Ocurre hoy. Si se quiere pedir perdón a un pueblo por crímenes cometidos en su contra, no hace falta hurgar en la historia. En México, hay varios casos contemporáneos. En esta ocasión nos detendremos en uno: La Laguna, Guerrero. Desde finales de la década de 1990, esa comunidad integrante del municipio Coyuca de Catalán –junto con otras vecinas– padece una agresión sistemática que ha buscado su exterminio. El embate se agudizó con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, en 2006, y alcanzó tintes de genocidio.
Los criminales –autoridades federales, estatales y municipales de al menos 3 sexenios e integrantes de la delincuencia organizada entre narcotraficantes y talamontes– gozan hoy en día de impunidad. A mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se han generado las condiciones mínimas de justicia y reparación. Ni siquiera las hay para que las familias desplazadas –depauperadas y rotas– regresen a sus comunidades, donde pertenecen, y reconstruyan su tejido social. Tampoco, para que puedan vivir dignamente en donde se les ha reubicado.
La comunidad de la Laguna, originalmente enclavada en uno de los pliegues de la Sierra de Guerrero, hoy cuenta tres desapariciones forzadas, 26 asesinatos y 164 personas (32 familias) desplazadas. Los datos no alcanzan a reflejar el terror, la indignación, la tristeza y la desesperanza que estos hombres, mujeres, niños y viejos cargan a cuestas.
La Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP) ha documentado puntualmente el trágico devenir de estas familias campesinas. En apretado pero contundente informe, Caso La Laguna. Desplazamiento interno forzado en el estado de Guerrero: anotaciones para una reparación integral del daño, la AMAP señala que las 32 familias desplazadas viven en precariedad en cinco comunidades que solidariamente les han dado el cobijo que han podido.
Así, en Tepango hay siete familias desplazadas de La Laguna. Se trata de 38 personas: 21 hombres y 18 mujeres. En La Unión, nueve familias con 51 integrantes: 26 hombres y 25 mujeres. Ambas comunidades recpetoras se encuentran en la Costa Chica. En Puerto Las Ollas, Coyuca de catalán, 15 familias con 67 personas: 26 hombres y 36 mujeres. Y en “otras locaciones”, una familia de ocho integrantes: tres hombres y cinco mujeres.
Como se recordará, la comunidad de La Laguna y otras de la Sierra de Guerrero comenzaron a padecer en la década de 1990 las incursiones de grupos del narcotráfico y de talamontes. La región, abundante en maderas preciosas y minerales, fue objeto de codicia de estos grupos criminales en contubernio con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Para proteger sus montes, las comunidades de la región crearon la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocesp). Con ella, las comunidades enfrentaron a los talamontes, que ya habían armado negocios trasnacionales con las maderas preciosas, minerales y con el establecimiento de una ruta de trasiego de drogas. Delincuencia organizada y autoridades coludidas en ella buscaron aplastar a los pueblos organizados.
En este contexto ocurrió la tortura, detención arbitraria y el encarcelamiento de los entonces líderes más visibles de la Ocesp Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores (2 de mayo de 1999) y el asesinato de la abogada Digna Ochoa (19 de octubre de 2001). Después de que la presión social nacional e internacional liberara a Teodoro y a Rodolfo y de que se fingiera la investigación del crimen contra Digna, poco se supo de lo que pasó después.
Ahí no concluyó la historia. La tragedia no sólo continuó sino que se extendió y se profundizó, con la ayuda de autoridades que replantearon la estrategia y con el silencio cómplice de los grandes consorcios mediáticos. Lejos de replegarse, la mafia de traficantes de droga y de maderas preciosas arremetió con ánimos renovados y aplicó una estrategia contrainsurgente en toda la región. La misma que había arrasado ya con comunidades enteras algunas décadas atrás para combatir los movimientos armados de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en el estado. Sólo que ahora se aplicaba contra comunidades defensoras de sus bosques.
La estafeta de la Ocesp pasó al liderazgo de Rubén Santana Alonso, un activista que destacó por la firmeza de sus convicciones, su generosidad y honradez. Los criminales enfocaron entonces sus baterías contra Rubén, su familia y su comunidad: La Laguna. Lo que vino para todos ellos fue el terror, el exterminio.
