La ONU se esfuerza por evitar contagios masivos en cárceles mexicanas. En entrevista, Ana Echeverri, de la UNODC, explica que sí es posible tener un buen manejo de la enfermedad en prisioneros si se cubren necesidades primordiales como atender a poblaciones vulnerables

La desigualdad de condiciones económicas y sanitarias para afrontar la pandemia de Covid-19 es evidente en las cárceles mexicanas. “Mientras algunos centros penitenciarios tienen todos los insumos que las personas privadas de la libertad necesitan, hay otros que no cuentan con recursos suficientes”, explica en entrevista Ana Echeverri, coordinadora del proyecto de UNAPS en el la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés).

Mediante una guía elaborada a partir de los “Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano” cuya sigla en inglés es UNAPS, esta oficina de la ONU enlista las necesidades primordiales “para evitar el contagio masivo y dar un buen manejo a la enfermedad en el caso de que personas privadas de la libertad se contagien. Esto aplicaría para todos los sistemas penitenciarios”, comenta Echeverri a Contralínea.

El cuadernillo, publicado el 31 de marzo en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México y la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se compone de cuatro estándares orientados a proteger y atender a las personas privadas de la libertad contra la enfermedad Covid-19, a su personal, a las visitas y a los infantes que viven con sus madres al interior de estos centros.

Una vulnerabilidad sobre otra

La heterogeneidad de condiciones tiene que ver con que en México existen 32 sistemas penitenciarios con normatividad y legislación propia, además del sistema federal. Sin embargo, la coordinadora del programa de la UNODC explica que se debe entender que la población penitenciaria, en general, es “vulnerable por el espacio en donde se encuentra confinada. La distancia entre las personas no es tan amplia (…), lo que complica las medidas de sana distancia”.

Esta situación se suma al riesgo de tener complicaciones que, según han señalado la OMS y las autoridades sanitarias mexicanas, ya tienen los adultos mayores, las personas con diabetes, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas.

“Estas poblaciones en situación de vulnerabilidad ya están rastreadas en el proyecto general de UNAPS, pero se hacen relevantes ahora por cómo se desarrolla la enfermedad. (…) Esto implica que los centros penitenciarios deben tener un plan para atender personas cuando necesiten medidas de asistencia sanitaria de segundo y tercer nivel. Además de tener presente cuál es la población vulnerable que tienen”, comenta Ana Echeverri.

Se debe garantizar contacto con el exterior

La experta explica que, desde el marco de derechos humanos y de reinserción social, las personas privadas de la libertad deben ser atendidas desde un punto de vista médico y emocional. Comenta que, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también denominadas Reglas Nelson Mandela, “el contacto con el mundo exterior y el contacto con familiares es muy importante en una situación normal y se hace mucho más relevante en una situación como la de ahora”.

La coordinadora explica que este vínculo no sólo atiende la salud emocional de las personas privadas de la libertad y la de sus familias, sino que también les permite tener información “clara y transparente” sobre lo que está sucediendo al exterior. Garantizando así su derecho a la información.

En este sentido, uno de los puntos de la Guía UNAPS busca que la autoridad penitenciaria prevea “medidas alternativas para que las personas privadas de la libertad establezcan contacto con sus familiares o amistades. Estas medidas de contacto con el mundo exterior pueden incluir el aumento del uso del teléfono o, incluso, videoconferencias”.

Ana Echeverri explica: “nosotros pusimos esa medida como reafirmando que hay que tener en cuenta que para esta situación se tienen que tomar medidas específicas y especiales para asegurar el contacto con sus visitas. Y así garantizar la protección de estos derechos humanos y atender a las personas privadas de la libertad desde el punto de vista emocional, que es parte también del proceso de reinserción social”.

UNODC celebra actos de preliberación

La coordinadora de UNAPS explica que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) prevé una medida específica para preliberaciones por cuestiones humanitarias, misma que “es específicamente útil para este momento y tiene que ver con grupos en situación de vulnerabilidad una vez que se analice sus expedientes”. Recuerda que también la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado para despresurizar los espacios carcelarios mediante la agilización de estos procesos.

“Creemos que es una medida que se debe adoptar y nos da mucho gusto que ya haya sistemas penitenciarios que estén empezando con estas medidas, que son independientes a la Ley de Amnistía [decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y vigente desde el 22 de abril de 2020]. Por ejemplo, la Ciudad de México ya lo ha empezado a hacer, el Estado de México también, Coahuila dijo que lo iba a hacer… Y sí, celebraríamos mucho que este proceso se de en el marco de la pandemia”, señala Echeverri.