En el complejo tema del crimen trasnacional, es imperativo hacer a un lado los procesos mediáticos, las coberturas políticas y la falsificación ideológica. Debemos presentar los hechos crudos, brutales y despojados de ropaje diverso. De esta manera, podremos entender lo que ha sucedido.
En el vértice, ha estado la máxima instancia del poder público, constitucional: la presidencia de la república. Se ha visto degenerada, capturada y usada para fines criminales. Eso es lo que hemos presentado a la sociedad mexicana desde este ensayo seriado en cinco partes.
El Cártel de Sinaloa había crecido. Era un poder paralelo fáctico; sobre todo, en los espacios públicos de inteligencia, seguridad, cuerpos armados y procuración ministerial de la justicia. Asimismo, resultaba ser una parte destacada de una alianza criminal.
Igualmente, hubo una especie de institucionalización de esta organización del crimen trasnacional. En México, fungía como un gran aliado en la cúspide del poder público.
Era tal la fuerza ostentada por sus líderes que la Comisión Criminal de Chicago había nombrado al Chapo Guzmán como “enemigo público número uno” en 2013, al término del gobierno de Felipe Calderón. Este título sólo había sido concedido a Al Capone en 1930 (Ibarra, pág. 25).
El poder de “los Sinaloa” era regio, omnímodo, pleno. Por ello, el encuentro y negociación de Nemesio Oseguera, el Mencho, con Genaro García Luna es determinante. Además, no olvidar que, en agosto de 2012, fue liberado como parte de los acuerdos pactados.
Ambos eventos constituyeron un giro de 180 grados para la futura geografía criminal. Era lógico que esa nueva guerra disparara la violencia y los homicidios dolosos. En 2017, alcanzaron una cifra récord.
Para lograr el predominio criminal, era necesario asestar golpes severos a “los Sinaloa”, encarcelar a sus líderes, vulnerar su estructura operativa. De esta manera, desbrozar el camino a la nueva alianza de contrapoder criminal.
Genaro García Luna tenía confianza plena en el fiscal de Nayarit, Édgar Veytia. Del acuerdo celebrado con el Mencho, quedó como testigo y garante de los compromisos: dinero, información y apoyos.
Peña Nieto tuvo una doble actitud y una doble línea política hacia García Luna, a quien conoció siendo gobernador del Estado de México. A su vez, el hombre que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de México con Calderón sabía quién era el nuevo presidente electo.
También, conocía que había comprado millones de votos mediante una estructura de financiamiento paralelo que investigó el IFE. De esta manera, Peña Nieto había ganado la elección de 2012, para proseguir con la captura del Estado en esta alianza criminal bipartidista.
En un primer momento, el priísta negó cualquier posibilidad de que García Luma tuviera un cargo en su gabinete. Trató de borrar su paso por la SSP. Esta última fue convertida en subsecretaría integrada a la Secretaría de Gobernación, bajo la responsabilidad de Miguel Ángel Osorio Chong.
Al final, Peña Nieto no rompió relaciones. Varias empresas privadas fueron entregadas al ahora preso en Estados Unidos y a sus cómplices por contratos de miles de millones de pesos. Asimismo, se proveyó recursos a empresas fantasma.
Con el uso de prestanombres, tuvo acceso al presupuesto público. Igualmente, se archivaron los temas escabrosos, en los que se había involucrado con el narcotráfico regional-globlal (Cruz, pág. 104). En resumen: captura del Estado, pillaje de recursos, corrupción e impunidad para García Luna, FECAL y también, para Peña Nieto mismo.
Una vez que García Luna fue preso en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó una red de triangulaciones de dinero. La misma se realizó desde distintas empresa en diversos países.
Muchas de ellas, propias y familiares, estaban amparadas en 30 contratos con distintas instituciones y organismos de seguridad pública, por un aproximado de 745.9 millones de dólares –unos 13,500 millones de pesos–. Para sus operaciones, se utilizaron paraísos fiscales. De igual manera, existen depósitos bancarios, inversiones y bienes muebles e inmuebles.
En este tema, García Luna no es el único responsable. Las personas, quienes firmaron las instituciones y organismos públicos (Infobae, Hernández, 1 de marzo, 2023), tienen la misma culpa por haberse apropiado de los recursos públicos. Hoy, se está tratando de reintegrar estos activos al patrimonio mexicano, mediante un juicio en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida. Sigue el proceso.
