Este próximo 24 de marzo se cumplirán 14 años de un evento inédito en nuestro país: 700 medios de comunicación en México decidieron auto limitar lo esencial de su función social, para suscribir un acuerdo con el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por narcotráfico–, a propuesta y diseño de éste último, sobre la propagación de la información que tales medios captaban, y en la mayoría de los casos, interpretaban con sus editorialistas, comentaristas y conductores de noticieros, entrevistadores, y luego difundían, sobre la violencia de origen criminal que tenía como escenario el territorio nacional.

Hubo un grupo no pequeño de medios que se opusieron a esa medida, que rehusaron suscribir el pacto –honrosamente, entre ellos, la revista Contralínea–, considerándolo impropio y conculcador de los derechos de libertad de información y opinión.

Las libertades políticas sólo se restringen en un contexto de “emergencia nacional” o de “conmoción interior” bajo un precepto constitucional, que no era el caso, a pesar de un entorno de violencia criminal extrema y de asesinatos récord de periodistas, comunicadores y defensores. Ni justificado ni indispensable. La propuesta y el diseño, entonces, obedecía a propósitos políticos distintos a los esgrimidos, o adicionales a los mencionados, en todo caso.

Este ensayo contiene una hipótesis original: el pacto de auto censura que los medios de comunicación firmaron, el 23 de marzo de 2011, con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue un pacto de auto contención informativa, y para la difusión de la información relacionada con la “lucha” contra las organizaciones del crimen trasnacional organizado, y la violencia armada a ello inherente desde ambos bandos –criminalidad y gobierno–. En ese momento se dijo que el acuerdo –decálogo de reglas para dar cobertura informativa a todo lo que se relacionara al respecto– garantizaba que los periodistas ejercieran su trabajo con libertad y seguridad, a pesar de todo.

Un acuerdo de restricción en la información social, de censura consensuada, muy peculiar, sin dejar de plantear que, en aquella ocasión y evento, otros medios disidentes tomaron una posición de no aceptación ante lo que consideraron un “hecho sin precedentes”. Además, se planteó una circunstancia toral que reforzaba la idea y necesidad de suscribir tal acuerdo y que se mencionó y asentó en dicho documento: “el poder intimidatorio” de las estructuras criminales que constituían una amenaza a las “instituciones y prácticas que sustentan la vida”, es decir, se enfatizan amenazas letales para el ejercicio de la libre difusión e información y libre opinión. Jugada maestra, sin duda, pero que no todos deglutieron. Luego se reveló la farsa construida.

Nuestra hipótesis es que ese pacto se diseñó como ofensiva de contrainteligencia. Un especialista como García Luna sabía que la medida tuvo un claro perfil de ofensiva de contrainteligencia, ante el rumbo que había tomado la gestión de la administración sexenal y de la “lucha contra el crimen organizado” bajo su responsabilidad. Aunado a ello, el secretario de Calderón mantenía ya su alianza con el Cártel de Sinaloa, sus acuerdos previos instrumentados con los hermanos Beltrán Leyva y con otros grupos de la criminalidad trasnacional.

Para entonces, se habían producido 101 asesinatos de comunicadores, dato gravísimo, aunque no obligadamente todos pueden ser atribuidos a la responsabilidad del crimen organizado, pero era lo más factible y creíble. En un artículo en La Jornada, Jessica Xantomilla señaló que, de todos estos asesinatos, “la corrupción y colusión entre autoridades municipales y grupos delictivos” había generado “el 40 por ciento de los ataques” en que habían perdido la vida los comunicadores en toda la República. Se ofreció entonces el llamado “mecanismo de protección a periodistas y defensores” (9 de diciembre, 2022).

