En la lista parcial de víctimas y hechos violatorios de derechos humanos consecuencia de la violencia política del Estado en el pasado reciente que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se incluyen ocho casos graves ocurridos en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y el sexenio priísta de Enrique Peña Nieto. El primero que se enlista del periodo 2001-2016 es la represión de los pobladores de San Salvador Atenco que el 4 de mayo de 2001 se oponían al desalojo de un grupo de floricultores para construir un Wal Mart. El saldo fue de dos muertos y más de 200 personas detenidas sin órdenes de aprehensión. “Con casos de tortura y vejaciones, se les mantuvo incomunicados y las mujeres fueron violadas”.
En su primer Informe especial sobre violencia política del Estado, la CNDH también recupera la memoria en torno al asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, ocurrido el 19 de octubre de 2002. Ella “dejó unas videograbaciones en las que acusa al Ejército de cualquier cosa que pudiera pasarle a ella o a su familia”.
También del sexenio de Fox se enlista lo sucedido el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Al respecto, indica que por orden del entonces gobernador Peña Nieto, se llevó a cabo un operativo policial con el objetivo de acabar con el movimiento social contra el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. “Dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas resultaron detenidas”.
Acerca del gobierno de Calderón, recuerda entre el 16 y el 21 de mayo de 2007 ocurrió el “secuestro y desaparición de 38 trabajadores petroleros en Cadereyta, Nuevo León, incluido el dirigente sindical Hilario Vega, quienes venían luchando por un aumento salarial, se oponían a la privatización de Pemex y disentían del cacicazgo del dirigente nacional Carlos Romero Deschamps. Nunca se supo más de ellos”.
El informe apunta que en el gobierno de Peña, entre 2012 y 2015 se dio la “represión violenta contra 28 manifestaciones en la Ciudad de México. Más de 504 detenidos arbitrariamente acusados de ‘ataques a la paz pública’ y ‘ultrajes a la autoridad’, muchos de ellos sentenciados y mantenidos en prisión por casi 5 años”.
Agrega que el 30 de junio de 2014 ocurrió la matanza de Tlatlaya, Estado de México, donde entre 12 y 22 civiles fueron asesinados por militares en San Pedro Limón, tras un enfrentamiento. Otro caso que recuerda es el de Aquila, ocurrido el 19 de julio de 2015, cuando elementos del Ejército Mexicano reprimieron bloqueos en varios puntos de una carretera en Santa María Ostula, lo que dejó como saldo un niño asesinado de nombre Edilberto Reyes y 10 personas heridas. Para la CNDH, “los militares hicieron uso ilegítimo de la fuerza contra civiles, que fueron atacados con disparos de arma de fuego, inclusive en restaurantes y dentro de sus casas”.
Finalmente cita que el 19 de junio de 2016 “tuvo lugar un operativo represivo, en la comunidad de Asunción Nochixtlán en Oaxaca, en donde policías federales desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas educativas implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El operativo dejó al menos seis muertos y 108 heridos, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad”.
