La cancelación de permisos a organizaciones de la sociedad civil para operar como donatarias autorizadas –figura fiscal que les permite deducir impuestos– responde a “evaluaciones estrictamente técnicas” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y “no es una decisión política del gobierno”, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La primera mandataria informó que desconocía el listado de las organizaciones a las que les fueron revocadas el carácter de donatarias autorizadas, pues el listado del SAT incluye a poco más de 100, “les voy a ser muy franca, no sabía las organizaciones”.
La declaración de la presidenta ocurrió luego de que algunos medios de comunicación acusaron que se trató de una acción promovida por la actual administración en contra de asociaciones opositoras a los gobiernos de la Cuarta Transformación, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal recordó que la decisión del SAT, en el caso particular de la organización del empresario Claudio X González Guajardo, se tomó desde el sexenio anterior “Mexicanos contra la Corrupción –o ‘Mexicanos por la Corrupción’, más bien– viene del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le quitó la posibilidad de ser donataria, y el argumento del SAT entonces es que recibía dinero del extranjero”.
Enfatizó que el SAT funciona de manera autónoma, “no es que me pregunte, ‘oiga, presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación de una persona?’, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas”.
Indicó que las decisiones de las distintas instancias de gobierno no se concentran en su persona, “ni modo que todo le pregunten a la presidenta en el gobierno; para eso hay secretarías, para eso hay áreas; y cuando hay criterios técnicos, pues hay criterios técnicos […]; cuando hay decisiones estratégicas de la República, se discuten temas que tienen que ver con eso y no con el cumplimiento de la ley”.
Sheinbaum Pardo explicó que ella no puede intervenir en las decisiones de otras instancias: “¿cómo voy a ordenar yo que se detenga a un delincuente?, no; hay un procedimiento penal de investigación y de orden de aprehensión de un juez para que se detenga […]. ¿Cómo voy a ordenar, como presidenta, [detener a personas]? Pues no, sería ilegal”.
