La protección de hasta 350 mil empleos en sectores estratégicos de la economía nacional es el objetivo central del Paquete Arancelario aprobado por el Congreso de la Unión, informó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón.
La medida, explicó durante la conferencia presidencial, responde al crecimiento acelerado de importaciones que ingresan al país a precios por debajo de los valores de referencia internacional, una práctica que ha generado condiciones de competencia desleal y una presión directa sobre el empleo industrial.
El funcionario advirtió que, de no haberse tomado esta decisión, México habría afrontado en 2026 una pérdida masiva de fuentes de trabajo, particularmente en industrias claves para la manufactura nacional. Detalló que las mayores afectaciones se habrían concentrado en la industria automotriz, que genera cerca de un tercio del empleo manufacturero del país, así como en los sectores del acero, calzado y textil-vestido.
Ebrard Casaubón precisó que las importaciones crecieron en los últimos dos años 12.4 por ciento en acero, 20.8 por ciento en vestido –incluidas las plataformas digitales–, 22.3 en calzado y 34 en la industria automotriz. De mantenerse esta tendencia, señaló, la pérdida de hasta 350 mil empleos habría sido inevitable, especialmente en entidades como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro, donde se concentra una parte significativa de la planta productiva nacional.
El Paquete Arancelario, enviado al Congreso el pasado 8 de septiembre por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no está diseñado para afectar a países específicos ni responde a una lógica geopolítica, subrayó el secretario de Economía, sino que se estructura por producto, con el objetivo de proteger industrias nacionales concretas.
En total, se identificaron mil 466 fracciones arancelarias correspondientes a 17 sectores industriales, entre ellos autopartes, autos ligeros, acero, textiles, vestido, calzado, aluminio, electrodomésticos, juguetes, muebles, vidrio, papel y cartón, motocicletas, marroquinería, así como jabones, perfumes y cosméticos.
Las medidas, explicó, aplican únicamente a importaciones provenientes de países con los que México no mantiene un tratado comercial vigente y consideran cupos de importación para empresas que producen y exportan desde el país, con el fin de no afectar cadenas productivas ni generar desabasto.
Durante el proceso legislativo, añadió más adelante, se realizaron ajustes relevantes –principalmente en autopartes, siderurgia, textiles y aluminio–, luego de que esas empresas señalaron que algunos insumos no podían sustituirse de manera inmediata o que su encarecimiento podría generar impactos no deseados.
Ebrard Casaubón aseveró que el diseño final del paquete buscó evitar presiones inflacionarias y que, de acuerdo con estimaciones oficiales, el impacto en los precios al consumidor será marginal, de alrededor de 0.2 por ciento, frente al beneficio de preservar cientos de miles de empleos. “Si no tomamos medidas ahora, dentro de un año la pregunta sería cómo recuperar esos 350 mil empleos ya perdidos”, enfatizó.
El funcionario vinculó esta estrategia con el Plan México, que plantea incrementar en 15 por ciento el contenido nacional de las cadenas productivas, sustituir importaciones, fortalecer el sello Hecho en México, elevar la inversión nacional hasta el 28 por ciento del Producto Interno Bruto y generar 1.5 millones de empleos, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90 por ciento de la economía nacional. También busca corregir el desequilibrio comercial con algunos países, donde por cada producto que México exporta se importan hasta nueve.
Finalmente, Ebrard Casaubón precisó que la política de protección al empleo se complementa con el avance de los Polos de Desarrollo, un proyecto estratégico para detonar inversión productiva y desarrollo regional. Actualmente, dijo, se trabaja en la consolidación de 15 polos, con inversiones concentradas principalmente en los sectores automotriz, logístico, energético y manufacturero, así como en proyectos estratégicos en Hidalgo, Puebla, Michoacán y Campeche.
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