La privatización del agua en Querétaro se legalizó a través de la llamada popularmente como ley Kuri –promovida por el actual gobernador– que entrega a particulares los organismos operadores del servicio de agua potable. Dichos organismos están facultados desde el pasado 19 de mayo a suministrar y cobrar por el vital líquido, así como suspender su entrega a quienes no paguen a tiempo sus cuotas

La privatización del agua en Querétaro se legalizó a través de la llamada ley Kuri, que permite a los organismos operadores para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento (OPSA) dotar de servicios a la ciudadanía, cuando el rector debe ser la administración estatal.

Desde el pasado 19 de mayo, los OPSA están legalmente facultados para cobrar directamente por el suministro de agua potable. También, para suspender la entrega del vital líquido a quienes no paguen a tiempo sus cuotas, lo que deja de lado la obligación de la Comisión Estatal del Agua para suministre el recurso, indican especialistas.

Defensores del medio ambiente y del agua han documentado que existen más de 20 OPSA que ya dominan el mercado del agua en esta entidad. Y es que la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado de Querétaro –promovida por el gobernador panista Mauricio Kuri González­– pasó fast track.

El 2 de junio pasado, una treintena de organizaciones firmaron un documento dirigido al doctor Javier Rascado Pérez, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, para que se promueva una declaración de inconstitucionalidad de dicha ley, en razón de que se advirtieron disposiciones contrarias a la garantía de derechos, una instrumentalización del derecho humano al agua, así como la falta de reconocimiento sustantivo del mismo en forma de bases operativas para su cumplimiento.

Entre los argumentos esgrimidos, se advierten la omisión de “garantizar el derecho de acceso a la participación para la población general, mandatado por el artículo cuarto constitucional, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –llamado Acuerdo de Escazú–, así como la omisión del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Entre las firmantes se encuentran: Laboratorio de Estudios Urbanos y Sustentabilidad (LABUR), Agua para todxs Querétaro, Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro Nosotrxs, Representación en Querétaro, Confederación indígena del barrio de San Francisquito Grupo Ecológico Xymbionte SAPI de CV, Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Comunidad Originaria de San Miguel Tlaxcaltepec, Comunidad de Chitejé del Garabato, Ambientalistas del Centro, Vocer@s de la Madre Tierra y 19 más.

Del análisis de la ley se desprende que “es omisa en armonizar el marco constitucional federal con la legislación local y no está enfocada en garantizar el derecho humano al agua”. Por ejemplo, en el artículo 117 de la ley recién publicada se estipula que “en épocas de escasez de agua, determinada o previsible, la Comisión [Estatal de Aguas] podrá determinar condiciones de limitación de la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley en las zonas y durante el lapso que sea necesario, avisando a los usuarios a través de los medios de comunicación disponibles o en su caso suspender la contratación de servicios”.

Dicho precepto no refiere los criterios o parámetros objetivos ni técnicos para considerar “escasez” en su modalidad de “determinada” o “previsible”. Tampoco indica “qué acciones tomarán las autoridades para asegurar los mínimos esenciales para las personas, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a los usos personales y domésticos”, advirtieron los inconformes.

Ley Kuri

Pedro Moctezuma Barragán, doctor en planeación y desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra, considera que la ley se da “en colusión” del gobierno con las grandes inmobiliarias, que han desarrollado dinámicas de despojo con pueblos originarios.

El experto en asuntos hídricos indica que esta ley “posibilita a los municipios y a la CEA otorgar concesiones a la iniciativa privada para brindar el servicio de agua potable a través de licitaciones o adjudicaciones directas. Es una ley privatizadora”.

El problema, explica el doctor Moctezuma Barragán, es que los OPSA “tendrán derecho de realizar el cobro directo a las personas usuarias por la prestación de este importante servicio público, podrán expedir certificados de conexión, otorgar factibilidades y precios por el uso de infraestructura, incluso, promover el establecimiento de centros de población nuevos con esta infraestructura”.

El doctor por la Universidad de Liverpool alerta que otro problema es que en estos momentos de extrema escasez de agua en el país y en Querétaro, esta ley le permite a los órganos locales del agua otorgar concesiones hasta por 20 años. “Estamos hablando de llegar hasta 2042, cuando el horizonte hídrico en nuestro país no se puede prever más allá de 5 o 7 años. Y, además, es un horizonte que exigen medidas de regulación, de control, de garantía de derecho humano al agua y de agua de consumo humano de calidad y no un lasser fair que es totalmente irresponsable”.

Los organismos operadores

Del estudio Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común –elaborado por el equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro, así como del Laboratorio de Investigación Periodística de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)– se desprende que en la entidad operan 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable.

