Magistrados de Tribunal Federal de Justicia ganan más que el presidente

Miguel Badillo - 10 Jul 2022 a las 7:01 pm
FOTO: TFJA | Magistrado Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Lejos del criterio establecido por la Ley Federal de Austeridad Republicana de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa los sueldos de los magistrados de la Sala Superior ascienden a unos 500 mil pesos mensuales, más otras prestaciones. Además, tienen asignados dos vehículos de lujo con choferes, se les paga gasolina, seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores ilimitado, asesores, viajes al extranjero, gastos de representación, bono de riesgo, comidas, celulares y un bono extraordinario por desempeño

Primera parte. A los problemas que enfrenta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) –tales como abuso de autoridad, denuncias por corrupción y evasión fiscal, supuesto desvío de recursos públicos, amenazas y hasta presuntos sobornos para inducir sentencias– se suma el despilfarro en salarios y prestaciones que reciben desde el magistrado presidente hasta cada uno de los 14 magistrados que integran la Sala Superior y la Junta de Gobierno que rige ese órgano colegiado y autónomo.

Incentivados a finales de 2019 por el magistrado presidente Rafael Anzures Uribe, todos los magistrados de la Sala Superior, a excepción de la magistrada Madga Zulema Mosri Gutiérez, se ampararon para evitar que les aplicaran la Ley Federal de Austeridad Republicana –que entró en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de ese año–, en donde se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.

Mediante ese amparo, magistradas y magistrados obtienen ingresos superiores al salario mensual que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, revela información publicada en la propia página del TFJA (https://www.tfja.gob.mx/) y en la Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en donde se afirma que hasta abril de este año los salarios de cada integrante de la Sala Superior del Tribunal ascienden a unos 500 mil pesos mensuales, más prestaciones que les permite aumentar esos ingresos.

Sin embargo, fuentes consultadas en ese Tribunal aseguran que la información sobre sueldos de los magistrados dada a conocer en su propia página y en la Plataforma del Inai “es falsa”, pues reconocen que sí se ampararon para ganar más que el presidente de la República, pero aseguran que su salario “apenas asciende a unos 166 mil pesos mensuales, más otras prestaciones”.

Como ejemplo de lo que supuestamente ganan los magistrados citamos tres casos, cuya información  han hecho pública los órganos de gobierno y autónomos ante la obligación establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

  1. El magistrado presiente recibe un sueldo bruto de 166 mil 564 pesos mensuales, más ingresos adicionales cada trimestre por 503 mil 802 pesos. Según esas plataformas oficiales, Rafael Anzures Uribe estaría ganando un salario mensual de 334 mil 498 pesos, más otras cuantiosas prestaciones.

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia
  1. El magistrado que tendría mayores ingresos en el TFJA es Carlos Mena Adame, quien aparece con un salario bruto de 283 mil 654.86 pesos al mes e ingresos adicionales por 650 mil 187 pesos trimestrales, que dan una cifra total de 500 mil 383.86 pesos mensuales.

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia
  1. El tercer caso es el de la última magistrada ascendida a dicha Sala Superior, Luz María Anaya Domínguez, quien aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia con un sueldo mensual bruto de 166 mil 464 pesos mensuales, más ingresos adicionales por 503 mil 502 pesos; lo que significa que tendría un salario de 334 mil 298 pesos por mes.

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia

Sucesión en la Presidencia del TFJA

A seis meses de que se decida quién presidirá dicho Tribunal para el próximo trienio (2023-2025) –cargo que actualmente ostenta Rafael Anzures Uribe, quien en diciembre próximo termina su malograda gestión en medio de graves acusaciones que le han hecho sus pares en la Sala Superior (grabación publicada en Contralínea) –, la sucesión podría terminar en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del magistrado presidente.

Al interior de ese tribunal de justicia, en donde diariamente se deciden juicios hasta por miles de millones de pesos en contra del Estado, se ha iniciado el cabildeo entre los magistrados para obtener el voto de sus pares, debido a que por ser un órgano colegiado ellos mismos (un presidente y 13 magistrados de Sala Superior y Junta de Gobierno) deciden quién será el sucesor en la presidencia del TFJA.

Hasta ahora los interesados en participar en la contienda y que al interior del Tribunal lo han manifestado a sus colegas, son: las magistradas Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Luz María Anaya Domínguez (candidata muy cercana al presidente Anzures), así como el magistrado Guillermo Valls Esponda, este último cuenta con el mayor apoyo del Pleno y quien acaba de ser exonerado por la Fiscalía Anticorrupción, ante la acusación penal por delitos fiscales que promovió Anzures Uribe en complicidad con quien hasta diciembre pasado fuera procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, ahora sujeto a investigación en la Fiscalía General de la República.

Para lograr el mayor número de votos entre los magistrados, los contendientes ofrecen a sus colegas desde plazas para familiares y amigos, mayores prestaciones económicas y hasta comprometen sus votos en futuros juicios, todo por alcanzar la Presidencia del Tribunal.

Al interior del Tribunal explican así la sucesión: “cada tres años, en el mes de julio empieza el cabildeo, en donde casi todos los magistrados de la Sala Superior, literalmente venden su voto, pero no únicamente en la parte económica, sino también por canonjías, como abrir espacios en el Tribunal para emplear a familiares, amigos o cómplices, a fin de que en el siguiente trienio puedan manipular juicios a cambio de cuantiosos sobornos millonarios”.

FOTO: TFJA | En la imagen, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TFJA: Alfredo Salgado Loyo, Víctor Orduña Muñoz, Juan Manuel Jiménez Illescas, Natalia Téllez Torres Orozco -el conferencista Dr. Sepúlveda Iguíniz-, Rafael Anzures Uribe, Luz María Anaya Domínguez y Julio Sabines Chesterking.

