Después de que se informara que, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, en 193 casos jueces federales beneficiaron a presuntos delincuentes vinculados con la delincuencia organizada, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, reveló que el mismo Poder Judicial obstaculiza los intentos de proceder contra ellos. Ello, porque “dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”.
Al ser consultado durante la conferencia presidencial sobre si estos casos ameritan el inicio de un proceso penal, o administrativo ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el fiscal Gertz explicó que, “de acuerdo con el Código de Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial, a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces; en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte, es decir, no es ya la Fiscalía autoridad”.
Por ello, continuó, la Fiscalía General deja de ser autoridad competente. “Lo fuimos mientras hicimos la investigación, a partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía, a la competencia y a la obligación del juez”.
Sin embargo, en los casos en los que se ha detectado algún tipo de conducta ilegal por parte de miembros del Poder Judicial, y a pesar de que “tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro”, las autoridades que deberían estar encargadas atender estos casos son omisas, acusó el doctor Gertz Manero.
En este contexto, destacó la importancia de la renovación de este Poder de la Unión: “eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó”.
Aunque indicó que se trata de casos específicos, el fiscal general expuso que dicho acuerdo para proteger a los juzgadores está vinculado “con un criterio interno del Poder Judicial, que tiene muchos años; no es de ahorita, [pero] no nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan”.
El abogado de la nación manifestó que este actuar “va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal”, y reiteró: “volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio en esas funciones abusando de su poder y generando un posible delito”.
En ese sentido, aseguró que una vez pasada la elección judicial, estos casos serán llevados ante las instancias correspondientes, “tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo”, pues –detalló– en la Fiscalía “vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas”.
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