Planes turísticos amenazan con desplazar a los indígenas mayas, además de impedirles el disfrute de los recursos naturales de sus territorios ancestrales. La violencia ejercida en su contra, incluso por autoridades de gobierno
Guatemala, Guatemala. Convivir con los pobladores maya q’quechi’ de las aldeas Chichanuz, Santa María, Chisubin y Semil, aledañas a la reserva natural Semuc Champey del municipio de Lanquín, en Alta Verapaz, marca de por vida.
Cientos de publicaciones relativas a las costumbres de estos pueblos, a la pobreza en que están sumidos, a la discriminación y al racismo de que son víctimas hace más de 5 siglos, recobran significado y parecen poco ante la dimensión avasallante de la realidad.
En esa región, que parece bendecida por el verdor de sus exuberantes bosques y sus piletas de agua color turquesa, son extremas las señales de la desidia estatal hacia los herederos de una de las culturas originarias más avanzadas de este Continente.
Pies descalzos y agrietados; manos callosas; rostros curtidos por el sol y el dolor, en los cuales afloran lágrimas sinceras; niñas y niños pequeñísimos, con evidentes signos de atrofia en su crecimiento, conmueven enseguida.
Pero más allá de eso golpea la sensación de impotencia al escuchar los testimonios de mujeres y hombres que habitan en esa zona rural acerca de la violencia ejercida en su contra, incluso por autoridades de gobierno.
Con orgullo, esas personas aseguran que los árboles, el agua, el viento, la tierra y todos los elementos naturales que conviven en su entorno son su familia, por lo que procuran su preservación desde tiempos ancestrales.
Sin embargo, la impronta colonizadora contemporánea procura desplazarlos del territorio y hasta les impide disfrutar de esos bienes comunes, so pretexto de la necesidad de fomentar planes turísticos y atraer a visitantes nacionales y extranjeros, para bien de la economía nacional.
Paralelo a esto ocurren con asiduidad actos de criminalización, de desprecio, atentados, secuestros, detenciones arbitrarias, y hasta desplazamientos forzados, contra quienes sólo defienden las tierras que heredaron de sus abuelos.
Voces del dolor
“Nosotros hemos sido perseguidos durante mucho tiempo en nuestras comunidades y aún seguimos siéndolo. Mujeres, niños y ancianos vivimos aterrorizados por tanta violencia”, afirmó en diálogo con Prensa Latina la autoridad ancestral Francisco Pop, quien sufrió una detención arbitraria.
“Todos somos iguales, pero las gentes que están afuera no lo toman de esa manera y los que vienen a lastimarnos tampoco tienen esa mentalidad. Lo que deseamos es la igualdad de nuestras comunidades, porque vivimos con temor, no estamos tranquilos”, manifestó el hombre de 71 años de edad.
“Estamos cansados de ir hasta la capital a decir hasta en audiencias judiciales que no persigan a nuestros compañeros. No podemos salir en un ratito, en un espacio, vivimos en un temor constante”, concordó el también líder de Chicanuz, Crisanto Tzir.
Y opinó que los militares debían estar en las fronteras, donde hay problemas, “porque aquí las comunidades sólo defendemos nuestras tierras de quienes quieren desalojarnos”.
Otra lideresa de Chicanuz, Concepción, denunció que en varias ocasiones los agentes policiales les lanzaron gases lacrimógenos y que tuvieron que correr a esconderse en los bosques, con niñas y niños en brazos.
Testimonios similares ofrecieron pobladores de Santa María Semuc Champey y culparon a agentes del estatal Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) por el proceso de intimidación y abusos contra los habitantes de la región.
“Los problemas en estas comunidades sólo comenzaron cuanto entró el Conap a tratar de implantar su ley en la zona. Vienen a nuestras comunidades a asustar a nuestros hijos, a nuestras familias, y ya llevan años molestándonos”, expresó allí Santiago Choc y pidió el acompañamiento de la prensa a sus luchas.
