La organización Comités Cuenca Río Sonora exigió al gobierno seis acciones urgentes para la remediación y justicia en la contaminación de 40 millones de litros de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014. Ello, ante las promesas incumplidas de las autoridades municipales, estatales y federales respecto del daño ambiental ocasionado por Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea.

En un pronunciamiento urgieron a las secretarías de Salud, Economía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua garantizar la limpieza del agua así como que ésta sea suficiente. Los pobladores exigieron monitorear cada uno de los pozos; reubicar los pozos contaminados por los deshechos y la puesta en marcha de las 36 potabilizadoras distribuidas a lo largo del Rio.

El segundo punto es el de la garantía de su salud. En éste pidieron realizar estudios independientes y especializados a lo largo del río Sonora para la avaluación de los efectos de la contaminación en sus cuerpos de agua; asimismo demandaron conocer tales resultados. Además de exigir terminar de construir la clínica de espacialidades en Ures y que la atención se amplíe a Bacanuchi y las las comunidades más alejadas de Hermosillo.

La organización –que aglutina a las víctimas– reiteró que se le tome en cuenta para lograr las peticiones. En el caso de la reactivación económica, pidió su reincorporación para el diseño de un plan que ayude a “recuperar el valor de todo lo producido en la región”; además, que las tierras sean rehabilitadas y sean libres de metales pesados para así tener estabilidad laboral en actividades agrícolas.

Otro punto que resaltaron los Comités fue el de demandar a las autoridades “dejar de privilegiar” la actividad minera respecto de las comunidades, con el fin de dejar de sobreexplotar los recursos naturales como el agua. Porque el gobierno tiene el deber de gobernar para la gente y de “no dejar en manos de las mineras la solución de los problemas públicos”.

También pidieron tener voz y voto en la resolución del rumbo del Fideicomiso Río Sonora hasta que se reparen los daños ocasionados y asegurar un plan de remediación ambiental. Asimismo se pidió la transparencia en el manejo de los recursos del Fideicomiso.

Como último punto, los Comités demandaron el cierre de la presa de jales de la mina, pues su construcción no respetó el derecho de las comunidades a ser consultadas. Todo lo anterior para conseguir “justicia, remediación y no repetición” de los hechos.