El 14 de febrero de 2005 se cometieron tres desapariciones forzadas: contra Nicómedes Villa Santana, Orlando Rebolledo Téllez y Daniel Cabrera Peñaloza. Fueron interceptados en Petatlán cuando se dirigían a hacer unas compras. Un mes después, el 17 de marzo, fue ejecutado extrajudicialmente José de Jesús Santana Villa, hijo de Rubén.
Dos años después, el 2 de abril de 2007, fueron asesinados dos adolescentes: Jesús Arroyo Salgado, de 16 años de edad, y Gustavo Villán, de 18. Los acribillaron mientras se encontraban apagando un incendio provocado por los talamontes. En ese mismo año, el 7 de mayo, fue ejecutado extrajudicialmente José Inés García Silva, en Ciudad Altamirano. Era comisario municipal de Los Guajes de Ayala. Después, los días 22 y 23 de junio, un grupo paramilitar protegido por la Policía Investigadora Ministerial incursionó en las comunidades La Laguna, Los Órganos, Los Gachupines, Hacienda de Dolores y Los Guajes de Ayala. Ahí cometieron allanamientos de morada, interrogatorios ilegales y torturas.
En 2008, el 23 de agosto, fue ejecutado Raymundo Díaz Maldonado, consuegro de Rubén Santana. Fue asesinado en Coyuca de Catalán.
Para el 14 de febrero de 2009 se perpetró la masacre de Estanislao Méndez Blanco, Pedro Méndez Blanco, Nicolás Méndez Ríos, Cipriano Méndez Pérez y Adrián Méndez Pérez, este último de 14 años de edad, en Barrancas de las Truchas. Además, se intensificaron las irrupciones militares en La Laguna. Los soldados decían buscar a Rubén Santana porque encabeza un “grupo de encapuchados”.
El 6 de octubre de 2010 ocurrió un enfrentamiento, al que le sucedieron diversas emboscadas, en La Laguna y Hacienda de Dolores, Coyuca de Catalán. En las inmediaciones de la Barranca de las Truchas, un grupo no identificado se enfrentó con militares y policías ministeriales que subieron a la región en cuatro carros comando. Ahí murieron dos policías y seis resultaron heridos. Los policías fueron entonces a Hacienda de Dolores, a media hora de La Laguna, para aterrorizar a la comunidad, pues “iban muy enojados”. Realizaron detenciones injustificadas.
Cuatro meses más tarde, ya en 2011, el 18 de febrero, fue ejecutado extrajudicialmente el activista, organizador y uno de los liderazgos con mayor autoridad moral en la región Rubén Santana Alonso. Fue emboscado junto con su hermano Valdo Santana Alonso, quien resultó herido de gravedad. Desde entonces, Valdo y su familia abandonaron su hogar y se refugiaron en la comunidad de Tepango, municipio de Ayutla, Guerrero.
Los delincuentes no pararon. Ya sin Rubén Santana, las comunidades quedaron más vulnerables. Sin ese liderazgo, integrantes de la comunidad de La Laguna tuvieron que emprender el primer desplazamiento el 21 de abril de ese año. Juventina Villa Mojica, viuda de Rubén, encabezó el éxodo hacia la comunidad Puerto Las Ollas. Pero los asesinatos siguieron. Jorge Delgado Salgado, yerno de Rubén, fue ejecutado extrajudicialmente el 5 de mayo de 2011 en Los Órganos.
La acción de los grupos delincuenciales estuvo acompañada siempre de un acoso judicial, policiaco y militar. El 8 de julio de 2011, Joel Santana Villa y Erzaín Olmedo Nieves fueron detenidos arbitrariamente por efectivos del Ejército Mexicano. Les sembraron armas y droga y fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tuxpan, cerca de Iguala. En el proceso legal se demostró, con base en los resultados del informe pericial de dactiloscópica, que el arma y la droga no tenían huellas digitales de Joel ni de Erzaín.
En ese aciago 2011, la andanada mortal contra la comunidad de La Laguna y, particularmente, la familia Santana continuó. El 3 de septiembre una nueva ejecución extrajudicial incrementó el terror y la tristeza entre los integrantes de la Ocesp. Enrique Rodríguez Santana, primo hermano de Rubén, fue acribillado en El Pescado. El 29 de septiembre de 2011 Leticia Santana Villa, entonces con 17 años de edad y en estado de gravidez, fue perseguida, hostigada e intimidada por hombres armados. La violencia ejercida contra ella le provocó que adelantara el parto. Al no contar con ningún tipo de atención médica, su bebé nació muerta.
