El incesante flujo migratorio que llega a México de Centroamérica y el Caribe, en el afán de miles de personas por ingresar a Estados Unidos, está abonando un silencioso problema social y económico de consecuencias catastróficas al mediano plazo. Si no se atienden de raíz los problemas estructurales que lo generan en sus países de origen, cada vez un mayor número de extranjeros solicitarán su permanencia en calidad de refugiados o adquirirán la nacionalidad al dar a la luz a sus hijos en territorio nacional.

El potencial de la economía estadunidense sigue siendo el mayor atractivo de miles de centroamericanos para escapar de la miseria y la única salida viable para huir del ambiente de violencia extrema, inseguridad y falta de empleo que priva en sus zonas marginadas tanto en el campo como en las ciudades.

Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en el mayor receptor de migrantes en el mundo, condición conservada hasta la fecha. Históricamente, la potencia mundial basó buena parte de su economía en la inhumana explotación de esclavos traídos de África, hasta antes de la abolición de la esclavitud, en 1865.

La construcción de su red ferroviaria, sobre todo de su ruta transcontinental, iniciada en 1862, se realizó gracias a la mano de obra barata de grupos de migrantes irlandeses, pero sobre todo asiáticos; unos 15 mil de ellos de origen chino, ahorraron millonarias sumas a los constructores al pagarles salarios muy inferiores a la jornada de 3 dólares.

Usar a México como trampolín para brincar a suelo estadunidense, es una costumbre más longeva de lo que se cree pues, por ejemplo, en plena efervescencia de la Fiebre del Oro en California, allá por 1848, muchos de los aventureros centroamericanos y hasta australianos que deseaban probar suerte como gambusinos cruzaban nuestro territorio como vía de acceso.

A la fecha, el número de migrantes que radican en Estados Unidos, además de la numerosa población afrodescendiente, se calcula en unos 50 millones de personas, de los cuales más de 20 millones son de origen mexicano y centroamericano.

La crisis social derivada del modelo económico salvaje y depredador del neoliberalismo, impuesto por muchos gobiernos del continente por las dictaduras militares y después por políticos sumisos a los lineamientos del Consenso de Washington y los dictados de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha agudizado en la última década por el crecimiento exponencial de grupos delincuenciales que han terminado por imponer el terror en muchas zonas marginadas, sobre todo de naciones centroamericanas. Antes la gente huía de la región por los golpes de estado y los conflictos armados, hoy lo hace por la incontrolable inseguridad generada por pandillas de mafiosos.

Las grandes corporaciones trasnacionales que se han apoderado de las riquezas de los países pobres como el petróleo o sus recursos mineros, han impuesto por añadidura las reglas de una descarnada explotación laboral alentando la creación de trabajos cada vez más precarios.

Con economías exiguas que no generan empleos permanentes y decorosos en las ciudades y menos en las zonas rurales, a la gente no le queda otra alternativa que emigrar hacia el gigante del norte, aún a costa de exponer sus vidas, pues atravesar el territorio mexicano controlado por grupos del crimen organizado, es un periplo de alto riesgo.

Muchos mueren en el intento y otros más son víctimas de extorsiones o terminan cooptados por las bandas delincuenciales. La inseguridad que los obliga a abandonar sus lugares de origen los persigue hasta nuestro territorio por lo que cientos, tal vez miles de familias terminan desintegradas mucho antes de alcanzar la frontera norte.

Nuestro propio país se convirtió en expulsor mayorista de mano de obra agrícola, luego de que tras la firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el secor agropecuario mexicano se fue a la quiebra. Hasta hoy, miles de comunidades subsisten del envío de remesas, mismas que durante el periodo de diciembre de 2020 a noviembre del 2021, alcanzaron la cifra histórica de 50 mil millones de dólares.

En todo este escenario, los presidentes estadunidenses han venido endureciendo su política antimigratoria, al grado de emplear los tratados comerciales firmados con nuestro país, como instrumentos de presión para convertir a México en su barrera de protección para frenar el ingreso de ríos de migrantes en la Frontera Norte.

Este fenómeno ya comienza a abonar un problema social que puede verse reflejado en el mediano plazo si se considera que cada vez crece el número de migrantes solicitantes de refugio en México. Tan sólo en el primer trimestre de este año, unas 29 mil 574 personas han solicitado la protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), tal cifra representa un incremento del 32 por ciento con respecto al mismo periodo del 2021, cuando se registraron 22 mil 456 solicitudes de refugio.

Mover miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para frenar la migración ha resultado una aspirina contra un cáncer en metástasis, conllevando a nuevas circunstancias como el hecho de que miles de migrantes desistan de su anhelo por alcanzar el sueño americano y se queden a trabajar en México en áreas como la construcción y en condiciones realmente inhumanas y con bajos salarios.

Otros muchos están siendo reclutados por el crimen organizado para delitos como el tráfico de órganos, el trasiego de drogas o el sicariato, además, suman ya varios cientos de mujeres embarazadas que han dado a luz en nuestro país, razón por la que sus hijos adquieren en automático la nacionalidad mexicana.

Si bien por el momento los efectos sociales que este nuevo fenómeno puede generar no son tan visibles, al paso de los años desencadenarán una serie de condiciones muy desfavorables para los mexicanos que pasen a ingresar a la población económicamente activa, al enfrentarse a un mercado laboral precarizado por el hambre y la necesidad de ríos de migrantes.

El círculo vicioso que origina la expulsión de miles de familias centroamericanas terminará lamentablemente por reproducirse en México sino se hace algo al respecto, sin excusas ni demoras.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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