Con el foro “Gestación subrogada. Vientres de alquiler, las otras voces”, el Senado de la República inicia el análisis para combatir la violencia de género por situación de pobreza y prohibir la explotación de mujeres. Es necesario que, mediante normas jurídicas, se evite que la gestación subrogada sea una nueva forma de explotación al sector femenino, expuso el senador José Narro Céspedes. Ellas, agregó, son “a quienes tenemos que proteger de éstas nuevas formas de violencia ocasionadas por la pobreza.”
En la inauguración de dicho foro, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Narro Céspedes señaló que al día de hoy, “en redes sociales, mujeres de entre 20 y 30 años ofrecen su vientre para ser alquilado con precios que pueden ir desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos”.
Agregó que al término de la gestación, las mujeres llegan a presentar un duro golpe psicológico ante el apego formado durante los nueve meses de embarazo, “que puede provocarles depresión al ser despojadas del ser que trajeron al mundo y ante la situación económica que presentan”.
En ese sentido, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que debe ser reglamentada con eficacia dicha práctica. No sin antes, “conocer a fondo las circunstancias que rodean los fenómenos.”
En su participación, Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud, dijo que dicho tema es fundamental y no se puede dejar de lado, ni cerrar los ojos. “Las y los senadores debemos proponer iniciativas para mejorar la situación de las mujeres y de la población que viven esta problemática”.
Por su parte, Alicia Miyares –investigadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Oviedo, España– señaló que el Senado de la República debería analizar el marco jurídico de los derechos de las mujeres con relación al negocio reproductivo. “Ya sea por razones comerciales o altruistas, se debe legislar para acabar con ésta práctica del alquiler de vientres”.
Ello, añadió, “es una problemática moral que debe llegar a su fin, porque la pobreza y las necesidades económicas de quienes rentan sus cuerpos no pueden servirnos de excusas para no plantearnos la necesidad de una legislación que atienda ésta situación”.
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