En dicho contexto, se propuso el pacto de restricción voluntaria de difusión de información sobre acciones y hechos de las estructuras criminales y del propio gobierno nacional y sus instituciones armadas. Por eso resultaba un golpe táctico de mucha importancia, que facilitaba las acciones ilícitas de Felipe Calderón-Genaro García Luna, porque les daba un margen de acción muy amplio sin que les estorbara la “prensa y los medios nacionales”. La teoría y la praxis de la contrainteligencia de Estado implica evitar que circule la información hacia el exterior de las oficinas del aparato de inteligencia oficial, y que ello pueda provocar fisuras y relajación de las medidas de control informativo, lo que es fundamental.

Nadie sospechó de qué se trataba realmente el evento. Un especialista en inteligencia y contrainteligencia como Genaro García Luna –con muchos años de práctica en los organismos del aparato de inteligencia y seguridad– sabía perfectamente bien lo que hacía, sus alcances e implicaciones favorables. Y no nos referimos a la información desde oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, que controlaba a detalle su titular, sino la que provenía de la cobertura de noticias, de eventos, opiniones y editoriales al respecto. Incluso, la información de fuentes militares la controlaba la SSP, como instancia del gobierno federal.

Digamos, la información con cierta independencia es la que importaba controlar restrictivamente, porque podía chocar con los contenidos centrales que el titular de la SSP deseaba que contuviera. El objetivo del pacto de silencio fue restringir la circulación de información desde fuentes incontroladas. ¿Los medios para lograrlo? Podemos suponerlos, pero no probarlos.

Las primeras víctimas infaustas de ese operativo masivo y oficial de contrainteligencia –que bloqueó toda la información que proviniera de las acciones y eventos relativos a la criminalidad trasnacional y las propias autoridades policiales de México– fueron las más de 300 víctimas de los brutales hechos criminales acaecidos en el municipio de Allende, Coahuila, del 18 al 22 de marzo del mismo 2011, víctimas inermes ante la ira desatada por Los Zetas –a ellos se les ha atribuido los hechos de la masacre, aunque no hay una informe oficial definitivo–, porque este fatal evento sucedió en los días previos a este pacto ignominioso. Y casi nadie se enteró en el resto de la República sobre esa masacre inaudita, cuya omisión en todos los sentidos comportarían bases para integrar una acusación penal internacional contra Felipe Calderón-García Luna por crímenes de lesa humanidad, una más de la ya existe.

¿Con qué información los ciudadanos pueden proceder en contra, de criminales o de “autoridades institucionales” que debía proveerles protección, cuidado, auxilio o justicia si la información estaba masivamente bloqueada? Porque dijera lo que dijera el “Decálogo” firmado, el operativo se construyó y orientó a generar un ambiente social, político e informativo omnímodo al gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, desde una Presidencia ejercida en forma criminal. Un blindaje de impunidad inaudito, y una orfandad e indefensión total para las víctimas de Allende y las posteriores que quedaron ocultas bajo este infame pacto.

Se ensayó un modelo de restricción informativa diseñado por profesionales de la inteligencia y contrainteligencia con una proyección corporativa hacia los medios de comunicación y de prensa centrado en el ocultamiento de la información de la acción criminal, las omisiones, contubernios, condescendencia y respuesta parcial de las fuerzas policiales a ciertos actores, no a todos. Esto no lo hace un operador de un programa de contrainteligencia, sino un profesional especializado que conoce y domina perfectamente bien el cómo puede operar un control estructurado sobre la información, y cómo implantarlo para evadir riesgos o amenazas. Las habilidades especiales adquiridas y puestas en acción son determinantes.

Claro que, como parte del operativo de contrainteligencia, este conlleva una fórmula de engaño, de simulación y de juego de apariencias: había que hacerlo pasar como un pacto de “protección de la libertad de prensa, de información” y de la “integridad física de los comunicadores y informadores”, sin demérito de las libertades constitucionales, incluso, e investigadores periodísticos, frente al ciclo incremental de violencia asesina de las estructuras del crimen organizado en forma transnacional que les amenazaban. Los productos de inteligencia y contrainteligencia nunca son “en general” sino para consumidores y decisores específicos.

