Directivos de varios bancos –encabezados por Bancomer, Banorte y Santander– se reunieron en privado para planear cómo evadirán que el gobierno federal utilice, para beneficio de la población, el dinero abandonado en cuentas bancarias.
Ello, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito en octubre pasado, y esta iniciativa se turnó a comisiones del Senado de la República. El cambio legal determina que los recursos abandonados por sus propietarios se destinen a la seguridad pública y a las acciones de combate a la delincuencia. Hasta ahora, los bancos se apropiaban de ese dinero de forma discrecional e ilegal.
Las razones por las cuales algunas cuentas bancarias dejan de tener movimiento financiero por años y nadie las reclama son varias; por ejemplo, cuando los titulares fallecen y sus familias ignoran que poseían ese dinero o no son los beneficiarios designados por el fallecido; o cuando el dinero procede de actividades ilícitas (blanqueo de capitales) y los criminales enfrentan problemas legales para retirar los fondos.
Al cónclave de los bancos privados asistieron sus oficiales de cumplimiento. Entre los acuerdos a los que llegaron para que las cuentas bancarias abandonadas no sean confiscadas y se sigan quedando con el dinero, está la decisión de reactivarlas mediante depósitos que irán de los 100 a los 1 mil pesos. Con ello, evadirán los controles de las autoridades regulatorias: Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito tiene por objetivo ampliar el plazo para que los recursos de los instrumentos de captación sin movimiento alguno pasen a una cuenta concentradora global y posteriormente prescriban. Para ello se propone un término de siete años, a fin de minimizar la posibilidad de que los ciudadanos se vean afectados en su patrimonio o en la realización de operaciones que no responden a sus intereses o necesidades.
Plantea además que los avisos que realicen las instituciones de crédito para efecto de estas disposiciones, también se realicen por vía electrónica en caso de que se haya pactado esto con el cliente para permitir que los propietarios de una cuenta inactiva sean informados previamente.
Se considera también necesario que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) integre un registro público de clientes que se encuentren en los supuestos previstos anteriormente, a fin de que una sola instancia concentre la información de todas las instituciones de crédito y facilite la consulta por parte de los derechohabientes o sus familiares, para que con base en este registro la Conducef avise con oportunidad sobre los efectos que tendrá no reclamar dichos recursos o, en su caso, no realizar movimiento alguno.
Además se propone que los derechos sobre las cuentas inactivas prescriban a favor del patrimonio del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el propósito de fortalecer los fondos de prestaciones para militares retirados y pensionistas. Con esta medida se busca reconocer a los militares por su invaluable labor a favor de los mexicanos ante situaciones de inseguridad y desastres, principalmente.
La reforma apunta principalmente a las riquezas acumuladas en bancos por la delincuencia organizada y que por distintos motivos son abandonadas en los circuitos financieros del país. Fortunas que muchas veces son sustraídas por directivos de los bancos privados.
Así, de aprobarse esa reforma en el Senado de la República, los recursos abandonados se irían a un fondo presupuestal para atender uno de los principales problemas de este país, como es la violencia e inseguridad provocadas por bandas criminales relacionadas principalmente con el tráfico de drogas.
Como es sabido, el principal centro de lavado de dinero del mundo es el sistema bancario privado que, con y sin su consentimiento, permite que capitales de origen ilícito sean introducidos en los circuitos financieros y de allí desaparecerlos para quedar completamente lavados, circunstancia que también aprovechan los bancos porque con dichos recursos fortalecen sus finanzas al otorgar créditos sin importar que se trate de dinero sucio.
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