La demanda interpuesta por México –en 2022– contra cinco armamentistas en una corte del estado de Arizona se encuentra en la fase de construcción de evidencias, “para demostrar que, en efecto, sí existe este nexo” entre la negligencia de esta industria y el daño que causan a los mexicanos, señaló Fadia Ibrahim Nader, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al participar en la mesa de análisis “¿Hacia la recta final? Avances de la demanda del gobierno de México contra los fabricantes de armas”, organizada por el Observatorio de Relación Binacional México-Estados Unidos, indicó que también representa un mayor avance procesal, respecto del primer litigio entablado por el gobierno mexicano, en 2021, contra ocho empresas en Massachusetts.

De este último, la funcionaria federal recordó que fue atraído por la Suprema Corte de Estados Unidos. Y que el pasado 4 de marzo, dicha autoridad judicial escuchó argumentos de ambas partes para tomar una decisión. No obstante, continuó Fadia Nader, si las y los jueces –en su mayoría conservadores– “deciden tomar los argumentos de esta contraparte [armamentistas]”, entonces México nunca podrá siquiera probar sus motivos, pues quedará desechada la demanda.

“No nos han dejado llegar al fondo del asunto”, denunció. Y añadió que no se ha dado la oportunidad a México de demostrar la responsabilidad de las armamentistas respecto de la violencia que se vive en el país, incluso cuando se ha solicitado el espacio para exponer.

Ley de armas, principal obstáculo

En agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil contra ocho empresas armamentistas bajo el argumento que “diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de formas que saben que arman rutinariamente a los cárteles de la droga en México”. Asimismo, acusó que atentan contra las leyes mexicanas en cuestión de armas y son conscientes de estos actos, por tanto, negligentes en medidas de seguridad y monitoreo.

Dicha querella se interpuso en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, pero fue desestimada por F Dennis Saylor, magistrado presidente de la Corte, en septiembre de 2022, bajo el pretexto de la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por su sigla en inglés), que “inequívocamente prohíbe demandas legales que buscan responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usan para sus propósitos”.

Esta decisión fue revertida a inicios de 2024, por unanimidad, en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos. No obstante, meses más tarde, en agosto, el mismo juez volvió a desechar el litigio, esta vez contra seis de las ocho empresas, supuestamente porque no tienen relación alguna con Massachusetts. Las dos restantes (Smith and Wesson e Interstate Arms) solicitaron a la Suprema Corte revisar sus casos, lo cual fue aceptado en octubre pasado.

Es así como el 4 de marzo, el tribunal Supremo estadunidense escuchó argumentos de ambas partes; pero Fadia Nader advierte que es justamente la PLCAA el mayor obstáculo que se ha encontrado el gobierno mexicano para trascender la demanda. No es que haya debilidad en la argumentación, es que con la ley “bloquean nuestros argumentos”, recalca.

La Suprema Corte ha jugado un papel de “activista”, criticó John Lindsay-Poland, coordinador de la organización Stop US arms to Mexico. Al participar en la misma mesa de análisis, agregó que al aceptar este caso, indicaba que querían hacer algo en contra de la demanda porque es muy temprano para que la hayan atraído.

Por su parte, Jonahtan Lowy, el abogado que representa a México en Estados Unidos, dijo que actualmente hay seis jueces en este Alto Tribunal con ideología conservadora –tres de los cuales llegaron en el primer mandato de Donald Trump–, y otros tres que no lo son.

Añade que no existe para otras compañías o personas alguna ley similar que otorgue inmunidad, como sí lo hace la PLCAA. Y aunque confiesa no tener claro qué va a decidir la Suprema Corte, la decisión en la Corte de Apelaciones ya es la más importante en la historia de los tribunales estadunidenses respecto a la industria armamentista, y la que más beneficia a las personas que luchan contra esto.

Fadia Nader, por su parte, recuerda que si México pierde en esta última instancia, no se puede acceder a un tribunal internacional para que revise esa resolución, pues es la última palabra.

Clave, demanda en Arizona

De acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT, por su sigla en inglés), el 74 por ciento de las armas que usan los grupos del crimen organizado en México provienen de Estados Unidos, principalmente de Arizona, California, Nuevo México y Texas, como revela un informe suyo presentado en enero de 2025.

Ya en marzo de 2024, la jueza Rosemary Márquez, en la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, “estableció que las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían usadas con fines ilícitos”, como se lee en un comunicado de la SRE. Por tanto, pudo avanzar este litigio y México presentará las pruebas que demuestren su reclamo.

Lindsay-Poland reconoció que “es mucho más probable que la corte suprema favorezca a la industria de armas y deseche la demanda” de Massachusetts, lo cual aumentaría el interés y daría más reflectores a la que se lleva en Arizona. Incluso así, también advierte que la industria armamentista “muchas veces destruye la evidencia, no guardan documentos que podrían implicarlos en esas prácticas”.

Fadia Nader, quien estuvo presente en la Suprema Corte de Estados Unidos, aclaró que México no está interviniendo en cómo se tienen que autorregular los estadunidenses, “no está argumentando cómo regula ese país la venta de armas. Lo que sí se pide es que esa forma no cause un daño a nuestro país. Si las quieres vender […] solo asegúrate que no vayan a llegar a mi territorio”.

No descartó que se pueda ampliar la demanda en Arizona si el gobierno estadunidense avanza en su definición de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, ya que serían quienes ayuden a estos grupos criminales en su armamento. El coordinador de la organización anti armas agregó que el litigio en dicho estado es importante porque también las cadenas de suministro y la trazabilidad es más corta.

Ya se ha ganado mucho

La demanda de México en 2021 y 2022 “ha cambiado la conversación por lo menos en Estados Unidos”, aseguró John Lindsay-Poland. Antes, las discusiones eran más sobre el narcotráfico “como si fuera que el fentanilo era un arma que dispara”. La demanda hizo pensar en la culpa de las empresas que arman a esas organizaciones, que no pueden funcionar sin las armas.

“No tenemos que esperar a tener una sentencia positiva en la Suprema Corte, lo que ya se ha ganado ha sido bastante hasta el momento”, dijo la litigante mexicana. Explicó que incluso en la administración del demócrata Joe Biden se modificaron algunos aspectos de la ley a partir de la demanda.

Aclaró que si a Estados Unidos le interesa disminuir el tráfico de drogas hacia su país, podría empezar ayudando a disminuir el tráfico de armas en México. “Las armas son las que dotan de poder a los grupos de la delincuencia en México” y no es un problema en toda Latinoamérica.

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