Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de Colombia, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron un comunicado conjunto en el que “expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.

En la misiva, los países aseguraron que “para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica’, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.

Por ellos, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro Urrego, Alberto Fernández y Luis Arce Catacora llamaron “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

Asimismo, las cuatro naciones solicitaron a las autoridades peruanas “que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.

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