La FGR cateó dos bodegas vinculadas con Ingemar, empresa relacionada con Ernesto Ruffo Appel, y aseguró documentos que podrían ampliar la investigación por huachicol fiscal. Los indicios hallados se integran por pedimentos, contratos y actas, y serán analizados para conocer cómo operaba su estructura de comercio exterior. El caso surgió tras el hallazgo de 33 ferrotanques con 3.96 millones de litros de hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en 2025. La Fiscalía señala que el posible daño al erario supera los 4 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó cateos en dos bodegas vinculadas con Ingemar, SA de CV, empresa relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y aseguró documentación que podría aportar nuevas líneas de investigación sobre la red de tráfico de combustibles en la modalidad de huachicol fiscal que las autoridades consideran una de las más grandes detectadas hasta ahora.

Con un mensaje a la nación, el pasado 26 de agosto la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el cateo se realizó en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Entre los documentos asegurados se encuentran pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos, que permitirían establecer la forma en que presuntamente se simulaban operaciones de comercio exterior. También fueron localizados documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya son investigados por la FGR.

De acuerdo con Godoy Ramos, el análisis de la información asegurada permitió identificar indicios relevantes sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, lo que aporta mayores elementos para establecer el modus operandi de la organización y permitirá abrir nuevas líneas de investigación.

Señaló que la red criminal estaría vinculada con Ernesto Ruffo y otras 24 personas ligadas al esquema de tráfico de hidrocarburos, de las cuales nueve ya fueron detenidas.

Ante los señalamientos y argumentos que han surgido en la conversación pública sobre el caso, Godoy Ramos subrayó que la Fiscalía respeta la presunción de inocencia y el debido proceso de todas las personas relacionadas con las investigaciones.

“Cada uno de los vinculados a proceso cuenta con las garantías de ley para ejercer su defensa”, afirmó la fiscal, quien señaló que los documentos asegurados forman parte de las carpetas de investigación y deberán ser valorados conforme a los procedimientos establecidos.

La funcionaria también se refirió a la situación jurídica de Ernesto Ruffo, al señalar que hasta el momento la FGR no ha sido notificada de que su defensa haya solicitado un cambio de medida cautelar para que la prisión preventiva oficiosa que enfrenta sea cumplida bajo prisión domiciliaria.

En contraste, indicó que la Fiscalía tiene conocimiento de que durante su internamiento se le garantizan los cuidados de salud correspondientes y que sus derechos son respetados.

Una investigación que comenzó en Coahuila

La investigación se remonta al 7 de julio de 2025, cuando las autoridades federales localizaron 33 ferrotanques abandonados cerca de una estación ferroviaria en Ramos Arizpe, Coahuila, que contenían alrededor de 3.96 millones de litros de hidrocarburo. Ese hallazgo fue la punta de lanza para que las autoridades llegaran a una operación de mayor alcance.

El 17 de julio de 2026, la FGR informó que la red operaba a partir de declarar ante las autoridades aduaneras únicamente 10 por ciento de la capacidad real de los ferrotanques, con el propósito de evadir el pago de impuestos.

La operación investigada consistía en introducir derivados del petróleo provenientes principalmente de Estados Unidos y declararlos como productos diferentes, en cantidades menores o sujetos a un menor pago de impuestos.

El mecanismo es conocido como huachicol fiscal y, de acuerdo con las autoridades, implicaba una estructura que incluía importadoras, agencias aduanales, compañías ferroviarias, servicios portuarios, transportistas y empresas encargadas de comercializar el combustible.

La dependencia estableció que, una vez ingresado el producto al país, era trasladado por ferrocarril hasta puntos de descarga, donde posteriormente era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a distintas empresas para su distribución.

Las investigaciones permitieron ubicar operaciones relacionadas con la estructura en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México.

El vínculo con Ingemar

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía el 27 de julio de 2026, la empresa Ingemar, SA de CV fue constituida en 2018 en la Ciudad de México; sus fundadores fueron José Merino Valdés Cuervo y las personas morales Dragados y Puertos, S de RL de CV, y Servicios Portuarios, SA de CV.

Dos meses después, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ruffo Apple ingresó a la estructura societaria mediante su incorporación al capital variable; y para 2021, además de figurar como accionista, fue designado secretario del Consejo de Administración, posición desde la cual, según la investigación ministerial, participó junto con otros socios en actos corporativos, representación legal y decisiones relacionadas con la operación de la sociedad.