Durante el gobierno de Peña Nieto, la recaptura del Chapo Guzmán o de Ismael, el Mayo Zambada, así como otros golpes severos a la estructura de la organización criminal eran prerrequisitos. Debían crear las condiciones favorables a una estructura delictiva (CJNG). Ésta era la encargada de reducir la capacidad de presión y negociación del Cártel de Sinaloa. En realidad, era mucho más que eso: un poder paralelo al instituido.
Y ese factor disruptivo fue puesto en juego: la guerra contra los Beltrán Leyva se recrudeció cuando el Chapo pagó 1 millón de dólares a García Luna, para que capturara al Mochomo. Astuto como siempre, el exsecretario cedió la ubicación al ejército mexicano para el efecto –otra coartada con cobertura mediática–.
El 8 de mayo de 2008, el cártel de los hermanos Leyva respondió con el asesinato de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo. Anteriormente, también habían matado a Arturo Guzmán Loera (diciembre de 2004), en la prisión de Almoloya de Juárez, Estado de México. La guerra desgastante entre ambos cárteles entró en una segunda fase.
En esta guerra, el Chapo fue objeto de una traición devastadora. En ésta, es difícil pensar que estuvo ausente la mano de Ernesto Guzmán Hidalgo, su medio hermano, narco mediano y amigo de Caro Quintero. A principios de 2014, filtró información al procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, con la ayuda de Dámaso López Núñez, sobre la ubicación del líder del Cártel de Sinaloa.
Después de 13 años de “libertad”, el Chapo fue detenido el 22 de febrero de 2014. Posteriormente, fue internado en Almoloya de Juárez, de donde se fugó por segunda vez, el 11 de julio de 2015.
Sin embargo, el 8 de enero de 2016, fue capturado de nuevo. Más tarde, fue entregado al gobierno de Estados Unidos, el 19 de febrero de 2017. En este país, se realizó el llamado “juicio del siglo” en julio del mismo año, el cual culminó con la condena a cadena perpetua (Lemus, págs. 220-221).
El enorme riesgo, que este habilidoso capo encerraba para sus múltiples asociados en el poder público mexicano, se destruyó de esta manera. El medio hermano pagó la traición con su vida, a manos de otro hermano: Aureliano Guzmán Loera, el 11 de abril de 2015. Tras esto, el Cártel de Sinaloa se debilitó. Siguió una lucha interna encarnizada, por regiones y Estados. Mientras tanto, el CJNG aprovechó estos eventos y se expandió.
Fuera de México, García Luna quedaba intocado. Se mataban entre ellos, mientras el narco funcionario público se dedicaba por entero a los negocios de tecnología para inteligencia y seguridad. Parecía una jugada perfecta.
Es importante destacar un hecho importante: en la recaptura del Chapo en 2014, el periodista Jesús Esquivel comentó que hubo involucramiento de agentes de la DEA, la CIA y de los alguaciles federales en dicho arresto (Ibarra, pág. 156).
Obviamente, el gobierno de Peña Nieto permitió su entrada y acción sin ningún trámite o permiso de por medio. Claro, había sido declarado “enemigo público número 1” en Estados Unidos.
La nueva fuga del Chapo Guzmán se realizó con una obra de excavación y construcción imposible de no detectar: el túnel tuvo una extensión de un kilómetro de longitud. El asesor de la ONU y especialista, el doctor Edgardo Buscaglia, calificó este evento como “una fuga institucional”, a partir de un proceso de “mafiocratización”.
Junto a otros graves eventos, implicó la debacle política del gobierno del presidente Peña Nieto, por el horror y corrupción del sistema penitenciario y las consecuencias criminales (Ravelo, págs. 103-104).
El entonces comisionado de Seguridad Nacional del expresidente priísta, Alejandro Rubido, afirmó:
“Los constructores del túnel utilizaron sistemas silenciosos, especializados en la ruptura del concreto. […] Ninguna autoridad del penal de la Palma se percató de ruido alguno, todo fue hecho con altos estándares de ingeniería” (Ídem, pág. 108).
Estas explicaciones son para retrasados mentales. La tecnología criminal es superior a la usada en los penales de alta seguridad del país. En éstas, las autoridades fueron iguales en corrupción y vileza.
La fuga evidenció el control del crimen trasnacional sobre el devastado y putrefacto modelo de “reclusión penitenciaria”. El problema no son los muros, sistemas de vigilancia, ni la localidad de los penales, sino las complicidades locales, estatales y federales, las cuales hacen posible cualquier suceso.
