anterior. Porque si así fuera entonces las televisoras serían las más golpeadas, porque se llevaron 30 por ciento del pastel, del dinero que ejerció Peña Nieto en su momento”.

Si bien López Obrador se propuso “acabar con esta relación deshonesta” mediante la reducción del gasto en publicidad oficial, Sara Mendiola considera que el problema de fondo persiste ya que no existen normas claras para evitar un reparto discrecional. “Precisamente una de las exigencias que hemos hecho al presidente y a los legisladores es que legislen respecto de publicidad oficial y es una reforma a la que no han querido entrarle”.

Ana Cristina Ruelas hace hincapié en que la relación entre los medios y el gobierno no se limitaba a los recursos previstos en la partida presupuestal 3600, “comunicación social y publicidad”, sino que los medios que “forman parte de distintos conglomerados [empresariales] se pueden ver beneficiados por otros tipos de contratos que finalmente tienen como objetivo generar un impacto positivo en la opinión pública a través de los otros brazos de esos conglomerados”.

Explica que, durante 10 años, Artículo 19 y Fundar han documentado que el problema radica en que “grandes empresas reciben millones de pesos por distintos conceptos, por parte de los gobiernos, y no los transparentan”.

A la sociedad le corresponde valorar

“Esta historia de relación entre medios y gobierno es la que lleva al presidente a hacer esta estigmatización del gremio. Pero me parece que hay un error: no se puede poner a todos en el mismo lugar. Aunque él haga énfasis en que ‘salvo honrosas excepciones’, creo que no le corresponde a un gobierno, una autoridad o a un presidente, estigmatizar o descalificar al gremio periodístico”, opina Balbina Flores.

La representante en México de RSF sostiene que distinguir a los periodistas que actúan con ética profesional de quienes no, es un “papel que tendría que asumirlo la sociedad”. Aunque explica que existe el riesgo de que la sociedad “se vaya con las opiniones del presidente”, por la capacidad mediática que él tiene y no tanto por la formación crítica de quienes lo escuchan.

Ana Cristina Ruelas opina que “no se trata, como el [presidente] menciona, de un diálogo circular. Porque no es un círculo que se encuentra en una medida horizontal. Estamos hablando de la persona más poderosa de México y los periodistas están en un nivel menor de poder”.

Y agrega: “creo que sí hay responsabilidad en las casas de medios: ese vínculo perverso entre el poder y la prensa ha permeado también en la credibilidad de las audiencias. Pero también creo que la prensa y los periodistas se han ganado un reconocimiento por su trabajo, que el presidente está, de alguna manera, minando con este tipo de discursos”.

Al respecto, Sara Mendiola señala que “si bien esas prácticas de coqueteo entre la política y los medios de comunicación tienen un largo antecedente, no debe perderse de vista que en México también empezó a reaccionar el periodismo y hubo un sector que buscó desprenderse del poder y empezó a hacer un periodismo crítico, serio, que no estaba comprado a beneficio de una empresa.

“Es precisamente el periodismo de investigación, que en México es un periodismo muy bueno, el que debería apoyar el Estado mexicano. Que no lo ha hecho y no lo va a hacer porque no le conviene. Este periodismo es el que nos está exponiendo todos los actos de corrupción, toda la narcopolítica y necropolítica que existe en este país”, señala.

La directora de Propuesta Cívica comenta que “a través de los mensajes del presidente pareciera que todos los periodistas están marcados por la misma ‘línea’ que él señala. Es importantísimo que los medios de comunicación logren transmitirle a la sociedad que, si bien [el poder político y económico] ha sido un mal del que el periodismo ha vivido, también existe un gran sector del periodismo que está apartado de ello y que son precisamente los periodistas que no le gustan al poder”.

Combatir la desinformación con información

En el contexto de la pandemia de Covid-19, el acceso a la información veraz y confiable es fundamental para garantizar otros derechos como el de la salud. Ana Cristina Ruelas comenta que “si bien hay periodistas que están muriendo en la línea y que están haciendo un trabajo espectacular, también hay periodismo que está replicando las noticias falsas”.

Al respecto, se ha discutido la posibilidad de que el gobierno tome acciones más directas para exhibir las noticias falsas y castigar a quienes las difundan. En un caso reciente, el 16 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que iniciaría un procedimiento administrativo sancionatorio contra El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua por la difusión de información “falsa”, acto que fue rápidamente frenado por el mismo presidente López Obrador bajo el argumento de “privilegiar la libertad de expresión”.

La directora de Artículo 19 comenta que “es importante reconocer que aquí el procedimiento administrativo no tiene fundamento legal. Hasta el momento no encontramos algún procedimiento real que puede desarrollar la Segob y un mecanismo de sanción que realmente tenga en su poder para poder ir en contra de un medio impreso”.

En otro caso, acontecido el 17 de abril, el conductor de televisión Javier Alatorre hizo un llamado a “no hacerle caso a[l doctor] Hugo López-Gatell”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y TV Azteca replicó el mensaje en sus redes sociales. Al respecto López Obrador comentó que “todos cometemos errores” y que consideraba a Alatorre como un “amigo”.

Sara Mendiola cuestiona que mientras en el caso de los dos diarios locales se consideró la posibilidad de emprender un proceso administrativo sancionatorio, “contra TV Azteca no iniciaron nada. Contra una empresa grande, un monstruo financiero, el gobierno no accionó el andamiaje”.

Ana Cristina Ruelas explica que “en el caso de radio y televisión, sí hay un mecanismo de sanción, cuando hay una violación a los derechos de las audiencias, que es el retiro de la concesión. Pero es importante, en cualquiera de los casos, que la Segob aclare cómo va aplicar este procedimiento y bajo qué criterios”.

Añade que “no quiere decir que todos los discursos emitidos por los medios estén protegidos, hay discursos que pueden llegar a ser sancionables, pero es importante que el gobierno defina bien cuáles son y cómo pueden esos discursos ser sujetos de sanción”.

Desde otra perspectiva, la directora de Artículo 19 explica que es “más importante combatir la desinformación con más y mejor información. Un contra argumento, la posibilidad de generar los datos verdaderos o más apegados a la realidad, es lo mejor que puede suceder. Porque si sólo se habla de la falsedad entonces estamos omitiendo hablar de la verdad. Y es tan malo saber que algo es falso como no saber lo que es verdadero”.