La familia Calzada concentra 628 mil metros cúbicos de agua en el estado de Querétaro en cinco títulos para riego agrícola; sin embargo, se utilizan “para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo”, y otra parte para vender agua en pipas, reveló Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El director de la Conagua informó que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Calzada Mercado, y el exgobernador de la entidad (2009-2015) por el mismo partido político, José Calzada Rovirosa, forman parte de la familia que acaparó el recurso hídrico.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la familia incurrió en un uso irregular, ya que mientras la Conagua “le daba un título de concesión para producir alimentos, [la familia] no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión; de esa concesión usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua”.

Durante la conferencia matutina presidencial, se proyectó la participación del diputado Calzada Mercado en la discusión sobre el proyecto para modificar la Ley de Aguas propuesta el año pasado.

En su intervención, el legislador manifestó su postura en contra: “en el grupo parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro: México necesita una Ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia; una Ley que garantice agua para vivir, no para especular. Por eso, por convicción, por responsabilidad y por respeto al pueblo de México, mi voto es en contra”.

Por ello, la primera mandataria criticó la postura del diputado, pues mientras defendía que ‘el agua es para el pueblo’, “en realidad, estaban haciendo un uso de esa agua”. En tanto, Efraín Morales indicó que se trata de uno de los lugares con mayor déficit hídrico del país.

La jefa del Ejecutivo federal, destacó que, en el contexto de la aplicación de la nueva Ley de Aguas –vigente desde finales de 2025–, se les retiró la concesión y se les clausuró dos veces, porque en la primera ocasión se ampararon.

Mientras, Morales López detalló que con las modificaciones a la ley “se sanciona, se puede clausurar, se puede extinguir la concesión y, además, se aplican multas de hasta 3 millones y medio de pesos para estos casos de abuso”.