Entre las cuentas pendientes de los exgobernadores Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León en el Banco de México está la compra de un jet Bombardier por 59 millones de dólares, que llegó con año y medio de retraso y enfrentó muchas fallas mecánicas que obligaron a tenerlo en tierra 1 año. El contrato se adjudicó directamente e involucró a Alejandro Alegre Rabiela, exdirector del Cisen y actual director general de Emisión del Banxico. En 2013, éste convenció a la Junta de Gobierno sustituir la flota que hasta entonces operaba los traslados aéreos de billetes
Cuarta parte. Con poco más de dos años al frente de la Dirección General de Emisión del Banco de México, a fines de 2013 el abogado Alejandro Alegre Rabiela convenció al entonces gobernador del Banxico, Agustín Carstens Carstens, de hacer un gasto multimillonario para comprar un jet Bombardier CRJ-700 NextGen.
Las gestiones del exdirector general del Cisen dieron frutos y, para fines de octubre –el día 28– su propuesta llegó a la Junta de Gobierno. Para entonces ya estaba arrancando la construcción de la fábrica complementaria de billetes en Jalisco –que causó un daño patrimonial al banco por sobrecostos de 595.9 millones de pesos.
En aquella sesión ordinaria, el órgano colegiado –encabezado por Carstens y en el que también participaron los entonces subgobernadores– autorizó la compra de la aeronave, bajo el argumento de que se necesitaba sustituir la flota aérea con la cual distribuye billetes y monedas a todo el país.
Once días después, el 8 de noviembre de 2013, la Dirección de Seguridad –que desde 2011 también depende de Alegre Rabiela– solicitó a la Dirección de Recursos Materiales iniciar con las gestiones correspondientes para proceder con la adquisición del jet.
Pero lejos de resolver las supuestas necesidades de transportación, la nueva aeronave provocó diversos conflictos al banco central. El primero de ellos fue un retraso en su entrega de 1 año y medio, lo que trajo consigo la depreciación del bien adquirido, así como una reducción relevante de su vida útil. Después, por diversas fallas mecánicas –incluido el hecho de que la puerta principal no sellaba– se dificultó la despresurización de la aeronave. Al poner en riesgo la vida de la tripulación así como la seguridad de las remesas, el jet no se utilizó durante varios meses.
Fuentes consultadas por Contralínea explican que ese problema derivó en que los primeros vuelos tuvieran que suspenderse. Posteriormente, algunos tuvieron que cancelarse en pleno recorrido, para regresar de emergencia al hangar militar que se arrendó para resguardar el jet. Y en al menos uno de los viajes se registró la pérdida de una gran cantidad de combustible por una falla en el depósito.
Además de lo expuesto por las fuentes consultadas, la propia auditoría interna del Banxico –en el informe de resultados GAOC-05/18– revela que la aeronave no despegaba del hangar después de 6 meses de recibida.
Al respecto, el documento interno cita el Certificado Tipo Suplementario SA18-126 del 6 de abril de 2018, que emitió la autoridad Transport Canada respecto de la aeronave que, entonces, aún no llegaba a México [arribó hasta el 10 de junio de 2018, cuando Alejandro Díaz de León ya estaba al frente de la institución financiera autónoma]. En éste se leía que “la instalación de la puerta de carga es aplicable sólo a aeronaves nuevas”, y el jet ya no podía ser considerado un avión nuevo.
También, indicaba que hasta que se demostrara el cumplimiento de las normas, “la operación del avión en vuelos está prohibida después del 7 de enero de 2019”. Asimismo, que los límites de vida útil estructural del calendario de la aeronave eran de 10 meses o 1 mil ciclos de vuelo, y serían válidos a más tardar el 7 de enero de 2019, en espera de la aprobación del análisis de tolerancia a daños asociados, por parte de la autoridad Transport Canada.
Además, sugería utilizar disposiciones adicionales de bloqueo de vuelo de la puerta de carga delantera antes de cada viaje. Y que después de cada vuelo, la puerta OEM Airstair debería abrirse antes del desbloqueo, así como destrabar y abrir la puerta de carga delantera.
Al respecto, en el oficio M05-268/2018, del 10 de septiembre de 2018, los auditores internos del banco central pidieron a la titular de la Dirección de Administración de Emisión –dependiente del abogado Alegre Rabiela– que manifestará por qué se aceptó la aeronave modificada en esas condiciones, a lo que ésta respondió que al momento de la entrega “no denotaba implicación alguna”. Ello, aseguró, porque la aeronave no sólo cumplía con las disposiciones aeronáuticas, sino que cumplía con todo lo establecido en el contrato, por lo que no existía sustento legal para no recibirlo. Agregó que todo ello se validó en México por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
No obstante, la auditoría señala que las observaciones de la autoridad canadiense, así como las propias limitaciones técnicas de la aeronave, propiciaron que al momento del cierre de la fiscalización [finales de noviembre de 2018], el Banxico no se encontraba en posibilidad de utilizar el jet para distribuir las remesas.