Este es precisamente el centro de los planes de contrainteligencia para proteger la información de inteligencia, su circulación, y evitar que caiga en manos del adversario, y obstaculice los objetivos planteados por el titular de las acciones y la información derivada de ellas. Más adelante detallaremos este punto con precisión.

Calderón-García Luna requerían neutralizar la generación y circulación de la información “no controlada”. No podían sobornar, censurar o amenazar a la totalidad de esos medios informativos, así que acudieron a un mecanismo generalizado, bien planteado, sólido y justificado ideológicamente para lograr la auto restricción que les permitiera actuar, informar, hacer y deshacer con absoluta libertad y determinando contenidos. Cuidarse las espaldas.

El nivel de la violencia inter criminal por disputas diversas, los abundantes asesinatos de comunicadores, los acuerdos de alianzas criminales y acuerdos de impunidad en todos los niveles de gobierno, se enseñoreaban en los espacios públicos y privados. El gobierno de Felipe Calderón había fracasado el año anterior, 2010, en la concertación de un acuerdo gobierno-crimen trasnacional para bajar los niveles de violencia armada y, ante ello, crecía la presión de la opinión pública nacional y desde EU al observar una violencia desbordada e incontrolada. [Para entonces ya existía la alianza García Luna-Cártel de Sinaloa.]

Al no poder lograr este acuerdo gobierno-criminalidad hacia finales del año 2010, y al romperse las conversaciones y proseguir los enfrentamientos criminales, era necesario entonces acallar toda la información que sobre tales hechos se propagaba en toda la red de medios de información privados, prensa escrita y revistas, pero sobre todo, la opinión editorial o editorializada que llamaba la atención, criticaba acérrimamente y sembraba cierta alarma, sobre las masacres y la violencia exacerbada que ocurría todos los días en el país. Y aún así, no se informaba todo lo que realmente sucedía.

Decíamos que hubo disenso al pacto de auto restricción informativa, porque un grupo de medios de comunicación impulsados por sus propietarios lo consideró totalmente inapropiado, “sin precedentes” fue la frase para calificarlo. Quienes firmaron por consenso el acuerdo y el Decálogo con el gobierno fueron un total de 700 medios, encabezados por los consorcios más grandes: Televisa y TV Azteca.

El poder público históricamente ha tenido distintos medios de “convencimiento” con la prensa y los medios de comunicación, desde el monopolio del papel para hacer los periódicos, la capacidad legal de retirar concesiones en radio o televisión mediante el uso del famoso espectro radioeléctrico, la publicidad gubernamental multimillonaria, los sobornos directos (llamado “chayotes”), la censura informativa y la represión física abierta. García Luna-Calderón tenían una buena relación con los dueños de los medios, y con comentaristas y locutores.

Tal vez lo complicado fue la coordinación tan amplia que fue necesaria, no tanto el convencimiento, porque García Luna sabía que muchos medios le “reconocían y alababan” un supuesto trabajo intenso y amplio, certero al frente de la SSP, lo que después se conoció como una inmensa farsa. Dicha aceptación –denominada por algunos periodistas como el romance medios-García Luna–fue fundamental en la iniciativa que tomó el gobierno en esa coyuntura, y el cerebro era García Luna, sin duda alguna.

García Luna ya había hecho otro esfuerzo por manejar la propia información sobre las actividades de la Policía Federal y su conducción en la serie televisiva pactada con Televisa, llamada “El Equipo”, serie policiaca “narrada en tono épico” que mezclaba acción policial, riesgos y hasta amor. Fue una efímera oferta de emociones y sentimientos, una versión vernácula de las series estadunidenses (tipo SWAT), en donde los policías arriesgan su vida en favor de la sociedad, tratada en forma maniquea, sin explicar nada de la problemática.

La producción ejecutiva estaba a cargo de Iván Aranda y Luis Felipe Ybarra, quien también escribía las historias, y fue dirigida por Carlos García Agraz. La producción ejecutiva estaba a cargo de Pedro Torres, más un grupo de actores conocidos de películas y telenovelas, como Alberto Estrella, Roberto Blandón y Zuria Vega.

