Con los nuevos elementos que presentó este día la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará en breve la orden de aprehensión en contra del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, uno de los más altos exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto presuntamente involucrado en el crimen de Estado.
A Murillo Karam se le atribuye el ocultamiento deliberado de la verdad del caso Ayotzinapa, el uso de la institución en actos delictivos, su responsabilidad en violaciones graves a derechos humanos –incluida tortura– y el entorpecimiento de las investigaciones en beneficio de quienes desaparecieron forzosamente a los 43 estudiantes normalistas rurales.
Entre las pruebas que pesan en su contra destaca la videograbación hecha por un dron de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, donde se observa a este exfuncionario arribando al lugar en la mañana del 27 de octubre de 2014, minutos después de que 12 marinos manipularan la escena donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas rurales, y días antes de dar a conocer la mal llamada “verdad histórica”.
Además, la FGR investiga las cadenas de mando que actuaron antes, durante y después del gran operativo Ayotzinapa que derivó en el crimen de Estado; en especial, revisa las responsabilidades de los exsecretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y de Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Además se determinará la responsabilidad del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco.
Este día, durante la presentación de las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez señaló que “la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad advirtió, en clara referencia al papel de la PGR, que “autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Encinas señaló: “de acuerdo a la información que hemos recabado, que hemos analizado, la verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda, primero, en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en dos diligencias firmadas por una ministerio público federal que se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula”.
Lamentablemente, dijo el subsecretario, “esta versión no sólo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada donde concurren: privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actuaron con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad, que lo pretendía era legitimar socialmente hechos, alterándolos, y que privilegió una lógica jurídica ajena al enfoque de derechos humanos, manipulando el sistema de procuración de justicia”.
Al respecto, detalló que hay dos evidencias muy claras de ello: “son los actos de tortura cometidos, por lo menos hasta ahora acreditados a 77 personas por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno, y que privaron a su libertad. Esto ha quedado plenamente acreditado con las 50 horas de videos que entregó el Centro Nacional de Inteligencia de la Fiscalía. Dos de esos videos son públicos, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación. Pero también los sobrevuelos de drones, los videos de los sobrevuelos de drones que la Secretaría de Marina entregó y pasó la intervención de autoridades en el basurero de Cocula y que ha sido ampliamente analizado por el GIEI y que fue presentado en su último informe”.
Fue el 27 de enero de 2015 cuando Murillo Karam –junto con el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y hoy prófugo de la justicia, Tomás Zerón de Lucio– dieron a conocer la llamada verdad histórica que al paso de los años, se ha comprobado, es una mentira orquestada al más alto nivel del gobierno para garantizar impunidad a los perpetradores de este crimen de lesa humanidad.
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