Todas están asociadas a compañías inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento. En más de un caso, sus asociados o cuerpos directivos están conformados por socios y familiares de empresas inmobiliarias que a su vez tienen relación con otras operadoras. Esto significa que una misma inmobiliaria puede estar asociada a varias operadoras.

La lista se integra por: Agua Potable y Alcantarillado de Provincia Juriquilla; Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado (AQUAA); Complejos Residenciales, SA de CV; Complejos Residenciales, SA de CV; Club Campestre de Querétaro, AC; Administradora Queretana del agua (AQUA); Hacienda El Campanario, SA de CV; Fraccionadora la Romita, SA de CV; Fors Organismo Operador, SA de CV; Fraccionamientos Selectos, SA de CV; Fraccionamiento Villas del Estanco, SA de CV; Inmobiliaria Plaza Querétaro, SA de CV; Operadora Querétaro Moderno, SA de CV; Operadora de Instalaciones Turísticas y Desarrollo Inmobiliario, SA de CV; Operadora y Abastecedora QROMA, SA de CV; Organismo Operador de Agua y Saneamiento Los Cisnes, SA de CV; Organismo Operador Independiente del Sistema de Suministro y Tratamiento de Aguas del Fraccionamiento Polo & Ski; Organismo Operador 413, SA de CV; Residencial Balvanera, SA de CV; Residencial Campestre San Gil, AC; Sistemas de Agua de Querétaro, SAPI de CV; y Sociedad de Manejo de Agua Potable, SA de CV.

El estudio ejemplifica que las operadoras Servicios Industriales Aquagenis, Operadora Querétaro Moderno, Hidro Corregidora y Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado están vinculadas a Desarrollos Residenciales Turísticos; mientras que las operadoras Sistemas de Agua Querétaro, Desarrollos y Construcciones del Centro, Servicios Industriales Aquagenis, y el Organismo Operador de Agua Administradora Queretana de Aguas están vinculadas a Desarrollos de Provincia Juriquilla.

Acaparamiento

Claudia Romero Herrera, coordinadora del área de incidencias ciudadana de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro, indica que en el estado hay un acaparamiento integral del agua, “y está claramente articulado por un sector que es una élite político económica y que se mueve a través del mercado inmobiliario”.

El estudio de Tsunami inmobiliario –elaborado en colaboración con la organización Geocomunes– indica que “más de 32 desarrollos habitacionales extendidos sobre una superficie territorial de más de 13 mil 462.09 hectáreas cuentan con autorización para ser abastecidos por 17 operadoras privadas, ocho de ellas vinculadas a una sola élite. Las operadoras cuentan con 28 millones 186 mil 434 metros cúbicos de agua anuales, mientras que empresas inmobiliarias controlan directamente más de 36 millones 272 mil 442 metros cúbicos del vital líquido al año, además de las aguas de uso industrial otorgadas por sus otras ramas productivas”.

Entre los nombres que señala el análisis destacan: Altozano, Balcones de Juriquilla, Campestre del Lago, Colinas la Piedad, Cumbres del Lago, Cumbres del Cimatario, La Espiga, Los Héroes, Lomas de Juriquilla, El Refugio, El Mirador, Puerta Real Residencial, Punta Esmeralda, Privada Juriquilla, Plaza Antea, Residencial Caletto, Valle de Santiago, Valle Juriquilla, Villas del Cimatario, Villas del Mesón, Villas El Refugio, Santa Fe, Sonterra, San Isidro Juriquilla, Uptown Juriquilla, Zakia Zibata, Zen House y Zen Life.

Todos los ángulos del tema del control del agua en Querétaro llegan al mismo punto, dice la también doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad por la Facultad de Filosofía de la UAQ. Todo está vinculado a desarrolladoras inmobiliarias, “creadas expresamente para abastecer en los lugares donde quieren hacer fraccionamientos, condominios, etcétera”.

“No solamente hay vivienda ahí, sino que también hay comercio e incluso en algunas partes meten un espacio industrial, tienen todo este espacio de lucro a través de la venta de la tierra y la comercialización, pero la concesión de agua es una pieza clave de ese mercado, se vuelve un insumo necesario para generar esa producción y tiene poco que ver con una lógica de abastecer a la gente”, señala la especialista.

La doctora Romero Herrera advierte que muchas de las concesiones que hay en Querétaro “tenían un uso agrícola, industrial, y su titular ya está muerto o el título ya está vencido [pero se siguen explotando; es] lo que le llaman el mercado negro del agua”.

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