Empezó a ser producida y televisada en abril de 2011, luego de la firma del pacto de auto censura. Obsérvese el esfuerzo variado pero constante por controlar el fujo informativo sobre las acciones contra un sector de la criminalidad, en tanto se fortalecía la alianza con el grupo dominante en el mapa delictivo nacional: el Cártel de Sinaloa, y se rompía gradualmente la alianza previa con los Beltrán Leyva, cuando estos rompen con el Chapo Guzmán e Ismael –el Mayo– Zambada, y salen del CDS.

Estas medidas de la dupla Calderón-García Luna pueden leerse e interpretarse de distintas formas. Desde mi punto de vista, pueden ser interpretadas desde la perspectiva de quien las concibió, procesó y puso en práctica: García Luna, quien no era un experto en comunicación social y política, sino un especialista en inteligencia y contrainteligencia [y estaba aliado al Cártel de Sinaloa]. Ello, además, ante una problemática de un entono de violencia creciente y cuestionamiento político. Luego de una paz inter criminal frustrada y una serie de relaciones, acuerdos y acciones con organizaciones del crimen organizado mexicano, para el gobierno de Calderón era vital controlar los flujos de información que sobre todo ello se produjeran o circularan.

Y plantear la iniciativa como algo complementario al mecanismo de protección a periodistas y defensores, ante la agresividad extrema de los líderes de las organizaciones criminales, es parte también de las herramientas de la contrainteligencia, el engaño y la simulación. Incluso, la desinformación, que acercan al operador de contrainteligencia a los objetivos planteados logrando una ventaja en la situación del adversario.

Teóricamente, la contrainteligencia tiene cinco apartados que se trabajan dentro de un plan, según sea la situación del entorno para concretar los objetivos de la inteligencia, que son: contraespionaje, contraterrorismo, contra medidas electrónicas o cibernéticas, seguridad de la información y contra vigilancia. En todos los casos, en términos de protección de los planes, programas y acciones por desarrollar, desde las instituciones, militar, policial o civil. Aquí aludimos a la institución policial, la SSP. Los militares actuaban como fuerza supletoria y estaban bajo la autoridad del presidente de la República, así que coordinaban e informaban a la SSP. No eran un riesgo real.

A la prensa favorable –pero que era necesario llevar a una autocensura o restricción informativa lo más completa posible– se le esgrimió una argumentación engañosa, pero derivada de una parte de la realidad social, lo cual son también herramientas que maneja correcta y profusamente un experto como García Luna en inteligencia y contrainteligencia. Los 101 asesinatos de periodistas, aunque había otros medios de convencimiento.

Engaño y/o simulación, desinformación más control de la circulación de información existente y futura respecto de los planes y acciones, tácticas o estrategias, es una ecuación fundamental en contrainteligencia para poseer las mejores condiciones del entorno y desplegar la actividad proyectada sin interferencias que obliguen a torcer el camino. Y vaya que García Luna y su grupo íntimo llamado “los siete jinetes del apocalipsis” tenían mucho que simular y desinformar respecto de su actividad real, oculta, con este grupo selecto de sus más allegados. Es una forma de neutralizar un riesgo y evitar se convierta en amenaza.

La contrainteligencia militar es distinta a la civil o policial, pero en cuanto a los objetivos, en el uso de las herramientas de acción es muy similar. De allí que la yuxtaposición es válida para el caso que estamos tratando.

En el enfoque real de la contrainteligencia de Estado, la protección de la información, el engaño, la desinformación y el bloqueo a la circulación de la información sobre los planes y acciones propias, se dirige hacia los adversarios que pretenden apropiarse de información crítica sobre nuestras acciones futuras. En este enfoque de la relación medios y periodistas con el gobierno nacional, y en particular con la SSP de García Luna, los medios y sus personajes representan el riesgo de apropiación inconveniente de información crítica de la SSP; dicho de otra forma, la variable inestable son los medios, periodistas y editorialistas no controlados, que representaban el riesgo de lograr filtraciones de información inconvenientes.

