Más de 500 indígenas triquis fueron impedidos de regresar a su comunidad, en Tierra Blanca Copala, Oaxaca, el pasado 28 julio. Por lo anterior, y después de que no se procurara un nuevo intento de retorno seguro por parte de las autoridades, las víctimas de desplazamiento forzado reactivarán sus movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México y Oaxaca.

Y es que el miércoles de la semana pasada, los habitantes de esta región de la mixteca oaxaqueña habían cubierto todos los protocolos dirigidos por las autoridades del estado, gobernado por Alejandro Murat. Así como, por los representantes del gobierno federal; en específico, desde la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Alejandro Encinas.

Sin embargo, un grupo de personas, dirigidas por la diputada federal suplente por el distrito 6 de Movimiento Regeneración Nacional, Emelia Ortiz García, identificada con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), impidieron la entrada a Tierra Blanca Copala. Esto, a siete meses de haber sido expulsados a punta de metralla de sus hogares.

A través de un comunicado, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) indicó que los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Segob acordaron en que “se volvería a intentar el retorno de los  desplazados, pero a la fecha esto no se ha llevado a cabo”.

Ante este escenario, indica el documento, exigen al gobierno oaxaqueño y al federal, se aplique el “estado de derecho en la región triqui”. Enfatizan que “no es posible que un grupo criminal como el MULT, esté por encima de la Ley, asesine, desplace, niegue el retorno de los desplazados, incumpla acuerdos y, aun así, el Estado mexicano se vea imposibilitado a actuar a favor de las víctimas. Tal pareciera que, esta organización delictiva sea quien gobierna”.

Anuncian que reinstalarán su plantón en la capital del país y en la ciudad de Oaxaca, “hasta el retorno seguro a Tierra Blanca Copala” y la libertad de sus presos políticos sea  posible. Urgen al Estado Mexicano a que se tome con total seriedad el retorno seguro y “no permitan que un grupo delincuencial-paramilitar tome decisiones sobre la vida de más de 500 personas desplazadas”.

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