Cesario Pop, también de Santa María Semuc Champey, confirmó que varios vecinos se aliaron con el Conap y que les hacen problemas porque les ofrecieron estufas, láminas de zinc para los techos de sus casas, “todo lo que es una gran mentira con la que juegan las autoridades para tenerlos de su lado”.
“Yo hablo mucho en mi comunidad, defiendo mucho a las cuatro comunidades, pero hoy en día ya hay una orden de captura contra mí”, subrayó.
En tanto, la joven Concepción Tec narró lo vivido durante el desalojo perpetrado por las fuerzas estatales en julio de 2016 y no pudo evitar las lágrimas al evocar que algunos de sus ocho hijos se perdieron en el bosque, a donde salieron corriendo asustados por el humo.
“Otro de esos días en que subieron los antimotines y que las mujeres estábamos reunidas, algunas con sus bebés y nietos, ellos llegaron y nos lanzaron bombas y muchas salieron corriendo, halando a sus hijos, metiéndose entre las piedras y muchas dejaron tiradas sus cosas”, coincidió otra señora.
Más al otro día, rememoró, salimos para los cultivos porque creíamos que no nos iban a volver a atacar y cuando menos lo esperábamos llegaron y nos volvieron a atacar con bombas.
“A mi esposo se le peló toda la piel por tanto humo que le cayó encima, y a mis nietos se le hincharon los ojos, por lo que tuvimos que agarrar el agua que teníamos para beber en el trabajo para tratar de calmarlos un poquito”, detalló.
“Nuestros abuelos nos dejaron estas tierras para que pudiéramos vivir en estos lugares y dar de comer a nuestras familias. Pero después que entró el Conap trataron de desalojarnos y abusaron de nuestros niños y mujeres”, insistió otro poblador de Santa María Semuc Champey, que prefirió guardar su identidad.
“El mismo gobierno está tratando de robarnos nuestras tierras, a través del Conap, y algún día vamos a lanzarnos a las calles para defender nuestros derechos porque ya no basta con lo que hacemos acá”, advirtió.
Insistió en que por mucho tiempo las comunidades disfrutaron de las aguas y los bosques de esa parte del municipio de Lanquín, en el departamento norteño de Alta Verapaz, y que nunca le cobraron a los de otros lados que llegaban.
Empero, desde que fue aprobado el Decreto 25-2005 Ley que declara Área Protegida el Monumento Natural Semuc Champey y que el Conap irrumpió allí, no los dejan bañarse en las pozas formadas por los ríos y manantiales que caen de las montañas.
Primero el Conap ofreció 30 por ciento del cobro al ingreso del centro turístico creado en el lugar, pero eso nunca pasó por lo que decidimos ocuparlo el 14 de septiembre de 2015 y administrarlo, para distribuir de forma equitativa entre todos los beneficios de lo que se recaudaba, refirió.
Mas en julio de 2016, añadió, volvimos a ser desalojados a la fuerza y ahora están allí los policías, para impedir que entremos y para cobrarles a los turistas por visitar el lugar sin darles a las comunidades lo que le pertenece por ley.
“Esos lugares son muy sagrados para nosotros, desde que nuestros abuelos nos enseñaron a valorar esas tierras. Cuando nosotros íbamos a sembrar o hacer cosechas, hacíamos ceremonias religiosas allí y pedíamos a nuestros hermanos de la naturaleza energía”, reflexionó Martín Sawi, de 56 años de edad.
“El Conap dice que la cuida porque es área protegida, pero quién mejor que nosotros para eso porque la tenemos como nuestra área sagrada, y por eso la cuidábamos, la respetábamos, y hacíamos cosas allí importantes para nuestras comunidades que ahora no nos dejan hacer”, concluyó.
Para los representantes de la comunidad Semil, el Conap lo que hizo fue quitarle empleo a los comunitarios y las posibilidades de sustento para sus familias, sin respetar que son propietarios de esa parte del territorio.
“Nosotros somos los dueños de este lugar y por eso no es justo que cuando alzamos la voz contra esos abusos nos pasen de todo tipo de cosas que no deben ocurrir, hasta piedras tiradas contra las casas, hombres asechando, burlas y otras cosas”, apuntó la lidereza Romaría María Saquí.