Para el 1 de octubre de ese 2011 las familias desplazadas de La Laguna que se habían refugiado en la comunidad de Puerto de las Ollas decidieron regresar a su comunidad de origen. El gobierno del estado se comprometió a apoyar con seguridad pública y designó a un grupo de la Policía Estatal para acompañarlos a su comunidad de origen.
El año cerraría con dos ejecuciones extrajudiciales más: las de Joel Santana Villa (2 de diciembre) y de Ascensión Villa Santana (31 de diciembre), ambos primos hermanos de Rubén.
Para el año siguiente, 2012, continuaron los asesinatos. El 1 de septiembre fue ultimado Damián Díaz Hernández en la propia comunidad de La Laguna. A pesar de que se contaba con vigilancia de la Policía Estatal Preventiva, pistoleros de Los Ciruelos y El Pescado llegaron hasta la comunidad y dispararon durante más de 40 minutos contra la casa de la familia Díaz Hernández. A la agresión respondió la Policía, pero los pistoleros pudieron ejecutar a Damián. Por ello, pobladores de la comunidad solicitaron reunión con el gobierno del estado. El 25 de septiembre pidieron protección para el segundo desplazamiento inmediato de la comunidad.
La violencia, incontrolable, se cebó el 11 de noviembre de ese año con las ejecuciones extrajudiciales de Celso Chávez Segura y Fortino Méndez Segura, en El Ciruelo. Se pudo identificar que quienes ejecutaron a los jóvenes eran pistoleros de Luciano Benítez Hernández, uno de los explotadores de la madera.
Una semana después, el 18 de noviembre, la comunidad de La Laguna celebró la segunda reunión con el secretario general de Gobierno del estado, entonces Humberto Salgado Gómez. El funcionario dijo que no podía garantizar la seguridad en la comunidad. Entonces se le pidió asistir una salida inmediata, pero rechazó tajantemente habilitar albergues. El gobierno estatal sólo apoyó con camiones para la salida. Se acordó para el 28.
Pero ese 28 de noviembre llegaron los pistoleros hasta el domicilio de Juventina Villa para asesinarla, junto con el menor de sus hijos, Reynaldo Santana Villa, de 10 años de edad.
Después del asesinato de Juventina y tras pasar algunos meses en Puerto Las Ollas, y ante las mismas amenazas, el 10 de marzo de 2013 la viuda y los hijos de Damián Díaz Hernández, se desplazaron de la región de la Tierra Caliente al poblado de La Unión, Municipio de Ayutla de los Libres, en la región de Costa Chica, donde fueron reubicados por el gobierno del estado. Hasta allá intentaron seguirles. El 19 de julio lograron identificar a tres hombres que iban en pos de la familia. Dos días después, el 21, tres personas entraron disparando en ráfaga con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a Hermelindo Díaz Pérez en la comunidad de La Unión, quien logró huir. Sus hermanos salieron en su defensa. Repelieron la agresión con rifles calibre 22 y con la ayuda de la Policía Comunitaria que operan en la región. Dos de los agresores cayeron muertos y el tercero fue detenido. A uno de los agresores se le encontró su credencial de elector. Se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, vecino de La Barrita, Municipio de Petatlán, Guerrero.
Terminó el criminal sexenio de Felipe Calderón, un personaje cuyos delitos podrían ser juzgados internacionalmente. No han seguido las matanzas, pero la situación de estas familias campesinas no mejora.
Los desplazados siguen ahí, con sus familias rotas, sin los medios para subsistir y en la precariedad absoluta. Les han despojado vidas, hogares, territorio, libertad, tranquilidad y salud. Difícil siquiera imaginar cómo han podido soportar el terror. Por sorprendente que parezca, no han sido incluidas en los registros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Es urgente que, además, reciban atención psicológica, social y económica, es decir, integral. Y que se les garantice sus derechos a tierra, educación, vivienda y salud.
Sí es importante que el Estado mexicano pida perdón a los pueblos agraviados en el pasado. Reconocer hechos y responsabilidades contribuye a la justicia. Pero si no se atiende a quienes hoy están padeciendo despojo y exterminio, todo habrá sido una escenografía, una simulación.
Documento: Caso La Laguna
