En el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma para sancionar hasta con 10 años de cárcel el delito de posesión, portación y/o tráfico ilegal de armas de fuego. La propuesta de la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes busca modificar el Código Penal Federal vigente, que establece una pena de uno a seis años por ese ilícito.
De igual manera, indicó, la sanción deberá aplicar a toda aquella persona que “fabrique, produzca, transporte, importe, venda, almacene o acopie, sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa”.
La legisladora señaló que en el caso de que servidores públicos incurran en un delito de esa naturaleza, la pena deberá ser incrementada en una tercera parte. Además, “se les aplicaría la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”.
En la iniciativa, la senadora señaló que “es necesario que las conductas del artículo 162 del mismo ordenamiento sean catalogadas como delitos graves, a fin de erradicar completamente la red ilegal de traficantes de armas de fuego”.
Covarrubias Cervantes advirtió que la delincuencia organizada en México se ha fortalecido con el tráfico ilícito de armamento. Asimismo, que está “vinculada a altísimos niveles de corrupción, que se generaron durante los sexenios anteriores, tanto a nivel federal, como estatal y municipal.”
“Este tipo de delincuencia está sustentada en buena medida por el uso de armas de fuego modernas y que han provocado que estas organizaciones tengan un poder equivalente o superior al de las Fuerzas Armadas”. Asimismo, indicó que durante los últimos años, la frontera de México con Estados Unidos se ha convertido en un foco rojo en el tráfico de armas.
Lamentablemente, dijo la senadora Covarrubias, hasta ahora tampoco se han presentado reformas en el Congreso de la Unión, “para propiciar un mayor control de armas ilegales, por lo que actualmente se conservan las mismas conductas y sanciones establecidas desde que se expidió el ordenamiento penal.”
Por ello, indicó, que con la iniciativa se busca “incorporar conductas que cubran esos vacíos en la norma, con el propósito de asegurar una adecuada procuración de justicia por parte de los fiscales, ministerios públicos, jueces y otras autoridades.”
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