Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), grupo paramilitar en guerra contra el ejército sudanés, “llevaron a cabo una campaña coordinada de destrucción contra comunidades no árabes en El Fasher [Sudán] y sus alrededores, cuyos indicios apuntan a un genocidio”, declaró la Misión Internacional Independiente de Investigación para el Sudán.
Si bien hubo documentación de crímenes de guerra y lesa humanidad, la Comisión encontró actos genocidas contra los grupos zaghawa y fur en al menos tres casos concretos: “asesinato de miembros de un grupo étnico protegido, causar graves daños físicos y mentales, y someter deliberadamente a condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física total o parcial del grupo”. Ello durante la toma del territorio a finales de octubre de 2025.
El presidente de la Misión, Mohamed Chande Othman, aseguró que estos excesos no fueron aleatorios, demostrado “la coordinación y el respaldo público a la operación por parte de los altos mandos de las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias […]”, por lo que “formaron parte de una operación planificada y organizada que presenta las características propias del genocidio”.
El informe presentado por la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) también señaló que, una vez que las FAR tomaron El Fasher, hubo un asedio durante 18 meses que debilitó a esas comunidades sistemáticamente a través del hambre, trauma, confinamiento y la privación, “condiciones calculadas para provocar su destrucción”, de modo que las y los habitantes de aquellos lugares se encontraban físicamente exhaustos, desnutridos e incapaces de huir, “dejándolos indefensos ante la violencia extrema que le siguió”.
Integrantes de los pueblos zaghawa “fueron asesinados, violados o desaparecieron durante tres días de horror absoluto”. Pero el documento subrayó que las conductas derivaron contra otros grupos étnicos, quienes sufrieron intencionalmente “asesinatos en masa, violaciones generalizadas, violencia sexual, tortura y tratos crueles, detenciones arbitrarias, extorsión y desapariciones forzada”.
Durante las entrevistas de las y los integrantes de la Misión con las y los sobrevivientes sudaneses, se mencionó que las FAR “declararon abiertamente su intención de atacar y eliminar a las comunidades no árabes”. Además, las agresiones sexuales se dirigían selectivamente contra mujeres y niñas zaghawa y fur, “mientras que las mujeres percibidas como árabes a menudo se salvaban”.
Un comunicado de Naciones Unidas explicó que estas comunidades no árabes son de las más grandes en la región occidental de Darfur, en Sudán. “Ambos grupos han sufrido históricamente discriminación y fueron objeto de fuertes ataques durante las primeras oleadas de violencia en Darfur a principios de la década de 2000. Muchas familias de El Fasher y sus alrededores ya habían sido desplazadas en múltiples ocasiones antes del conflicto actual”.
Estos crímenes ocurrieron en un contexto de reiteradas advertencias e indicadores de riesgo que no fueron prevenidos “a pesar de las claras señales de alerta. No se tomaron medidas eficaces para disuadir a las RSF de continuar su camino destructivo”. Por tanto, es urgente la protección a las y los civiles, pues “el riesgo de que se produzcan nuevos actos genocidas sigue siendo grave y persistente”.
El 23 de abril de 2023, estalló una guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las FAR, sus antiguos aliados. Desde entonces, han sido asesinadas cientos de miles de personas y millones se vieron forzadas a desplazarse al interior y exterior del país.
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