Confirman presencia de transgenes desde 2004 en maíces nativos de México, pese a ser centro de origen y diversidad genética. Unas instituciones gubernamentales trabajan en su detección y otras pugnan tribunales por permitir a trasnacionales su siembra masiva
Entre 2004 y 2012, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) detectó la presencia de transgenes en maíces nativos de seis estados de la República, revela un documento oficial del cual Contralínea posee copia.
Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guanajuato presentaron muestras positivas a la presencia de construcciones genéticas provenientes de maíces genéticamente modificados, da a conocer el propio Instituto en el escrito.
La información corresponde a 2 mil 193 colectas de maíz nativo obtenidas de 160 municipios en 10 estados del país entre 2004 y 2012: “Principalmente en la zona Centro-Sur, que alberga la más alta diversidad de maíces nativos”, especifica.
Para Adelita San Vicente Tello, una de las impugnadoras a la contaminación del maíz con transgenes, la información oficial confirma que se han vulnerado los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras de la diversidad biológica.
Sin embargo, Alejandro Monteagudo, presidente ejecutivo y director general de AgroBio México (asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola con presencia en el país) asegura que tal contaminación de maíz nativo no existe y que aunque pudiera ocurrir “no significa [un] impacto negativo”.
De las más de 2 mil colectas, 89 resultaron positivas a la presencia de eventos transgénicos patentados de las trasnacionales Syngenta, Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred.
Así, en el maíz nativo de seis de las 10 entidades que el INECC monitorea desde hace al menos 1 década, se pueden encontrar los eventos BT 176, BT 11, 3272 maize, GA21 maize, de Syngenta; el NK 603 o el MON 810 de Monsanto; o el 59122 maize de Dow AgroSciences y Pioneer Hi-Bred, por mencionar sólo algunos ejemplos.
Ello, según los resultados presentados por el INECC, mismos que fueron obtenidos a través de la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa, utilizada en la biología molecular para detectar virus o bacterias causantes de enfermedades, identificar cadáveres o hacer investigación sobre el ADN.
Demanda colectiva
El reporte del INECC forma parte de las pruebas presentadas por la colectividad en el juicio en contra del maíz transgénico.
La demanda colectiva fue presentada el 5 de julio de 2013 por un grupo de 20 organizaciones de la sociedad civil y 53 personas, entre las que se encuentran Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner, Federico Guillermo Berrón Autrique, Adelita San Vicente, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco.
Solicitan que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces nativos.
Tal ineficiencia ha propiciado que se vulneren los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras de la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a la salud, expone Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de Vida, AC.
Con la demanda se solicitó aplicar una medida precautoria que se basa en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, la cual se concedió y notificó a la colectividad el 20 de septiembre de 2013.
El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió la medida cautelar en la que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para su liberación al ambiente y suspender el otorgamiento de permisos de liberación en cualquiera de sus fases, sea ésta comercial, experimental o piloto.
La medida impide a trasnacionales liberar maíz transgénico en el campo mexicano en tanto no se resuelva el juicio de acción colectiva.
No obstante, el miércoles 19 de agosto de 2015, el juez décimo segundo de Distrito en Materia Civil, Francisco Peñaloza Heras, notificó que negaba la petición de suspender la siembra de maíz transgénico.
Un día después, el jueves 20, tras la apelación de la colectividad, Peñaloza Heras dictó una nueva suspensión de siembra de maíz genéticamente modificado.
“La nueva orden judicial se emitió al admitir el recurso de apelación que inmediatamente promovimos desde la colectividad. La apelación admitida suspende hasta que se resuelva la impugnación ciudadana. Por lo tanto, la Sagarpa y la Semarnat están nuevamente impedidas para otorgar permisos de siembra de maíz transgénico, por mandato judicial”, refiere René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, que funge como representante legal en el juicio
Hasta ahora, la medida precautoria dictada mantiene en la congeladora 91 solicitudes de siembra experimental, piloto y comercial de maíz genéticamente modificado en alrededor de 3 millones de hectáreas del territorio nacional.
El juicio, que se debate en 17 tribunales, acumula 97 impugnaciones. Monsanto, Syngenta, PHI México, Dow AgroSciences y el propio gobierno federal han interpuesto las apelaciones ante el Poder Judicial para que se autorice la siembra masiva de maíz patentado en el campo mexicano.
Alejandro Monteagudo, presidente ejecutivo y director general de AgroBio México (asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola con presencia en el país) dice, en entrevista con Contralínea, que confía en que se va a permitir la siembra de maíz genéticamente modificado, porque la demanda de acción colectiva carece de sustento. “No se ofrecen elementos de prueba. Ya el juez décimo segundo dijo que no se justifica la medida. Está basada en meros prejuicios y suposiciones. No demuestran los riesgos”.
Cuestionado sobre el reporte de monitoreos realizados por el INECC, refiere categórico que la información no es concluyente. AgroBio, apunta, “no reconoce la contaminación de maíz nativo” y descarta totalmente la posibilidad de que ocurra contaminación una vez liberado el grano. “Hay muchas maneras de preservar, como los bancos de germoplasma o las medidas de bioseguridad. Una de ellas es la prohibición de sembrar donde hay presencia de variedades nativas: por eso existe un mapa. En esas regiones no hay solicitudes”. Además, agrega, “la contaminación no significa impacto negativo”.
Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con la Sagarpa y la Semarnat, quienes dijeron que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados es la responsable de fijar una postura sobre el tema hasta que no se “resuelva el tema jurídico”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Elva Mendoza, @elva_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: CAMPO
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Contralínea 455 / del 21 al 27 de Septiembre 2015
