Negativa, ocultamiento y manipulación de pruebas formaron parte de la mal llamada “verdad histórica” que presentó en 2015 el entonces procurador general de la República acerca de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Al presentar nuevamente el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justica para el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez exhibió las diferencias sustanciales entre aquella versión basada en torturas y mentiras y el informe que presentó el pasado 18 de agosto.

El funcionario reiteró que lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que la desaparición debió haberse evitado, pero por una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno, se ocultaron los hechos.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas Rodríguez explicó que se alteraron las escenas del crimen y se escondieron los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y su participación con los agentes del Estado, lo que generó, no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el derecho al acceso a la verdad y la justicia.

Respecto a las diferencias sustanciales, destacó que el informe reciente define “esta acción como un crimen de Estado porque no sólo se trata de la desaparición y la pérdida de vida de los estudiantes, donde se conjugan cuatro delitos graves y violación a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, homicidio e involucramiento de agentes estatales que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado, y particularmente en la negativa, ocultamiento y manipulación de las investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales, que propició la impunidad de los perpetradores y encubridores de estos hechos”.

También apuntó que mientras la “verdad histórica” aseguraba que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF municipal, el informe de la Comisión de la verdad revela que eso es falso, pues su llegada al municipio ocurrió cuando tal evento había finalizado.

En el mismo contexto, recordó que el informe demuestra que los estudiantes en ningún momento estuvieron juntos, ya que un operativo especial los dispersó hacia distintas regiones del perímetro de Iguala. Igualmente, indicó que es falso que el grupo criminal Guerreros Unidos haya incinerado a los jóvenes en el basurero de Cocula.

“Y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado, municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes. Y ahí hay una diferencia sustancial y de fondo: que la ‘verdad histórica’ se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie.”

Reafirmó que la convicción de este gobierno es no solapar abuso, violación a derechos humanos o injusticia, y destacó que la finalidad de la Comisión para la Verdad es el esclarecimiento de los hechos, por lo que invitó a conocer el informe y sus anexos.

Contrario a los señalamientos en torno a que el informe de la Comisión para la Verdad es una posición política del gobierno, destacó que el documento es resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con apoyo y asesoría de un comité interdisciplinario de expertos.

“Pero sí, también hay un contenido político, pues esclarecer un crimen, y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos.”

Precisó que el informe no se basa en una fuente de información, sino en 13 fuentes básicas, lo que incluye millones de registros, mapas, videos y documentos aportados por distintas instituciones públicas y organizaciones, así como 115 testimonios de personas involucradas.

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