Obviamente, todos los suscritos e impulsores del pacto se acercaron y desarrollaron la interpretación desde el enfoque de los medios de comunicación, la libertad de prensa e información y de opinión, que fue el juego político interpretativo que ofrecieron Calderón-García Luna, mediante una hábil operación de engaño y desinformación, propias justamente de la contrainteligencia. García Luna sabía perfectamente lo que estaba haciendo.

En el ABC de esta disciplina aludida, y dentro de un enfoque de agencia civil, dicho breve y escuetamente, en el diseño de un plan se fijan los objetivos y los medios y formas para su consecución, en un contexto de riesgos o amenazas, las cuales han sido previamente evaluadas con meticulosidad; es decir, el plan contiene un diseño estratégico, táctico y operativo, para proteger la información sobre los planes de inteligencia, sus operaciones, etcétera, que el adversario u enemigo busca apropiarse y vulnerar al equipo contrario mediante sus propios movimientos, y la mejor manera de proteger la información es restringiendo al máximo posible su circulación.

Ante los movimientos de los adversarios (en este caso, los medios de información insuficientemente controlados o sin control alguno, no a nivel nacional sino regional) el plan de operaciones siempre se acompaña de un plan de seguridad para el mismo. Había mucha información de la propia SSP, de sus actividades, de sus altos funcionarios, de sus relaciones dentro del mundo del crimen trasnacional en México, etc., que era fundamental asegurarse de que no fuera filtrada y difundida. Las narco-mantas eran medios incontrolados que revelan datos, hechos y nombres que era necesario que no circularan en la prensa nacional. Se convirtió así, tal información en “confidencial” que es uno de los estatus en que se clasifica la información que debe protegerse con herramientas de contrainteligencia.

En tanto, Genaro García Luna efectuaba destrucción cíclicamente de información que podía ser usada en contra de los responsables del gobierno o de la SSP, porque estaban en el último tercio del sexenio y éste debía concluir con los menores riesgos posibles. En un año se entraría de lleno a la coyuntura de sucesión presidencial (primer semestre de 2012) y en esa etapa muchas cosas incontroladas podían suceder. Había entonces en la contramedida tomada (el pacto de censura) una visión táctica, operativa, pero también estratégica.

No estamos diciendo que García Luna fuera un genio, poseía ciertamente determinadas habilidades que exhibió a lo largo de toda su actuación meta institucional –habilidades perversas, si se quiere–, pero sabía muy bien cómo usar las distintas disciplinas aprendidas, su experiencia profesional, sus instrumentos, medios y herramientas para proteger sus intereses fundamentales, su fortuna personal –que crecía inconteniblemente en cada pacto criminal que protagonizaba (para entonces dicha fortuna ya sumaba varias decenas de millones de dólares)–, los intereses de su grupo selecto de colaboradores y los de su jefe jerárquico, el entonces presidente Felipe Calderón, y asegurar al máximo posible la impunidad, que es la pieza de oro de cualquier red delictiva organizada que penetra el primer círculo de poder del Estado, que es del jefe del poder ejecutivo, jede del Estado, justamente.

Y desde luego, buscar con ello favorecer la continuidad en el poder, la vigencia del pacto transexenal criminal del PRIAN –inaugurado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, continuado con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y con Felipe Calderón–, proyectado al futuro inmediato con Enrique Peña Nieto, en la próxima sucesión presidencial cercana. Toda esa función cumplía el pacto promovido por Calderón-García Luna, ante el fracaso del pacto inter criminal y con el gobierno propuesto en 2010, que se encargó concertar con las estructuras del delito trasnacional al general Mario Arturo Acosta Chaparro, el cual se ventiló en la prensa de aquellos años, y que rechazó Edgar Valdez  Villarreal, la Barbie, quien  lo denunció mediante una carta a un diario de circulación nacional, y se dijo, “perseguido” por ello por Felipe Calderón. Edgar Valdez resultó informante de la DEA (Infobae, 23 de enero, 2023).

