Mujeres indígenas triquis, en su mayoría, víctimas de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala anuncian que, a partir de mañana 4 de marzo del 2021, a las 6:00 horas se pondrán en huelga de hambre “hasta no ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Lo anterior, informaron a través de un comunicado,  “por la falta de seguimiento y cumplimiento de las minutas de acuerdos firmadas por las autoridades estatales y federales en distintas mesas de trabajo durante los meses de enero y febrero de 2021. En donde se expusieron demandas referentes a la creación de las condiciones para un retorno seguro, acompañado por la Guardia Nacional y la intervención de la Fiscalía General de la República, que hasta el momento ninguna se ha materializado”.

Los habitantes de Tierra Blanca Copala fueron expulsados de su comunidad a mediados de enero pasado por un grupo paramilitar, supuestamente vinculado con el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT).

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a las organizaciones que se encuentran en la región triqui de Oaxaca [MULT, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort)], firmen un acuerdo paz para estabilizar la región.

Como víctimas de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala solicitan:

1.- “Audiencia inmediata con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que reciba y escuche a las víctimas de desplazamiento forzado .

2.- “Se creen las condiciones de seguridad para el retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca, a través de la instalación inmediata de una base de la Guardia Nacional en la comunidad.

3.- “Impartición de justicia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), para generar y atraer carpetas de investigación, para fincar responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de los hechos violentos suscitados en la comunidad. Tales como secuestro de los habitantes de nuestra comunidad, portación de armas de uso exclusivo del ejército, homicidios, desaparición, robo, entre otros.

4.- “ Libertad de nuestros presos políticos detenidos de manera arbitraria y sin averiguación previa.

5.- “ Atención integral a las víctimas de acuerdo a los criterios de la Ley General de Víctimas.

Responsabilizan al gobierno municipal de Santiago Juxtlahuaca, encabezado por Nicolás Feria Romero; al estatal, a cargo de Alejandro Murat y al federal, presidido por López Obrador, “por la integridad de las víctimas desplazadas, ya que, con su omisión, actuación tardía y falta de voluntad por lo por atendernos, nos está matando en vida”.

Señalan que en medio de una pandemia que pone en su vida, al permanecer fuera de sus hogares, tienen que decidir: “morimos por las balas, por la falta de seguridad de nuestra comunidad, morimos por el Covid-19, o morimos de hambre”, dice el documento enviado a esta redacción.

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