En México, 210 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) todavía están autorizados por la Cofepris. De éstos, 171 se encuentran prohibidos o no autorizados en otros países, de acuerdo con un informe elaborado por el doctor Fernando Bejarano González. El también director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), alertó en conferencia que 67 de éstos tienen una toxicidad aguda muy alta, 45 se encuentran clasificados como probables y posibles cancerígenos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y 42 son tóxicos para la reproducción humana, es decir, que pueden perjudicar la fertilidad o fetos.

Su investigación también encontró que 46 de los 210 PAP autorizados en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), están catalogados como alteradores hormonales por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, que aplica tanto la Unión Europea como Japón.

Estas alteraciones, continuó en conferencia de prensa, “van a tener que ver sobre todo con afectaciones que después se van a manifestar en la niñez o la edad adulta, dado que este tipo de plaguicidas bloquea la acción de las hormonas”, que juegan un papel importante en las primeras semanas del embarazo en lo que respecta al “desarrollo neurológico, la conducta sexual, el metabolismo de una serie del funcionamiento del cuerpo humano”.

En cuanto a aquellos que afectan otros seres vivos, 79 de los autorizados son muy tóxicos para las abejas. La denuncia de la muerte de éste y otros tipos de polinizadores es un problema denunciado recurrentemente por comunidades afectadas, principalmente las mayas, pero no se ha resuelto, criticó el doctor Fernando Bejarano.

Asimismo, se han encontrado 17 de estos plaguicidas que son muy tóxicos para organismos acuáticos y otros 14 muy persistentes en agua, en el suelo o en los sedimentos.

El documento, en colaboración con las doctoras de la Universidad Autónoma de Nayarit, Aurora Elizabeth Rojas García y Yael Yvette Bernal Hernández, alertó que 19 de los 30 plaguicidas más vendidos en México, son PAP y están prohibidos en otros países.

A pesar de conocer el número de autorizaciones en el país, el doctor advirtió que no se tiene certeza de dónde se utilizan o en qué medida, pues no hay un registro público que mida la cantidad o el momento en que se aplican. “Lo que sí sabemos es que se a lo largo y ancho del país por productores a pequeña, mediana y gran escala”.

Los prioritarios

De todos los 210 plaguicidas altamente peligrosos, hay unos cuantos que las y el investigador han destacado como prioritarios para prohibirse en México. Entre ellos el insecticida clorpirifo etilo. En su participación, la doctora Aurora Rojas mencionó que en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, se tomó la decisión –en mayo de 2025– de prohibir a nivel mundial este producto.

Es un neurotóxico que afecta en edades tempranas, explicó la doctora; que está asociado con la disminución en el coeficiente intelectual de las y los niños, el desarrollo de ciertas conductas y la pérdida de habilidades indispensables.

Usado en la agricultura y en ambientes domésticos, es muy estable en el ambiente, se puede bioacumular en los organismos, puede recorrer grandes distancias, y no hay niveles seguros de exposición, a diferencia de otros químicos, añadió.

Debe quitarse, además, de la lista de plaguicidas autorizados para el control de vectores -como los mosquitos de dengue-, y recomendados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), complementó el doctor Fernando.

En este sentido, urgió a que las autoridades prohíban, de igual manera, otros plaguicidas como el fipronil (incluido en los de mayor venta en México), neonicotinoides, imidacloprid y tiametoxam, que son causantes de muertes en abejas, y el herbicida glifosato.

Violación a derechos humanos

“Todo este conjunto de plaguicidas representa una violación a nuestros derechos humanos”, como al medio ambiente sano, salud de niños y niñas, agua, una alimentación adecuada; pero también el derecho al conocimiento, la ciencia, aseveró el director de RAPAM.

Por tanto, mencionó que en el informe se recomienda a las autoridades a “establecer una política de Estado sobre plaguicidas altamente peligrosos con un enfoque de derechos humanos, que permita cumplir con la recomendación de la CNDH 82/2018”, para la coordinación intersecretarial que elabore programas para la prohibición gradual y reducción del uso de los PAP, “a la par de profundizar una política de transición agroecológica”.

De igual manera, dijo, actualizar el Reglamento de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas para que se definan los PAP tomando en cuenta los criterios de la FAO y la OMS, así como los de la Red Internacional de Plaguicidas o Red de Acción en Plaguicidas Internacional, a fin de establecer “nuevas regla en las autorizaciones e importaciones de plaguicidas […], con ‘objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables’ según la recomendación de la CNDH 82/2018”.

En este sentido, para lograr la medición y evaluación recomendada, propuso “crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo, así como sus efectos adversos, con un presupuesto adecuado”.

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