Conviene hacer una precisión decisiva: llamar ‘guerra cognitiva’ a lo ocurrido durante la Independencia de México es una a-sincronía intencionada que pretende parangonar relativamente las operaciones ideológicas de ayer y de hoy. Es solo como recurso de especulación hipotética aplicada retrospectivamente a un conflicto de otra época. Sabemos que no existían las neuro-tecnologías, las plataformas algorítmicas ni las ciencias cognitivas actuales; existía, en cambio, algo fundamentalmente equivalente en su lógica política: una lucha sistemática por conquistar percepciones, emociones, creencias, expectativas, memorias, lealtades y criterios de legitimidad. La guerra no se libraba únicamente sobre territorios y cuerpos, se libraba también sobre aquello que los sujetos consideraban verdadero, justo, posible y digno de obediencia. Esa dimensión permite formular una paradoja reveladora: la Independencia de México comenzó a ganar terreno mucho antes de que los insurgentes pudieran dominar militarmente el territorio, porque una parte decisiva de la batalla ocurrió cuando el orden colonial empezó a perder su capacidad de presentarse ante los dominados como un orden natural. Una corona puede conservar ejércitos cuando empieza a perder autoridad simbólica; puede conservar funcionarios cuando la obediencia deja de parecer moralmente legítima; puede conservar instituciones cuando la imaginación política de sus súbditos ya ha comenzado a desplazarse hacia otro horizonte.
Entonces la Nueva España, del tránsito entre los siglos XVIII y XIX, estaba atravesada por una circulación creciente de ideas, rumores, sermones, proclamas, cartas, gacetas, pasquines, conversaciones, imágenes religiosas, relatos sobre acontecimientos europeos y noticias transmitidas oralmente. La imprenta tenía restricciones severas, la censura operaba como mecanismo de control y la circulación clandestina de textos podía adquirir una importancia política considerable. La información era un recurso estratégico; quien lograba establecer qué había ocurrido, quién era legítimo, quién era traidor, qué autoridad debía obedecerse y qué acontecimiento debía interpretarse como amenaza o esperanza intervenía directamente sobre la conducta colectiva. La batalla por los significados precedía muchas veces a la batalla por las armas.
Y la invasión napoleónica de la península ibérica en 1808 produjo una conmoción que resulta especialmente instructiva desde esta perspectiva. La captura de Fernando VII y la crisis de la monarquía española abrieron una fractura en el fundamento mismo de la obediencia colonial. Si el soberano legítimo había sido desplazado, ¿de dónde procedía ahora la autoridad? La pregunta parecía jurídica, aunque contenía una explosiva dimensión cognitiva: obligaba a millones de personas a reconsiderar aquello que durante generaciones había parecido incuestionable. El poder colonial necesitaba sostener una determinada interpretación de la realidad; los sectores insurgentes podían disputar esa interpretación y convertir la incertidumbre en posibilidad política.
Miguel Hidalgo comprendió, en la práctica, que una insurrección necesita producir sentido mientras produce movimiento. Su llamado de 1810 no fue simplemente una orden militar. Fue una intervención sobre la percepción colectiva. La apelación a la religión, a Fernando VII, a la defensa de la patria y contra determinados enemigos permitió reunir en una misma acción política significados provenientes de mundos diferentes. Allí aparece una característica esencial de toda guerra cognitiva: el conflicto se libra también mediante marcos interpretativos capaces de convertir una situación compleja en una experiencia inteligible para grandes grupos humanos. No se moviliza a una población únicamente proporcionándole información, se le moviliza cuando determinados acontecimientos adquieren un significado que modifica la disposición a actuar.
Así la respuesta realista operó mediante mecanismos equivalentes. Proclamas, sermones, publicaciones, decretos, rumores y castigos públicos buscaban construir una determinada imagen del insurgente: hereje, bárbaro, destructor del orden, enemigo de la religión, amenaza contra la propiedad y peligro para la sociedad. La insurgencia, por su parte, elaboró representaciones del poder colonial como sistema de opresión, privilegio y sometimiento. La guerra produjo así dos universos semánticos enfrentados. Cada uno intentaba decidir qué nombre debía recibir la realidad. ¿Era insurgente o patriota? ¿Era rebelión o emancipación? ¿Era defensa del orden o defensa de privilegios? ¿Era fidelidad o servidumbre? En esas palabras se jugaba una parte del poder.
Entonces la cuestión adquiere mayor profundidad cuando observamos que la disputa no estaba separada de las relaciones de clase, castas y propiedad. Las ideas no circulaban sobre una sociedad homogénea. Cada grupo recibía, reinterpretaba y utilizaba los discursos desde posiciones materiales diferentes. Para las élites criollas, la crisis imperial podía abrir oportunidades de autonomía política y económica. Para comunidades indígenas y campesinas, la ruptura podía estar vinculada con agravios territoriales, tributos, abusos locales, explotación y expectativas de justicia. Para sectores populares urbanos, podía expresar conflictos acumulados alrededor del trabajo, el abastecimiento y las jerarquías sociales. La misma palabra, ‘libertad’, podía contener proyectos profundamente distintos. Esa es una de las grandes enseñanzas de la Independencia: no existe conciencia histórica en abstracto; existen sujetos situados dentro de relaciones sociales concretas que interpretan el mundo desde necesidades, experiencias e intereses determinados.
