El pasado viernes 15 de mayo, en el marco del Día Internacional de las Familias, participé en un conversatorio sobre Derecho de familia, justicia económica y derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe, organizado por la asociación Equality Now. Nuestra conversación partió de la premisa usualmente ignorada de que las familias son espacios donde también se producen y reproducen desigualdades económicas y estructurales que condicionan el ejercicio efectivo de derechos. En este contexto, estoy convencida de que cualquier discusión sobre derecho familiar requiere tomar en cuenta las condiciones reales en las que viven las familias latinoamericanas y los obstáculos que enfrentan para ejercer sus derechos.

Durante mucho tiempo, el derecho de familia se trató como una cuestión estrictamente privada. Como si los conflictos relacionados con los cuidados, las pensiones alimenticias, la custodia o la distribución del patrimonio pertenecieran únicamente a la intimidad de los hogares. Sin embargo, los procesos familiares tienen efectos directos sobre la autonomía económica de las personas, el acceso a la justicia y la posibilidad de construir un proyecto de vida después de una separación. Es justamente en esos procesos donde se vuelve visible la distancia entre el reconocimiento formal de derechos y las condiciones reales para ejercerlos.

Un ejemplo de ello es la distribución de los cuidados. En América Latina, las mujeres seguimos realizando la mayor parte del trabajo no remunerado dentro de los hogares. Cuidamos infancias, personas adultas mayores y personas enfermas. Esa labor rara vez se reconoce económicamente, y pocas veces se toma en cuenta al momento de distribuir bienes o fijar pensiones alimenticias. A ello se suma una realidad económica atravesada por la precariedad y el trabajo informal, que limita seriamente las posibilidades materiales de muchas familias después de una separación. Lo cierto es que, en muchos casos, simplemente no hay recursos suficientes para redistribuir.

Si bien, en las últimas décadas hemos atestiguado avances importantes en materia de igualdad, perspectiva de género y reconocimiento de derechos dentro de las familias, muchas de esas transformaciones encuentran obstáculos al momento de llevarse a la práctica. Resulta difícil hablar de redistribución económica después de una separación cuando muchas familias viven en pobreza. De igual manera, es difícil garantizar pensiones suficientes cuando los ingresos son inestables o inexistentes. La realidad es que, sin condiciones materiales óptimas, el reconocimiento de derechos humanos difícilmente puede traducirse en un goce efectivo.

Al acercanos al derecho de familia desde una perspectiva de justicia económica, se vuelve imposible no reconocer que el nivel de vida de las personas condiciona el goce de sus derechos. Más allá de los debates jurídicos concentrados en ampliar el reconocimiento de derechos, desarrollar nuevos criterios y construir estándares de igualdad cada vez más amplios, lo cierto es que esas herramientas encuentran límites cuando se enfrentan a contextos marcados por la desigualdad. Por eso, no basta con ampliar derechos, debemos asegurarnos que las personas tengan todo en su poder para exigirlos y gozarlos. Colocar y mantener este debate al centro de la agenda pública es uno de los pendientes más importantes para el derecho de familia contemporáneo.

Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de Circuito. Licenciada, maestra y doctora en derecho

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