Esto es un tema estructural-institucional. Los videos mostrados dieron cuenta de los fuertes ruidos escuchados ante la impasividad de custodios y monitoristas.
El CJNG tuvo una expansión territorial vertiginosa. Al principio del gobierno de Peña Nieto, Nemesio Oseguera aún no se desprendía de la estructura criminal de “los Sinaloa”. Operaba en tres Estados, pero al término de esa administración, se había posicionado con sus propios contingentes armados en 24 Estados de la República.
Desde sus propios esfuerzos, Nemesio Oseguera se fusionó con lo que quedaba del Cártel del Milenio (los hermanos Amezcua) y con los hermanos Valencia, conocidos como “los reyes de las anfetaminas”. Este proceso organizativo dio estructura fija y operativa al nuevo agrupamiento criminal.
Nacho Coronel estaba al frente. Con su muerte, la estructura se dividió en La Resistencia. Nemesio Oseguera y Erik Valencia eran los brazos fuertes de Nacho Coronel. Una vez detenido el segundo, el liderazgo del Mencho fue absoluto en el CJNG.
Se desató una guerra por el puerto de Manzanillo, en Colima. El CJNG prevaleció y siguió su expansión. Crearon un nuevo brazo armado: los “Mata Zetas”. Y siguieron creciendo.
En el contexto de este reacomodo de fuerzas delictivas, los homicidios dolosos llegaron a niveles récord en los últimos 20 años. Estados Unidos concentró sus fuerzas en tratar de destruir al CJNG, el nuevo “enemigo número 1”.
La clave del gran poder fue la especialización en la oferta de opiáceos; es decir, metanfetaminas y el fentanilo, sin dejar de traer cocaína y vender heroína. Asimismo, se diversificó hacia otras actividades criminales como la extorsión, el secuestro, el robo de hidrocarburos, el tráfico de personas y migrantes y el tráfico sexual de mujeres. Esto repercutió en una inmensa maquinaria de lavado de dinero. También, las alianzas locales y regionales se multiplicaron.
De acuerdo con información del Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala, entre enero de 2011 y diciembre de 2019, el CJNG estuvo involucrado en 1 mil 493 enfrentamientos contra otros grupos; especialmente, el Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel de Santa Rosa de Lima y la Nueva Familia (Infobae, 3 de octubre, 2023).
Sin embargo, la protección oficial es el otro gran vector explicativo de la expansión vertiginosa. A nivel del poder ejecutivo y estatal, se le dio cobertura política al CJNG: “el cártel de Jalisco se entronizó en el poder en todo el estado y comenzó su expansión vertiginosa. […] En Jalisco, el cártel que encabeza Nemesio Oseguera no ha sido ajeno a la protección oficial. Su expansión coincide con el arribo al poder del gobernador Aristóteles Sandoval” (Ravelo, pág. 170).
Recapitulando: si tomamos en consideración, la liberación directa de Nemesio Oseguer, el acuerdo de García Luna con el nombrado, la recaptura del Chapo Guzmán y la declaración de Alex Cifuentes sobre el soborno a Peña Nieto desde la campaña electoral, podemos concluir que se trata de un conjunto de acciones que favorecen la expansión del CJNG. Esto está asentado en números.
En esta dirección conclusiva, está el informe de la FGR de noviembre de 2021: “el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, no combatió lo suficiente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se expandió con cierta complacencia desde 2011 cuando se escindió del Cártel de Sinaloa. […] De las 3 mil 476 personas vinculadas con el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico que fueron detenidas durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), sólo 225 estaban relacionados con el grupo que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’. […] En contraposición, fueron Los Zetas, con 1 mil 99 detenidos; el Cártel del Golfo, con 893; los Caballeros Templarios, con 493; y los Beltrán Leyva, con 344, las organizaciones más perjudicadas por la administración de Peña Nieto” (Chicago Tribune, noviembre, 2021).
El conjunto de factores gravitantes presentados no son elementos concluyentes, pero sí de análisis. De éstos, se pueden extraer conclusiones de orden teórico-cualitativo.
La hipótesis se deriva de las acciones y omisiones establecidas. Jugaron en favor del fortalecimiento inusitado del CJNG. A su vez, se debilitó al Cártel de Sinaloa.
Se replanteó la estructura y la geografía criminal. Al mismo tiempo, se modificó la interlocución privilegiada con el gobierno. Por último, se colocó a una nueva potencia del crimen trasnacional organizado en el escenario regional e internacional. El gobierno del presidente Peña Nieto por acción y omisión fue determinante.