Los acompañantes
“La ley en Guatemala es como la culebra, muerde el pie descalzo, está hecha a favor del rico y para joder al pobre”, opinó Víctor López Illescas, coordinador general de Utz che’, organización que acompaña a estos pueblos en sus luchas.
Precisó que existen al menos cuatro cuerpos legales que respaldan a los q’quechi’: el artículo 66 de la Constitución Política de Guatemala, el artículo 20 del Código Municipal, la Ley de Desarrollo de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y la del Registro Nacional de las Personas.
En el ámbito internacional cabría mencionar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual el país es signatario, y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, acotó.
Según López Illescas, al margen de esas disposiciones jurídicas, en estos años se manipuló a la organización comunitaria y sus distintas instancias de liderazgo, y por ello otra de las urgencias de los q’quechi’ es tratar de recuperar sus formas ancestrales de vida y hasta buena parte de sus costumbres.
“El caso de Semuch Champey está ligado a los afanes colonizadores que, bajo la impronta de los gobiernos liberales, obligaron a los indígenas a buscar documentos para acreditar su derecho sobre las tierras donde siempre habían vivido”, explicó nombre de la organización Sank (hormigas en idioma q’quechi’), Ernesto Tzi.
Evocó que los originarios no tenían dinero para hacer esas gestiones y la mayoría de ellos perdieron frente a colonizadores alemanes, que en esa época procuraban agenciarse el control de esas tierras para el cultivo del café.
“Aquellos que lograron hacer sus títulos también les fueron arrebatados y están ahora en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos”, especificó.
De acuerdo con Tzi, a inicios de este siglo alguien convenció a los pobladores del lugar a elegirlo como alcalde y a dejar como reserva 45 hectáreas en el centro de las cuatro comunidades –donde están las piletas de agua turquesa–, las cuales inscribió en nombre de la Municipalidad de Lanquín a espalda de éstas.
El analfabetismo y el desconocimiento de las leyes incidieron en que los habitantes de las cuatro aldeas admitieran esa propuesta, camuflada bajo la presunta intención de cuidar mejor de ese bien común y de generar empleos, con base en el fomento del turismo, argumentó.
A escondidas de estos pueblos también fue presentada en el Congreso la iniciativa que creó un Área Protegida en Semuc Champey en 2005, a cargo del Conap, cuyas autoridades emprendieron la expansión de la zona núcleo hacia los terrenos colindantes como zonas de amortiguamiento, amplió.
Consideró que esto afectó las propiedades de las comunidades, que nunca recibieron el pago fijado en esa ley de 30 por ciento de las utilidades reportadas por el turismo, para el desarrollo de proyectos sociales en su beneficio.
Asimismo expuso que frente a las protestas de los comunitarios afloraron proyectos como la Asociación de Amigos para el Desarrollo y la Paz y el Observatorio Ciudadano de las Verapaces, empeñados en legitimar la posición de empresarios y fuerzas estatales en torno al conflicto.
“Lo cierto es que esas comunidades, con un promedio de 60 a 80 familias cada una, siguen carentes de un hospital, de servicios de atención primaria a la salud, de una educación que respete el multilingüismo y de calidad, de programas de apoyo a la agricultura o a otras labores, y de justicia”, insistió.
Alta Verapaz es el departamento con mayor índice de pobreza y pobreza extrema en Guatemala (83.1 y 53.6 por ciento, de manera respectiva), problemáticas que afectan sobre todo a la población indígena y marchan aparejadas a la desnutrición crónica, muestra la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014.
Informes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala reflejan a su vez que Lanquín ocupa el segundo lugar de la Franja Transversal del Norte con la mayor tasa de pobreza y el quinto lugar a nivel nacional por la incidencia de la pobreza extrema.
La desescolarización y el alfabetismo también impactan de forma directa a esta región, así como la falta de prestación de servicios básicos y de empleos, reconocen estos y otros documentos oficiales.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[LÍNEA GLOBAL]
Contralínea 529 / del 05 al 11 de Marzo 2017