Se ha comentado que cuando se le peguntó al propio general en una visita a los líderes criminales para promover el pacto, al preguntarle que quién estaba detrás de su visita, contestó palabras más o menos: “cuando un general del Ejército trae una encomienda como la mía, sólo puede haber sido enviado por el presidente de la República”. Pero el proyectado pacto fracasó a pesar de que estaba ya avanzado por la anuencia de algunas de las más importantes organizaciones criminales, pero ellas mismas en sus discrepancias casi irreductibles, se encargaron de frustrarlo. El gobierno de Calderón, Mouriño y García Luna sabía lo que se avecinaba: la reactivación de las disputas inter criminales sangrientas y los escándalos en medios por las masacres que se escenificarían. Se adelantaron a la coyuntura.

Era urgente entonces, una fórmula de recambio, que se preparó y consumó en sólo tres meses luego del fracasado acuerdo con el narco, y se acudió al pacto de restricción informativa que, repetimos, fue una amplia operación de contrainteligencia, que configuraba una jugada de cuatro bandas, como reseñamos y explicamos antes.

Es increíble que los más sesudos analistas y comentaristas no hayan captado las líneas de continuidad entre las variables que se interrelacionaban y concluyeron en el pacto ignominioso, y tampoco podemos decir que les faltó la información del pacto criminal abortado, porque la Barbie lo refirió puntualmente. Así que los datos sobre las variables estaban presentes, claro le creyeron al gobierno de Calderón-García Luna, no a los criminales que en determinadas circunstancias y sobre ciertos aspectos muy concretos, pueden estar diciendo la verdad, aunque pese sobre ellos el estigma delictivo.

El gobierno de Calderón estaba tan interesado en el pacto con las estructuras del crimen transnacional que –según la versión del periodista J Jesús Lemus –expreso en Puente Grande, Jalisco, en donde recibió múltiples testimonios de Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, y que promovió por encargo de García Luna el pacto pacificador entre “cárteles”, según los testimonios mencionados, y la versión idéntica de la Barbie– el plan de Calderón-García Luna tenía dos etapas: primero lograr la paz narco y luego integrar un solo cártel nacional (Lemus, 2020:160-171).

En consecuencia, todo el famoso pacto de auto restricción informativa con 700 medios de comunicación, que incluyó a personajes muy identificados y con amplias audiencias en televisión y radio, al nivel nacional y regional, se evidenció al paso del tiempo y con la información emergente, como un vulgar show mediático para auto encubrir un gobierno que criminalizó el poder público usando, en este episodio las herramientas aprendidas por García Luna como es la contrainteligencia, para bloquear la información que podía revelar esa condición social, política y jurídica, y que incluía los narco mensajes de las organizaciones criminales rivales del Cártel de Sinaloa, que denunciaban las complicidades de ese grupo criminal con el gobierno. Un fraude monumental sobre la problemática mayor de México.

“Por disposición del titular de la SSP, se le envió un millón de dólares a cada uno de los jefes de los cárteles que aceptaron sentarse al diálogo ‘como muestra de agradecimiento por la contestación, y como una cortesía para que cada uno de los interesados organizara su propio esquema de movilización’. García Luna ofreció reembolsar ese dinero que inicialmente provino de la bolsa de los Beltrán Leyva, una vez que concluyera con éxito la reunión” (ídem, p.166).

Estaban dispuestos con el dinero que fuera necesario a ensayar un pacto criminal para obtener un descenso en la intensidad y amplitud de la violencia inter criminal, al fallar esta, ante la perspectiva de la reanudación de la guerra entre grupos criminales, se orientaron por una variante de restricción informativa consensuada para evitar fugas de información indeseables, mediante una operación de contrainteligencia, la imagen del gobierno estaba de por medio, optaron por una farsa, por un show mediático para cubrirse las espaldas. Era mucho lo que debían ocultar.

Jorge Retana Yarto*

*Licenciado en Economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Tiene 25 años como docente de licenciatura y posgrado; exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, del CNI.

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