En un clásico ‘sabadazo’, la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, cambió la medida cautelar contra ocho militares vinculados a proceso por su probable participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, al dictarles libertad condicional. Ante ello, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó la decisión.
En un comunicado, la CoVAJ señaló que este cambio se dio en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en beneficio de los ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta decisión echa por tierra los intentos de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), de que los militares estuvieran sujetos a una medida de resguardo domiciliario.
La jueza determinó que a los ocho imputados se les apliquen las siguientes medidas cautelares:
- Firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso.
- Garantía económica de 50 mil pesos.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él.
- Prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas.
- Prohibición de acercarse al estado de Guerrero.
- Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.
“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados ‘sabadazos’, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, advirtió la CoVAJ.
El cambio de medida cautelar “no exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla.
“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”, añadió el funcionario.
Asimismo, indicó que “la CoVAJ se coordinará con la Ueilca para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad para este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México”.