Otro dato inusitado sobre las sospechas de un “acuerdo tácito o explícito” Peña Nieto-CJNG fue el descongelamiento de 722 cuentas –procesadas por la UIF–, el 4 junio de 2018, un mes antes de que López Obrador ganará la elección.
Éstas rebasaron los 1,100 millones de pesos. Además, habían otros 18 millones de dólares, los cuales también habían sido congelados por la UIF-SHCP. Con este dinero, fueron beneficiadas algunas organizaciones criminales como “los Sinaloa” y “los Jalisco”, entre otros.
Estos hechos suscitaron suspicacias: el presidente Peña Nieto sabía que devolvía el control de cantidades ingentes de dinero al crimen transnacional, a los dos macro agrupamientos delictivos; particularmente, al CJNG (Barlovento, junio 2020). Dio la impresión que estaba pagando deudas atrasadas. Hablamos desde el sentido común, solamente.
Con esta entrega, concluimos esta serie de textos. Mediante estos ensayos hemos dado cuenta de nuestra interpretación de un proceso ideológico- político a lo largo de los tres sexenios anteriores.
Hemos hecho una interpretación sustentada en la información realizada a través de fuentes citadas. La interpretación fue realizada por nosotros, con apoyo en nuestra propia formación y praxis profesional.
Es evidente que los testimonios, afirmaciones y aclaraciones, precisiones, referencias y citas presentadas merecen la credibilidad. Presentan hechos que sólo pueden saber quienes han estado ligados a tales espacios de interrelación en el crimen organizado.
Éstos son las altas autoridades políticas del país, altos miembros de la procuración de justicia, de las instituciones de seguridad, algunos periodistas vinculados con los hechos antes mencionados, altos funcionarios de los cuerpos armados, agentes del ministerio público federal, jueces y magistrados.
Obviamente, las delaciones o traiciones entre actores y organizaciones de esta naturaleza son una sentencia de muerte. Nadie va a aceptar que fueron partícipes en este tipo de hechos. Menos aceptarán que ciertas versiones son verdaderas.
De igual manera, para otras personas, no son hechos creíbles, por venir de quienes vienen y señalar lo que señalan. Debemos tomar en cuenta que las fotos, los videos, los audios, los textos y cualquier medio puede ser truqueado, falsificado. Sólo peritos de alta calificación pueden desenmarañar el entuerto de la verdad o falsedad. No es nuestro caso.
Sin embargo, también es fácil mentir en los tribunales mexicanos o latinoamericanos. Es un tanto más complejo engañar a la justicia de Estados Unidos, aunque se puede hacer. Eso sí; comparativamente, hay un desarrollo varias veces superior en recursos, medios e instrumentos.
Si alguien cree que los políticos mexicanos aquí mencionados son incapaces de verse involucrados con el crimen organizado, es respetable su opinión. Si los considera capaces de esto y mucho más, como es mi caso personal, entonces dará credibilidad a lo aquí presentado.
Nuestra metodología debe quedar clara: un análisis de doble vertiente: el primero, cualitativo de los hechos presentados, mediante una investigación bibliográfica. Y el segundo, comparativo, de carácter convergente. Es decir, se establecen hechos y se contrasta con lo dicho por una u otra fuente de información. Llegan a determinadas conclusiones u opiniones, similares o iguales entre sí. Aquí, tenemos los resultados.
Nos hemos centrado en los hechos considerados de mayor relevancia en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Incluye, por supuesto, sus relaciones con las estructuras de la criminalidad trasnacional y su supuesta “guerra contra el narcotráfico”. Ésta ha sido la pieza central de los apoyos, asociaciones y complicidades con las organizaciones del delito.
La lógica de esta investigación me conduce a continuar con una retrospectiva histórica para explorar los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo sobre estos mismos temas. De esa manera, señalar cómo estos presidentes y su círculo estrecho de colaboradores fueron los últimos eslabones de una cadena de criminalidad e impunidad, a partir de la captura del Estado.
Por ello, hemos denominado estos eventos como “asalto al poder público de un cártel político criminal transnacional”. Duró 30 años y cobijó un nuevo modelo de desarrollo denominado “modelo neoliberal”, un proyecto y programa de dominación política alternada, para desarrollar la captura criminal del Estado.
Jorge Retana Yarto/Quinta y última parte*
*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM
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