Esto lo confirma también quien fuera durante seis años secretario operativo de Administración, algo así como el oficial mayor del Tribunal, Miguel Reyes Rosado, quien se encargó de las finanzas de ese órgano colegiado cuando fueron presidentes Francisco Cuevas Godínez y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Sólo para dar un ejemplo de la relevancia de las sentencias que dicta este Tribunal –y que muchas veces compromete el voto de magistrados que aceptan sobornos de particulares–, comentamos que en 2020 ingresaron alrededor de 127 mil expedientes, lo que se tradujo en un interés económico controvertido superior a los 835 mil millones de pesos; es decir, sólo en ese año, se discutieron asuntos por un monto cercano a 1 billón de pesos, que representó el 3.62 por ciento del producto interno bruto del país.

En el caso del periodo comprendido entre enero y junio de 2021, el Tribunal resolvió 62 mil 604 expedientes, con un interés económico de 275 mil 353.2 millones de pesos. En ese mismo semestre del año pasado, el TFJA falló a favor del Estado sólo en 9 mil 748 expedientes, con una cuantía económica de 44 mil 729.6 millones de pesos, lo cual representó apenas el 15.5 por ciento en beneficio del gobierno de los casos recibidos.

El enorme interés de los magistrados por presidir este tribunal autónomo –que ni siquiera depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en donde hasta el contralor interno es nombrado por el mismo magistrado presidente, lo que convierte en muy laxa la vigilancia y la auditoría de la administración– se deriva de que se maneja arbitrariamente un presupuesto cercano a los 3 mil millones de pesos que la Federación le entrega cada año, afirmó Reyes Rosado.

Añadió que la discrecionalidad del presidente del Tribunal para manejar dicho monto multimillonario, permite a los magistrados recibir salarios y prestaciones muy superiores a lo que gana actualmente el jefe del Ejecutivo, pues desde el año 2014, el sueldo de cada magistrado de la Sala Superior rebasaba los 200 mil pesos mensuales, más un bono cuatrimestral de dos meses de salario, lo que incrementaba sus ingresos hasta 300 mil pesos al mes.

Pero no es todo, entre sus prestaciones, los magistrados reciben dos vehículos nuevos con chofer asignado y pagado con el presupuesto del Tribunal. Es decir, con dinero público se renta el automóvil nuevo o una camioneta de lujo para cada magistrado. Además les dan otro vehículo, con conductor incluido, para el transporte de la familia, como si el erario público tuviera obligación de pagar esos lujosos automóviles y salarios de los conductores para magistrados y sus familias.

FOTO: TFJA | Ceremonia de inauguración de los trabajos sobre la ratificación del Convenio 190 de la OIT. En la imagen (de izquierda a derecha): Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba; magistrado Rafael Anzures Uribe, presidente del TFJA; Patricia Kurczyn Villalobos, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social; magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez; Mónica Güicho González, magistrada de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; senador Rafael Espino de la Peña; magistrada Nora Elizabeth Urby Genel; y Estefanía Vela Barba, directora de Intersecta.

Es tanto el dinero público que recibe el Tribunal –y que maneja a su antojo el magistrado presidente, con aval de la Junta de Gobierno que él mismo preside–, que de los 3 mil millones de pesos anuales del presupuesto del TFJA también se paga a los magistrados gasolina para sus vehículos (5 mil 700 pesos mensuales), seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores ilimitado, asesores, viajes al extranjero, viáticos, gastos de representación, bono de riesgo (18 mil pesos), comidas diarias (5 mil pesos), celulares (1 mil 500 pesos) y, por si eso fuera poco, se les da una percepción extraordinaria por desempeño (bono extra) y además no podía faltar el aguinaldo de 40 días de salario. Asimismo, tienen un seguro por incapacidad por 26 millones de pesos.

Adicionalmente, todos los días, el presidente del Tribunal ordena comida de lujosos restaurantes (Club de Banqueros) a cuenta del presupuesto público e invita a su magistrada preferida, que en el caso de Anzures Uribe es Luz María Anaya Domínguez, a quien promueve para que lo sustituya en enero próximo en la Presidencia del TFJA.

El exsecretario operativo de Administración afirma que quien gana la presidencia del Tribunal se vuelve “intocable”, porque decide todo: nadie le dice que no, incluida la Junta de Gobierno que él mismo preside.

Por ejemplo, con los 3 mil millones de pesos de presupuesto anual se asignan de manera directa contratos y se compran bienes e inmuebles sin licitación alguna, con arreglos con proveedores amigos, según las órdenes que da el presidente en turno.

“Mi experiencia en los seis años de administración es que te vuelves millonario en las áreas Jurisdiccional, Sala Superior y Salas Regionales. El contralor lo designa el mismo presidente del Tribunal, a quien le debe el empleo y el cuantioso salario que le paga. La Auditoría Superior de la Federación sólo revisa áreas administrativas, pero no tiene facultad para auditar el área Jurisdiccional donde se dictan las sentencias. Hasta los secretarios de acuerdos –grado inferior a los magistrados– viajan en vehículos Mercedes Benz. Todo funciona mal, hasta el Sistema Aleatorio para asignar las demandas que ingresan al Tribunal, porque es manipulado desde la Presidencia de ese órgano colegiado”, dice Miguel Reyes.

En ese mismo contexto, el actual magistrado Rafael Anzures maneja discrecionalmente un fondo millonario revolvente asignado a la Presidencia y nunca rinde cuentas al pleno del Tribunal ni a la Junta de Gobierno.

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