La historia de esta compra
De acuerdo con la auditoría interna, la Dirección de Seguridad justificó la “necesidad” de esta compra con el “Dictamen de excepción para la adquisición de una aeronave Bombardier CRJ-700ERpara el traslado de remesas y pasajeros”. Éste se presentó el 12 de febrero de 2014 y contó con el visto bueno de la Dirección General de Emisión. En el dictamen se aseguró que era necesario contar con el equipo de vuelo adecuado para el traslado aéreo de moneda nacional y su protección, porque las dos aeronaves con las que contaba entonces el banco databan de 1999.
El 24 de marzo de 2014 y tras realizar una investigación de mercado, la Dirección de Recursos Materiales del Banxico autorizó la adjudicación directa del contrato PAB DM-001-2014 a favor de la empresa canadiense Bombardier, Inc, por un importe de 38 millones 194 mil dólares para la adquisición por la aeronave, y 22 millones 885 mil 110 dólares por el trabajo de modificación.
Aunque el monto total se pactó en 61 millones 79 mil 110 dólares, se aplicaron descuentos en contra de la trasnacional por 1 millón 240 mil 162 dólares. Ello, por los retrasos en el proceso de modificación de la aeronave y de su entrega. Y es que Bombardier se comprometió a entregar el jet modificado en el periodo de junio-diciembre de 2016, pero cumplió hasta el 10 de junio de 2018.
Encargado de proveer billetes y monedas a la economía del país, el Banco de México contaba entonces con un sistema propio de distribución basado en una flotilla de 19 camiones blindados y dos aeronaves Dash8, cuya característica es operar discretamente para evitar robos de grandes proporciones. De hecho, para los traslados entre las fábricas de billetes en la capital y en Guadalajara –así como en los aeropuertos de Hermosillo (Sonora) y Mérida (Yucatán), el banco se apoya con personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Tras la llegada del jet, su flotilla aérea aumentó a tres, aunque en diciembre de 2021 el Banxico formalizó un contrato con la Marina para donarle una de las dos aeronaves que, se supone, ya casi no servían en 2013. Incluso, en el contrato de donación con la Semar, el banco central incluyó una cláusula que estipula que –de manera contingente, cuando sus aeronaves no estén en operación– podrá utilizar el Dash8 para trasladar billetes.
Entre la firma del contrato y la llegada del avión CRJ-700 a México, el banco central firmó una serie de convenios modificatorios con la trasnacional Bombardier para aplazar cada vez más la entrega, sin identificar causas imputables a alguna de las partes. La fuentes consultadas explican que éstos se debían a las características tan específicas de la aeronave, que la hacían muy pesada.
Por estos retrasos, la empresa canadiense accedió a “pagar” una primera compensación al Banxico, equivalente a 1 millón 139 mil 255 dólares que fueron descontados al monto final de la compra. Ello se acordó exactamente 1 año después de la fecha original de entrega: el 31 de julio de 2017, el Banxico y Bombardier firmaron la orden de cambio 5, en la cual se comprometía como fecha fatal enero de 2018. De fallar nuevamente, se aplicaría la compensación.
Antes de conocerse que Bombardier no pudo cumplir con esa fecha convenida, el 1 de diciembre de 2017, Carstens Carstens firmaba el acta de entrega-recepción con quien lo sustituía en el cargo: Alejandro Díaz de León. Los dos asuntos más relevantes que le dejaba no sólo sin concluir, sino emproblemados eran la nueva fábrica de billetes y el jet CRJ-700, ambos impulsados por Alegre Rabiela. Un mes después, en enero, el Banco de México fue notificado que dicha aeronave no llegaría a la capital del país por no haberse concluido los trabajos de modificación.
El banco central aplicó la sanción económica y obtuvo una segunda retribución ante los demás retrasos. Se trató de otros 100 mil dólares, generados como nota de crédito, cuyo objetivo sería utilizarla en el mantenimiento del CRJ-700 NextGen en 2019. Díaz de León empezaba a conocer la dinámica de la institución y Alegre Rabiela se afianzaba en el puesto que mantiene a la fecha.
Por todo ello, la Unidad de Auditoría del Banco determinó que en esta compra se incumplieron algunas bases del contrato, como por ejemplo el apartado “1.1.1 Pagos y aceptación de la aeronave y su trabajo de modificación”, por la “falta de disponibilidad temporal de la aeronave debido a la implementación de mejoras de seguridad a los trabajos de modificación”.
También se incumplió el apartado “1.2.1 Recepción y operación de la aeronave”, por las “fallas en la inspección de los bienes y etiquetas de la aeronave”, y “falta de evidencia y fallas en la gestión y vigencia de trámites realizados con las autoridades”.
