El despojo de los territorios indígenas es causa de la desigualdad.
América Latina, la región más desigual del mundo, está lejana de alcanzar la meta de acceso universal del agua potable que establece el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se refiere a “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
Lo anterior es parte del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2017 del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en donde destaca el enfoque territorial. Se presentó en el contexto de la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030, celebrada el pasado abril en Santiago de Chile.
En cuanto al cumplimiento del sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible, las diferencias entre países juegan un papel importante: el porcentaje promedio respecto al acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento varía de un 53 por ciento en Bolivia, a países como en Chile, México y Ecuador que se encuentran en un 90 por ciento.
Aunque el caso mexicano parezca uno de los más alentadores, si hacemos un escrutinio mayor en los datos, la situación reportada se leería de manera muy distinta e, incluso, alarmante. El 10 por ciento faltante en esta cifra refiere a 9.9 millones de personas que no tienen acceso al agua en nuestro país, lo que corresponde en cantidad a casi la población total de Honduras en la actualidad.
Además de esa mirada nacional, el Informe propone aproximarnos a las diferencias territoriales subnacionales, dejando de manifiesto las desigualdades incluso en países en donde el acceso al agua y saneamiento es alto a nivel promedio. En el caso chileno las brechas territoriales aumentaron en la última década. Parinacota, una provincia en la frontera norte con Bolivia, sólo alcanza a cubrir el 51 por ciento de los hogares.
En este zoom es fundamental que hablemos no sólo de las demarcaciones políticas instituidas, sino también de los territorios indígenas. En el contexto del Foro de la Declaración de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe se exige que se garantice la vida integral, sus sistemas de vida y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, devolviendo a ellos sus territorios ancestrales.
En México, históricamente la desigualdad territorial en el acceso al agua se corresponde con el despojo de los territorios indígenas, estrechamente en relación con la construcción de megaproyectos hidráulicos. Un caso son las presas que han desplazado forzosamente a miles de personas indígenas.
En varias de las actuales luchas sociales por el agua en México, se demanda el respeto al territorio de las poblaciones indígenas. Sólo por mencionar algunas: los cucapá en su lucha porque se les permita seguir pescando en el río Colorado, el pueblo yaqui, transgredido por la construcción del Acueducto Independencia y las 16 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca, por las restricciones que tienen para usar el agua debido a un decreto de veda.
La actual configuración territorial nacional de la gestión del agua a través de los Organismos y Consejos de Cuenca somete a los pueblos indígenas a ser contemplados sólo como usuarios, no tienen el espacio adecuado para expresarse e influir en la toma de decisiones que hagan efectivo el ejercicio de su derecho al uso y disfrute preferente del agua de los lugares que ocupan.
La discusión de la desigualdad territorial en el acceso al agua en Latinoamérica, debe poner en el centro los territorios indígenas para exponer cómo ésta se genera a través del despojo de los mismos, la discriminación institucional, y una visión de desarrollo que violentan sistemáticamente los derechos de los pueblos.
Mónica Olvera Molina*
*Coordinadora del proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en México de Oxfam México. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México
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