La empresa ya había sido objeto de actuaciones judiciales antes de la investigación actual; su permiso para importar energéticos fue cancelado después de que no acreditara contar con instalaciones para almacenar los combustibles. Posteriormente, como lo documentó Contralínea, un amparo concedido por el entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro permitió la restitución de la autorización.

Detención de Ruffo y avance de la investigación

El 16 de julio de 2026 la FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel y a otras cuatro personas como parte de un primer bloque de órdenes de aprehensión contra 25 objetivos identificados en la investigación. La Fiscalía señaló que los detenidos eran investigados por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles.

Ese mismo día, la FGR informó que el análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior permitió identificar una estructura de gran escala. De acuerdo con los datos difundidos entonces, la organización habría utilizado 162 carros de ferrocarril para introducir combustible de manera irregular.

La Fiscalía también reportó operaciones financieras que consideró relevantes: ingresos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas superiores a 1 mil 386 millones de dólares, además de movimientos en 80 cuentas vinculadas con la empresa que, según la investigación, podrían constituir un esquema de triangulación de recursos.

Daño al erario y operaciones financieras bajo investigación

La FGR señaló que la investigación apunta a un posible perjuicio millonario para la Hacienda Pública. Según información proporcionada por la Fiscalía el 27 de julio de 2026, mediante el comunicado 482/26, el cruce de datos entre autoridades aduaneras y fiscales permitió identificar miles de operaciones presuntamente irregulares durante 2025.

En una comunicación previa, la institución indicó que el perjuicio fiscal, inicialmente imputado por el contrabando detectado en los ferrotanques, superaba los 100 millones de pesos, pero que el análisis de más de 4 mil operaciones podría elevar el daño patrimonial a más de 4 mil millones de pesos, cifra que tendría que ser acreditada durante la investigación complementaria.

La Fiscalía también reportó indicios de operaciones financieras que involucran a la empresa investigada. Según la información difundida, se identificaron flujos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones en divisas por más de 1 mil 386 millones de dólares, además de movimientos entre alrededor de 80 cuentas que son analizados por posibles esquemas de triangulación.

Ruffo niega señalamientos; FGR descarta persecución política

El caso provocó cuestionamientos políticos después de la detención de Ruffo Appel. El exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, sostuvo públicamente que el exgobernador era víctima de una persecución política y cuestionó que su relación con Ingemar fuera suficiente para acreditar su responsabilidad.

El 27 de julio de 2026, la FGR rechazó esos señalamientos y sostuvo que “Ernesto [Ruffo] no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos”, sino que es investigado por su probable participación en delitos relacionados con el contrabando de combustibles y asociación delictuosa.

La institución afirmó que los datos obtenidos durante más de un año de investigación apuntan a su participación dentro de la estructura empresarial vinculada con la importación de hidrocarburos.

El 17 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Ruffo respondiera a una persecución política o a una aplicación selectiva de la justicia. Afirmó que la investigación llevaba más de un año y que se habían realizado diligencias antes de solicitar las órdenes de aprehensión.

“Es falso que haya un asunto político aquí”, sostuvo la presidenta, al señalar que la investigación había comenzado con el hallazgo de los ferrotanques y que la Fiscalía tuvo que reunir elementos suficientes para presentarlos ante un juez.

La primera mandataria también sostuvo que, si el exgobernador cuenta con elementos para demostrar que no participó en las conductas investigadas, será el Poder Judicial el que deberá valorarlos.

La FGR, por su parte, informó que hasta ahora ha integrado 96 datos de prueba, incluidos dictámenes en materia de química, ingeniería mecánica y eléctrica; fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos, además de documentación financiera, fiscal, aduanera, ferroviaria y corporativa.

Con el nuevo cateo en las bodegas vinculadas con Ingemar, la Fiscalía busca ampliar el conocimiento sobre las operaciones de la empresa y determinar si los documentos asegurados permiten establecer nuevas responsabilidades dentro de la estructura.

Godoy Ramos reiteró que las investigaciones se realizan bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, por lo que los documentos asegurados deberán ser analizados y presentados ante las autoridades judiciales correspondientes antes de determinar responsabilidades penales.