Los incesantes flujos migratorios a Estados Unidos, que tienen su origen en las injustas condiciones políticas y sociales de países de centroamericanos y del caribe, requieren una solución de fondo en las relaciones económicas y geopolíticas que privan en el continente donde Estados Unidos sigue obstinado en imponer su supremacía en la región y anacrónicos bloques económicos a Cuba, pese al voto mayoritario en contra de los países en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A México le asiste el derecho y la razón para emitir su punto de vista sobre la actual coyuntura, porque son sus fronteras y territorio la ruta obligada por la cual miles de inmigrantes buscan llegar a suelo estadunidense, evitando el hambre, la violencia y represión de la que no pueden escapar en sus países de origen. El torrente de ciudadanos haitianos que inundó ciudades de Chiapas como Tapachula, es prueba de ello.

No pueden pasar desapercibidos, por ello, los acuerdos, debates, y hasta confrontaciones, registrados en la pasada Sexta Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde quedó claro que más allá de las diferencias ideológicas debe prevalecer la colaboración de los 33 países participantes por alcanzar objetivos comunes muy al estilo del modelo de la Unión Europea.

La pandemia de Covid-19 dejó muy en claro que a pesar del brutal bloqueo económico aplicado a Cuba por el gobierno estadunidense desde 1960 en el contexto de la Guerra Fría, en la nación caribeña sus científicos lograron obtener una vacuna para su población, sin contar con amplios recursos.

Como lo planteó en una entrevista el canciller Marcelo Ebrard, debe existir una cooperación entre las universidades públicas de todas las naciones latinas y caribeñas para lograr objetivos comunes en materia de salud, para que la vida de millones de personas no dependa en forma absoluta de los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas que a raíz de la pandemia han obtenido ganancias multimillonarias.

La pobreza, la marginación y el subdesarrollado que imperan en muchas naciones del Continente son producto de un modelo económico impuesto por los fundamentos del Pacto de Washington y el apoyo que los presidentes estadunidenses dieron en su momento a dictaduras como las de los Somoza en Nicaragua y Augusto Pinochet en Chile, entre otras muchas, que no fueron más que marionetas para permitir la explotación de sus pueblos y el afianzamiento de empresas de ese país dedicadas al saqueo de sus riquezas naturales.

Con la aparición de las rutas del narcotráfico, la situación se volvió caótica al quedar envueltas en una interminable violencia poblaciones enteras a las que no les ha quedado de otra que emigrar o morir a manos de grupos delincuenciales. Los gobiernos títeres han carecido de una visión nacionalista y soberana por depender en todos los sentidos de Estados Unidos.

Por eso, y a pesar de los nada tersos desencuentros, en la Cumbre se decantó el compromiso de impulsar un orden internacional más justo y armónico con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en lo relativo a puntos tales como: la igualdad soberana de los Estados, la vía pacífica a las controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto a la soberanía de los Estados.

Llama poderosamente la atención que a pesar de la defensa a ultranza de los intereses estadunidenses y su anquilosado mecanismo de representación regional como la Organización de los Estados Americanos (OEA), de parte de los presidentes de Paraguay, Mario Abdo  y de Uruguay, Luis Lacalle, que centraron su participación en atacar a los gobiernos de Venezuela y Cuba, se logró en consenso rechazar de manera tajante las medidas coercitivas que violan el derecho internacional, más propiamente a través de bloqueos contra la naciones cubana y venezolana.

Fuera del ámbito de la manipulación mediática, es claro que la economía de Cuba y el bienestar de sus habitantes no han podido despegar no por culpa del modelo socialista sino por las terribles restricciones económicas que, en medio de la pandemia, terminaron violando todo precepto humanitario.

Informes de la cancillería cubana establecen que de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo contra la isla reportó pérdidas por 9 mil 157 millones de dólares, y en los últimos 5 años, el déficit alcanza los 17 mil millones de dólares. Nada hablan sobre esta desigual condición los medios de la derecha en el Continente.

¿Qué dirían los presidentes de Uruguay y Paraguay si sus países enfrentaran un bloqueo de esta naturaleza? ¿O qué pensarían también al respecto los mandatarios de Colombia y Brasil? Naciones que por cierto se abstuvieron de votar, junto con 184 países, a favor de poner fin el embargo comercial contra la isla, durante la Asamblea General de la ONU del pasado 23 de junio.

La mayoría de los miembros de la ONU calificaron la persistencia del bloqueo como una incuestionable violación a los derechos humanos y un atentado a la vida de todo un país al negársele el derecho a obtener recursos económicos para enfrentar la pandemia, por lo que lo alcanzado en la Sexta Cumbre de la Celac, no es de ninguna manera un asunto menor porque sienta las bases para empezar a tejer acuerdos en objetivos comunes de la región, sin la presencia impositiva de Estados Unidos.

El fenómeno migratorio es el mejor parámetro de la crisis generalizada que afecta a las naciones del Continente pero de forma muy especial en Centroamérica y el Caribe. En México, por ejemplo, y tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el gobierno de Carlos Salinas, miles y miles de mexicanos emigraron de un agro en quiebra a Estados Unidos; se calcula que actualmente radican allende el Río Bravo unos 40 millones de compatriotas que salieron huyendo del hambre y el desempleo. Y aunque resulte paradójico, ahora son ellos los que con el envío de sus remesas han evitado la quiebra económica en muchas regiones del país.

En cuanto a las caravanas de migrantes por el territorio nacional parece que el tema va para largo porque nuestro país fue declarado por la Corte estadunidense como un país seguro, por lo que los migrantes deberán permanecer en México hasta que las autoridades del vecino país les resuelvan sus solicitudes de asilo o visas temporales para trabajar.

Llegó la hora de que el gobierno de los Estados Unidos se aboque a construir las soluciones de fondo en los países de Centroamérica y el Caribe, si no desea que miles de desesperadas personas sigan jugándose la vida para ingresar a sus fronteras.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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