El punto “1.2.2 Custodia de la aeronave”, por “fallas en la custodia de los bienes que se emplean para las configuraciones de la aeronave”; y el apartado “1.2.3 Aseguramiento de la aeronave”, por “errores en la definición de las coberturas en el aseguramiento de la aeronave”.
La auditoría interna GAOC-05/18 indica que “el avión se encontraría imposibilitado a realizar operaciones de vuelo hasta que se demuestre la integración” de mejoras establecidas por la autoridad canadiense en el Certificado Tipo Suplementario, con fecha de instrumentación a partir de enero de 2019.
La Unidad de Auditoría señala en su informe final, fechado el 3 de diciembre de 2018 que “la situación descrita anteriormente propició que actualmente el Banco de México no se encuentre en posibilidad de utilizar la aeronave para llevar a cabo distribución de remesas”.
El reporte fue entregado al abogado Alegre Rabiela el 4 de diciembre de 2018 –para entonces Díaz de León cumplía un año como gobernador del banco central–, aunque en el acuse de recibido su oficina se equivocó y el sello apunta como fecha el 4 de noviembre de ese año. En éste, se daba cuenta puntual de todas las anomalías.
Negligencias en la seguridad del avión
El informe de resultados de la auditoría GAOC-05/18 también descubre negligencias en el tema de la seguridad. Al evaluar los controles establecidos en la custodia de los bienes correspondientes a la aeronave, los auditores descubrieron un inventario de 124 bienes resguardados en contenedores de madera que –a pesar de su importancia– se encontraban fuera del almacén y sin ninguna medida de seguridad.
Al respecto, el documento detalla que, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa Field Aviation, “esos bienes se emplean para llevar a cabo las otras dos configuraciones de la aeronave”. Por ello, los auditores consideraron que “el valor en el mercado es relevante para efectos de esta auditoría”, por lo cual, dejar los contenedores fuera del almacén “denota fallas de control y custodia sobre esos bienes”.
Además, señalaron que esos contenedores de madera “no están registrados en la información de los bienes que controla el encargado del Almacén, debido a que forman parte de las configuraciones de la aeronave, además de que no se cuenta con espacio suficiente en el almacén del hangar del Banco de México para su resguardo”.
Advirtieron que el responsable de esos contenedores era el subgerente de Transportes Aéreos, “no obstante que los bienes, en su mayoría, tienen características especiales que hacen complicado su movimiento. El hecho de que el subgerente sea el responsable no resulta una buena práctica, toda vez que éste se encuentra ubicado físicamente en un espacio diferente al que se resguardan dichos bienes”.
Los auditores también descubrieron que el personal del banco central no supervisaron el contenido de los depósitos: “no se identificaron actas ni documentación elaborada por personal de la Subgerencia de Transportes Aéreos que soporte la revisión de los contenedores una vez que arribaron al hangar del Banco de México, así como lo señalado en la lista proporcionada por la empresa Field Aviation”.
Es más, durante la inspección física, observaron que entre esos bienes del Banxico fuera de almacén había algunos en una bolsa de plástico: “los bienes resguardados identificados con los números de parte 252000477-105, 252000477-109 y 252000477-113, se conservan en una bolsa, que a su vez contiene el número de parte 252000477-001. Este último número de parte lo tiene el bien denominado ‘Floor covering carpet set-all economy interior’ [juego de alfombras para revestimiento de pisos]”. Al respecto, el subgerente de Transportes Aéreos afirmó a los auditores que la bolsa fue mal etiquetada, aunque reconoció que los números de parte de los bienes sí eran los correctos.
Ante estas vulnerabilidades, los auditores solicitaron a la Dirección General de Emisión del Banxico verificar todos los bienes resguardados en los contenedores de madera, para validar que correspondían con lo señalado por Field Aviation, así como proceder a su registro.
También pidieron asignar y formalizar la responsabilidad de la persona adecuada para la custodia de los contenedores; asimismo, evaluar la posibilidad de contar con un mecanismo para asegurar los contenedores, pues por su tamaño no pueden ser resguardados en el Hangar. Y, lo más importante, “reforzar las medidas de seguridad para evitar el acceso de personal no autorizado, y en caso de que sea necesario que ingrese personal relacionado con los trabajadores, tramitar el acceso por los medios institucionales”.
Todo ello ocurrió a pesar de que el abogado Alegre Rabiela fue contratado por el Banxico por, supuestamente, ser un experto en el área de seguridad, pues en su trayectoria profesional se desempeñó como director general del Cisen y, antes de eso, como segundo al mando de ese órgano de espionaje político. No obstante, decenas de auditorías internas revelan otras graves fallas en esa materia que, por años, han puesto en riesgo al banco central.
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