Las constantes amenazas del gobierno estadunidense en contra de Cuba y su población constituyen un crimen internacional. De materializarse en una posible intervención violenta en la isla, provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”, advirtió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Tendría, además, un impacto destructivo para la paz y la estabilidad de la región, agregó el mandatario en sus redes sociales, donde también rechazó que su país represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, “ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país”.
Ello es bien conocido por las autoridades de la nación norteamericana, “en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional”. Y si bien Cuba tiene derecho legítimo a defenderse ante una “arremetida bélica”, esto no puede ser tomado como excusa “para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”.
Sus comentarios surgen luego de meses de declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con la caída del gobierno cubano y hecho explícita la posibilidad de tomar el control del país, al que ha asfixiado con un nuevo bloqueo desde finales de enero de 2026, cuando advirtió a los demás países de imponerles aranceles si distribuían combustible a la isla.
Asimismo, este fin de semana el medio estadunidense Axios compartió un reportaje en el que afirmaba la presunta adquisición de más de 300 drones rusos e iraníes, cuyo objetivo era enviarlos contra puntos específicos en Florida y la base de Guantánamo.
Enseguida, Bruno Rodríguez, ministro de Exteriores de Cuba, señaló que este texto formaba parte de una campaña que preparaba el terreno político estadunidense para justificar una agresión militar y sanciones contra la nación caribeña.
Esta mañana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos efectivamente sancionó a funcionarios públicos cubanos de diferentes áreas. Entre ellos, los ministros de Energía, Justicia y Comunicaciones; también al presidente de la Asamblea Nacional; los jefes del Ejército Oriental y Central, y el de contrainteligencia militar; así como personal del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.
De esta manera, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros actualizó su lista al incluirlos. Las sanciones significan el bloqueo de bienes y activos que se encuentren bajo la jurisdicción estadunidense, y prohíben transacciones financieras hacia personas o entidades dentro del país norteamericano.
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