1. El expresidente Enrique Peña Nieto, los exsecretarios de la Defensa Nacional y la Marina; así como el exprocurador Jesús Murillo Karam, deben ser investigados por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, señalan los padres de familia

Luego de 7 años y medio de búsqueda, y de que ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara el involucramiento de las Fuerzas Armadas en los hechos e investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, los padres de familia consideran que el expresidente Enrique Peña Nieto, los exsecretarios de la Defensa Nacional –Salvador Cienfuegos Zepeda– y la –Marina Vidal Francisco Soberón Sanz–; así como el exprocurador Jesús Murillo Karam deben ser investigados por la desaparición forzada de los jóvenes.

María Elena Guerrero Vázquez, madre de Giovanni Galindes Guerrero, dice que a uno de los exfuncionarios que le gustaría ver en la cárcel es al expresidente priísta, “porque este fue un crimen de Estado, están coludidas todas las dependencias gubernamentales, en los principales hechos: Tomás Zerón [de Lucio] –extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) –, Enrique Peña Nieto, [Salvador] Cienfuegos, que obviamente tiene mucho que estar ahí; entonces, todos esos actores principales tienen que pagar”.

El Tercer Informe del GIEI revela que “un mes después de ocurrida la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, elementos de un área de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon la escena del basurero de Cocula”, lugar donde supuestamente fueron incineraron los estudiantes y escenario para la “verdad histórica” –que falsamente confeccionada por la entonces Procuraduría General de la República.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, comenta en entrevista que el informe de GIEI ilustra el involucramiento de “muchas fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales: del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, el propio video nos muestra un patrulla de la Policía Federal, no participando, pero sí arribó a una cercanía del basurero de Cocula.

“Sí, tenemos una serie de instituciones participando de manera directa en la desaparición de los jóvenes y en la posterior construcción de un montaje jurídico que nos ha impedido conocer la verdad”, acusa el defensor de derechos humanos.

Antes de emprender más acciones, dice, “vamos a analizar como abogados, con otras organizaciones, qué otros mecanismos jurídicos se pudieran implementar y explorar, para poder fincar responsabilidades al Estado mexicano y a las autoridades”.

No descarta que los altos mandos pudieran ser citados a cuentas, pues “el punto que nos puede permitir desplegar una investigación seria y objetiva del más alto nivel es el video [que contiene más de 100 horas de grabación] que hizo público el GIEI. Este informe nos puede permitir que se abra una investigación contra el [ex]presidente de la república, contra Murillo Karam y los secretarios de Marina y Defensa de ese entonces”.

Más de 7 años de dolor

Mario César González Contreras, padre de César Manuel, relata que desde aquella noche del 26 de septiembre ha sido un tiempo de “mucho dolor, desesperación al ver cómo sufre la familia, ver cómo no podemos llegar a encontrarlos. Es algo muy desgastante porque llega el momento en que llegan las noticias y uno piensa mal, estar pensando cosas todos los días es terrible para nosotros”.

Describe a César como un joven simpático, que mostró cierta rebeldía luego de que dejara el segundo semestre de abogacía en la Universidad Autónoma de Puebla, “nos dejó la escuela”, dice Mario.

“A él le gustaban mucho los animales, le gustaba montar los toros, el jaripeo, andar a caballos, le encantaban. Cuando nos dejó la escuela, se metió a un programa de Conafe [Consejo Nacional de Fomento Educativo], lo mandaron a una zona rural y ahí se dio cuenta la diferencia muy grande que hay en la zona rural, no hay cuadernos para algunos niños, ni lápices. Ahí empezó esa inquietud de ser maestro”, comenta.

Una de las anécdotas que tiene de César es haberlo encontrado en la comunidad a donde había sido enviado para impartir clases de Conafe cosiendo cuadernos para sus alumnos. “Cuando lo vi, estaba en una mesa con libretas a las que les quitó el resorte y estaba haciendo cuadernos, cosiéndolos con estambre”, porque había niños que no tenían cuadernos. Agarró, dice, una sensibilidad que “le costó que no lo podamos encontrar”.

Para Mario, esta historia ha sido la más difícil de su vida. “Yo creo que todavía no hemos acabado, en vez de que se vayan acabando las líneas de investigación van resultando más culpables. Lo primero que tenemos que hacer es que ya déjense de sus verdades históricas, hay que buscar el paradero de los muchachos, ya no estemos jugando”, comenta.

Enrique Peña Nieto tiene que ser llamado a cuentas, señala, “se tiene que investigar toda aquella persona involucrada, porque ellos tenían conocimiento de cómo estaban atacando a nuestro hijos en tiempo real. El ejército los mantuvo vigilados desde tiempo atrás, tiene que abrirse una investigación a todos los responsables, si de verdad se quiere llegar a la verdad es el momento para demostrarlo”, expone.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dice que “ha sido muy difícil llegar a 7 años y medio sin saber nada de nuestros hijos, sin saber cómo están ni a dónde están, qué les estarán haciendo, no podemos estar tranquilos en nuestras comunidades, ya no podemos dormir, eso es lo que nos da tristeza y coraje”.

Relata que Benjamín es un joven “muy cariñoso, su único delito es ser estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y si yo estoy aquí es para que él pueda cumplir sus sueños de ser alguien en la vida. Quiere ser maestro, porque hasta el momento no puedo decir que mi hijo no esté vivo. Mientras no haya evidencias científicas, nuestros muchachos están con vida y se deben cumplir sus sueños de ser alguien en la vida”.

Encuentro con AMLO

Una de las peticiones de los padres de familia, después de que el GIEI presentara su informe, es reanudar los encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “vamos a poner sobre la mesa que se privilegie la búsqueda del paradero de los estudiantes, dar con ellos, y toda la información que las instituciones dispongan, la tendrán que poner a las autoridades que investigan para que logremos este acometido… ya bastante hemos hablado de la verdad histórica, queda muy claro que hubo un desaseo en la investigación, irregularidades”, dice el abogado Vidulfo Rosales.

“Quisiera dormir y nunca despertar, pero el amor a nuestro hijos hace que uno no caiga porque son ellos los que nos necesitan. Es algo muy fuerte”, comenta Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

El hombre de oficio albañil no desiste, evita que se le desborde el llanto y dice que se debe mantener la fuerza porque donde quiera que esté su hijo debe pensar “que lo estamos buscando. Qué más quisiera decir que te sientes acobijado de parte del gobierno y que va a dar resultados, es algo difícil de creer, no existe confianza”.

María Elena, madre de Giovanni, añade que una vez que vuelva al encuentro con el presidente de la República, le pedirá que tome el caso “como si mi hijo fuera su hijo. ¿Qué haría él si su hijo estuviera desaparecido, si llevara ya siete años?, que saque esa valentía y fuerza de llegar a la verdad, que sea más humano para que esto pueda avanzar”.

La mujer asegura que la confianza está en López Obrador. “Decimos si el anterior presidente no nos hacía caso, este cuando menos tiene su voluntad, aunque no todas las dependencias caminan de la misma mano de él, pero él sí tiene mucha voluntad, si no hacemos nada con él, definitivamente estamos perdidos”.

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