Durante décadas, la justicia en México ha sido vista como un privilegio reservado para unos cuantos. Como un sistema lejano, técnico y poco sensible a los problemas reales de la gente. Esa realidad motivó la reforma del año pasado, que puso en marcha una verdadera transformación al Poder Judicial a fin de construir una justicia que escuche a la gente, que entienda sus necesidades y que actúe con empatía. Es decir, una justicia con sentido social.

¿Pero cuál es el significado real de ese sentido social? A grandes razgos, significa que la justicia debe responder a las necesidades del pueblo, no a los intereses de las élites. Significa también que las sentencias no sean textos incomprensibles, sino decisiones claras, con impacto real en la vida cotidiana de las personas. La idea es que la ciudadanía deje de sentirse excluida de un sistema que debe protegerla. Porque una justicia que no se entiende, que no escucha, o que no resuelve, no es justicia.

Para poder construir ese nuevo modelo de justicia, uno de los primeros pasos es lograr que el Poder Judicial hable claro. Las resoluciones judiciales no pueden seguir siendo textos técnicos que sólo entienden las y los profesionales del derecho. Necesitamos sentencias que cualquier persona pueda leer, comprender y, sobre todo, usar para defenderse.

Esta transformación implica eliminar tecnicismos innecesarios, priorizar la claridad y explicar el porqué de cada decisión con lenguaje ciudadano. Solo así las personas podrán saber cómo se resolvió su caso, qué derechos les protege la ley y qué pueden hacer en el futuro si enfrentan una situación parecida. Porque la transparencia no se logra con promesas, sino con sentencias comprensibles.

Una justicia con sentido social escucha la voz ciudadana. Los tribunales no pueden seguir deliberando desde una torre de marfil, ajena a las vivencias, conocimientos y exigencias de la sociedad. Necesitamos crear espacios donde las personas puedan participar activamente en el proceso judicial. Donde organizaciones, colectivos y comunidades compartan sus experiencias. Debemos reconocer que nadie conoce mejor la injusticia que quienes la viven todos los días.

Por otro lado, en nuestro sistema de justicia actual, los tribunales suelen resolver caso por caso, de manera individual, incluso cuando se trata de problemas estructurales que afectan a miles de personas. Esa lógica debe cambiar.

Una justicia con sentido social debe buscar soluciones colectivas. Agrupar casos similares para emitir decisiones que beneficien a muchas personas al mismo tiempo. Usar la fuerza de cada sentencia no solo para reparar un daño específico, sino para transformar realidades más amplias.

Este 2025, por primera vez en nuestra historia, la ciudadanía podrá participar directamente en la elección de las personas que integrarán el Poder Judicial. Es una gran oportunidad para cambiar el rumbo del derecho. Debemos aprovecharla para lograr una justicia que escuche, que transforme y que devuelva la esperanza al pueblo de México.

El Poder Judicial debe estar al servicio del pueblo. Para lograrlo, necesitamos cambiar la manera en que se juzga en este país. No basta con reformar leyes. Hay que cambiar la cultura judicial. Hay que cambiar las prioridades. Y eso empieza con establecer y defender una convicción firme: la justicia debe servir a las personas. Es decir, la justicia debe tener un sentido social.

Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho.

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