Por primera vez, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó citar a una gobernadora en funciones a una reunión de trabajo para “rendir cuentas”. Y es que los legisladores acordaron convocar a la titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como al fiscal de la entidad, César Jáuregui Moreno, para que expliquen los hechos ocurridos en ese estado, los cuales están relacionados con la presunta participación de agentes estadunidenses –identificados como miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)– en labores de “seguridad” sin autorización federal.
Al considerar este acto de omisión como una violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Carta Magna, integrantes de la comisión –incluidos legisladores de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política a la que pertenece la gobernadora– aprobaron, con 15 votos a favor, el punto de acuerdo. Con ello, autorizaron modificaciones para ampliar el alcance del exhorto, pues el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velasco, propuso incluir la probable violación constitucional, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano.
La sorpresa de la reunión extraordinaria fue el respaldo del PAN a la propuesta, debido a que la bancada votó a favor del punto de acuerdo. En palabras de su coordinador, Ricardo Anaya, la gobernadora chihuahuense “no tiene inconveniente en venir, así que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado”.
En respuesta, el senador de Morena, Javier Corral Jurado, acusó a la mandataria estatal de intentar engañar a la opinión pública y de ocultar información sobre la supuesta infiltración de agentes estadunidenses en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. “Es una falacia y es una mentira decir que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que tiene la responsabilidad ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos”.
Con ello, Corral agregó que, constitucionalmente, la facultad en materia de política exterior corresponde exclusivamente a la titular del Poder Ejecutivo federal, y recordó que en México está prohibida la intervención extranjera en territorio nacional sin autorización. De igual manera, el morenista sostuvo que la Ley de Seguridad Nacional establece lineamientos específicos para permitir la actuación de agentes extranjeros en asuntos de seguridad pública.
“Fruto de una lamentable tragedia se descubrió el ocultamiento, porque si ese accidente no se hubiera llevado a cabo, no nos hubiéramos enterado”, afirmó el senador, al acusar a la gobernadora de Chihuahua de pactar “a escondidas del país, a escondidas de la nación, del gabinete de seguridad federal”, con “agentes de la CIA e incluso poniéndose de acuerdo con la embajada norteamericana” para presentar los hechos como un “accidente de capacitadores”.
Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, fue el único que cuestionó la legalidad del procedimiento, al señalar que el Senado de la República “no tiene facultades” para citar a una gobernante en funciones. A su juicio, dichas atribuciones deberían corresponder a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, órgano legislativo que actualmente no está integrado.
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