La Comisión Nacional de los Derechos Humanos detectó una clasificación inadecuada de las personas privadas de la libertad en 258 de los 261 centros penitenciarios estatales supervisados, equivalentes al 98.9 por ciento. El organismo también advirtió deficiencias en la separación de las personas recluidas, así como en seguridad, higiene, prevención de la violencia y atención integral.

Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que supervisó 278 centros en las 32 entidades federativas: 261 estatales, 14 federales y tres prisiones militares. Los resultados muestran una tendencia general a la baja en las calificaciones respecto de años anteriores.

El organismo señaló que las calificaciones no aprobatorias oscilaron entre 4.37 y 5.94, mientras que la máxima fue de 8.26. En el caso de los sistemas penitenciarios estatales, 28 registraron un descenso respecto de 2024 y sólo cuatro mejoraron sus resultados.

Además de la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, la CNDH encontró una deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas en 235 centros estatales, equivalentes al 90 por ciento de los establecimientos de ese ámbito supervisados.

A ello se suma la insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos en 243 centros, equivalentes al 93.1 por ciento; deficiencias en las condiciones materiales y de higiene en 241 establecimientos, el 92.3 por ciento, y falta de personal de seguridad y custodia en 241, también el 92.3 por ciento.

Para la CNDH, estas condiciones no constituyen únicamente problemas administrativos, pues repercuten directamente en la seguridad, la salud, la integridad y la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.

El diagnóstico también identificó sobrepoblación en 129 centros estatales, equivalentes al 49.4 por ciento de los supervisados, y hacinamiento en 124 establecimientos, el 47.5 por ciento. El organismo consideró que ambos fenómenos constituyen una combinación que vulnera el derecho a una estancia digna y aumenta los riesgos para la integridad física y la salud mental de las personas recluidas.

La CNDH llamó a las autoridades a combatir esta situación y advirtió que el hacinamiento puede constituir una medida de restricción desproporcionada, incluso cuando no exista sobrepoblación.

En los 14 centros federales se identificó insuficiencia de mecanismos para presentar quejas por posibles violaciones a los derechos humanos. Además, en 13 se detectó falta de personal de seguridad y custodia, y en 12, deficiencias en la atención a personas adultas mayores.

La Comisión destacó que esta última problemática ya había sido señalada en el diagnóstico de 2024, pero aumentó el número de centros en los que fue detectada.

Durante la presentación, la CNDH manifestó preocupación por los incidentes violentos ocurridos durante 2025 y lo que va de 2026, algunos de los cuales han puesto en riesgo la vida de personas privadas de la libertad.

Por ello, llamó a recobrar la gobernabilidad de los centros penitenciarios, reforzar las medidas de seguridad y aumentar el personal de seguridad y custodia, que además deberá contar con capacitación en derechos humanos y condiciones laborales adecuadas.

El diagnóstico prestó particular atención a las condiciones que enfrentan grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y personas indígenas y afrodescendientes.

La CNDH también señaló la necesidad de fortalecer la atención a la salud mental y la prevención de adicciones, al advertir que persisten eventos suicidas y conductas autolesivas en diversos centros penitenciarios.

Asimismo, expresó preocupación por la presencia de mujeres en centros penitenciarios exclusivamente varoniles y por el ingreso extraordinario de adolescentes en conflicto con la ley a establecimientos penitenciarios, situaciones que, sostuvo, pueden vulnerar derechos fundamentales.

De igual manera, sostuvo que la privación de la libertad no debe convertirse en un segundo castigo mediante la vulneración de otros derechos. Por ello, llamó a las autoridades penitenciarias a atender las deficiencias señaladas y emprender acciones que permitan transitar hacia un modelo centrado en la dignidad humana y la reinserción social.

El organismo advirtió que mantendrá una revisión crítica de las condiciones penitenciarias y que los problemas identificados volverán a ser señalados si no se realizan cambios sustantivos.