En Argentina, el índice inflacionario alcanzó 109 por ciento anual. Es un fenómeno preocupante que debe observarse a detalle para evitar que muchos países en desarrollo del continente puedan verse sumergidos en una vorágine de tal naturaleza. Más aún, si se considera que se trata de la tercera economía en América Latina.

Los efectos sociales que acompañan a la incontenible inflación son terribles al analizar que el grueso de los salarios son de los más inferiores en la región –sólo por debajo de Venezuela–. El promedio de ingresos de la clase trabajadora ronda 189 dólares mensuales –unos 3 mil 780 pesos mexicanos–. Por tal motivo, su poder adquisitivo va en caída libre desde hace una década, a pesar de que el sueldo mínimo rebasa los 80 mil devaluados pesos argentinos.

Ante las cercanas elecciones presidenciales de octubre próximo, como cada cuatros años los candidatos de izquierda o derecha aseguran tener la fórmula para detener la escalada inflacionaria. Un elemento –el cual los aspirantes deberían analizar– es cómo recuperar precisamente ese poder de compra, cuando la actual remuneración económica está 20 por ciento por debajo a lo pagado en 2012.

Miles y miles de ciudadanos han pasado de la pobreza extrema a la indigencia. Se estima que 8.1 por ciento –3 millones 6 mil– vive en condición de mendicidad sin posibilidad alguna de tener un ingreso mínimo para comprar comida.

En febrero pasado, datos oficiales ubican el costo mensual de la canasta básica alimentaria en 80 mil 483 pesos para un matrimonio con dos hijos. Sólo dos meses después, supera 90 mil pesos; muy por encima del salario mínimo mensual de 80 mil 342 pesos.

Por tal razón, se considera que casi 4 de cada diez –16 millones– han caído a un rango de pobreza que les impide ganar lo suficiente para alimentarse, vestirse y sufragar otros gastos como vivienda, salud y educación. El impacto en la clase media obliga a muchos padres de familia a sacar a sus hijos de colegios de paga para enviarlos a escuelas públicas.

Una consecuencia de la incontenible inflación fue la imprenta de billetes de 1 mil pesos como la más alta denominación desde 2017. Ésto debido al alza en los precios. A pesar de tal valor, apenas y pueden comprar el equivalente a un kilo de jitomates o de naranjas con él.

La acelerada pérdida cotidiana del coste del peso argentino es tal que la mayoría opta por el dólar para realizar todo tipo de operaciones, sobre todo, inmobiliarias como la venta de casas y departamentos. Además, la acción del Gobierno –que limita a la población a una compra mensual de 200 dólares– ha creado un mercado negro con un tipo de dólar, conocido como “Blue”. Ésta es la moneda que rige muchos de los precios en diversas actividades.

El propio Banco Central de Argentina calcula que las familias de determinado estatus y un indeterminado número de empresas no financieras poseen más de 230 mil millones de dólares en cuentas bancarias del extranjero. Pero también, escondidos en el país como parte de este mercado ilegal de divisas que ha aniquilado el valor de su moneda nacional.

La desigual paridad ensancha el abismal valor entre el peso argentino y el dólar estadunidense. Hace cinco años, se necesitaban 21 pesos para comprar un dólar; ahora se requieren 470. Y lo que hoy se compra con un billete de 1 mil, se adquiría con 470 pesos en 2017.

El problema es que el ramo al cual más está impactando la inflación es al alimentario, sobre todo, los productos frescos como las frutas y verduras. El ineficaz control de precios –que en vano intenta el gobierno para frenar las incontenibles alzas– ha llevado a las amas de casa a un cotidiano peregrinar en la búsqueda de ofertas, las cuales les hagan rendir sus magros ingresos. Compran ya no por marcas, sino por el precio más bajo, como parte del empobrecimiento de la clase trabajadora en general.

Sobre el terreno de las teorías económicas, hay analistas que atribuyen la desatada inflación a que los presidentes han querido paliar el asunto mediante dos vías: endeudamiento y emisión de papal moneda. Del lado de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevalece la receta de que el Gobierno debe reducir su gasto. En contraposición a otros economistas, quienes, por el contrario, están a favor de una mayor intervención del Estado.

Éstos sostienen que disminuir el gasto equivaldría a golpear aún más a una población –ya de por sí– empobrecida. Avivaría una crisis de gobernabilidad, la cual empieza a asomarse en sus calles, cuyos ejemplos de colapsos sociales no han sido nada gratificantes en países como Colombia y Ecuador.

Para este grupo de analistas, la inflación –al ser un fenómeno multicausal– no puede remediarse con la emisión monetaria ni reduciendo únicamente la brecha cambiaria. Pues hay otros factores relacionados con la concentración de la economía en sectores prioritarios como la producción y distribución de alimentos. En ellos, han constituido un poderoso monopolio con la capacidad suficiente de fijar los precios del mercado a sus propios intereses –mayor rentabilidad de sus negocios–, sobre todo, en dólares por tratarse de empresas extranjeras en buena medida.

Ésto se realiza de manera arbitraria al margen de cualquier tipo de cambio e incrementa la espiral inflacionaria; razón por la que se aconseja combatir estos monopolios. Además, el fenómeno de la inflación –el cual eleva los precios de un día a otro– provocó que se perdiera el costo verdadero de los productos en el país sudamericano desde hace tiempo. Mentaliza a su población con un efecto siempre al alza.

El que los argentinos llevan mano en la inflación del continente es una alerta. No debe tomarse a la ligera por los países de la región, incluido México. Porque de su lectura podrán evitarse errores y corregir el rumbo en lo que no esté funcionando bien en nuestra economía.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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