Por eso sería insuficiente imaginar aquella guerra cognitiva como una simple confrontación propagandística entre “buenos” y “malos”. La propaganda fue importante, aunque debajo de ella operaba algo más profundo: la producción social de realidad. Quien controla las instituciones educativas, los púlpitos, los circuitos de información, las autoridades locales y los mecanismos de castigo dispone de instrumentos poderosos para definir lo pensable. El dominio político necesita producir una representación del orden que haga parecer razonable la obediencia. La insurgencia necesita romper esa apariencia de inevitabilidad y construir otra inteligibilidad del mundo. En términos contemporáneos, podríamos decir que ambos bandos competían por modificar el espacio cognitivo dentro del cual las personas decidían qué creer y cómo actuar.
También hubo una guerra por la memoria. Cada bando necesitaba construir antecedentes capaces de legitimar su presente. Los agravios acumulados, las tradiciones comunitarias, las figuras religiosas, la historia de la monarquía, las referencias a los pueblos originarios y las experiencias recientes de crisis imperial podían ser reordenados para producir distintas narrativas. La memoria nunca es políticamente inocente cuando una sociedad atraviesa una ruptura. Recordar unas cosas y silenciar otras ayuda a determinar qué futuro parece legítimo.
Aquí aparece una diferencia esencial respecto de nuestra época. En 1810 la velocidad de circulación era incomparablemente menor, la comunicación estaba limitada por distancias físicas y la capacidad de intervención sobre grandes poblaciones era mucho más rudimentaria. Hoy una plataforma puede identificar perfiles, segmentar audiencias, automatizar mensajes, amplificar emociones y adaptar contenidos en tiempo real. Aquella guerra cognitiva era artesanal, territorial y humana en sus instrumentos; la contemporánea puede ser masiva, automatizada y algorítmica. La continuidad está en la lucha por la percepción; la ruptura está en la escala, la velocidad y la capacidad técnica de intervenir sobre ella.
Esto permite formular una conclusión de enorme importancia para la revolución de las conciencias: la guerra cognitiva no nació con internet. Internet multiplicó exponencialmente capacidades que pertenecen a una historia mucho más antigua del poder. Desde que existen sociedades divididas por intereses materiales, quienes disputan el poder disputan también la capacidad de definir la realidad. El poder necesita que determinadas relaciones parezcan naturales; la emancipación necesita volverlas históricas. El primero procura cerrar preguntas; la segunda necesita abrirlas.
Entonces la Independencia mexicana puede leerse como una gigantesca batalla por cambiar el significado de la obediencia. El acontecimiento militar fue indispensable, aunque no explica por sí mismo la transformación. Antes de que una estructura política pueda caer, debe comenzar a perder eficacia la creencia colectiva que la sostiene. Cuando el súbdito empieza a preguntarse por qué debe obedecer, cuando el campesino empieza a vincular su sufrimiento con una estructura de poder, cuando una comunidad transforma el agravio privado en demanda colectiva, cuando una población descubre que aquello que parecía destino posee una historia, ha comenzado una transformación cognitiva de enorme alcance.
Por lo tanto, la lección para el presente es incómoda. Una revolución de las conciencias no puede limitarse a producir consignas nuevas. Tiene que aprender a detectar cómo se fabrican las evidencias aparentes, cómo se administran las emociones, cómo se naturalizan las jerarquías y cómo una relación social puede ocultarse detrás de una palabra aparentemente neutral. En 1810 no existían algoritmos que recomendaran qué noticia debía aparecer ante cada individuo; existían autoridades, sacerdotes, impresores, comerciantes, militares, rumores, plazas, caminos y redes humanas de comunicación. El mecanismo histórico era menos sofisticado tecnológicamente, aunque la disputa fundamental ya estaba allí: quién consigue que una sociedad vea el mundo desde determinada perspectiva y, a partir de esa visión, actúe.
Quizá por eso la paradoja más profunda de la Independencia mexicana sea esta: la ruptura del dominio colonial necesitó comenzar como una ruptura en la imaginación social de lo posible. Antes de conquistar una nación había que conseguir que una población pudiera imaginar que esa nación podía existir. Y cuando una sociedad descubre que el orden vigente no es naturaleza, descubre simultáneamente que la historia todavía está abierta. Allí empieza la política en su sentido más radical: en el instante en que cambia el campo de lo pensable y, con él, cambia el campo de lo realizable.
Fernando Buen Abad Domínguez*
*Doctor en filosofía
