El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de regular la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, distribuidas por entidades financieras y comerciales.

En un mensaje de redes sociales, el legislador explicó que la propuesta se basa en tres pilares orientados a establecer el equilibrio entre usuarios e instituciones financieras. Entre estos, está el acceso amplio y expedito a la cancelación de las tarjetas bancarias, el establecimiento de un plazo pronto y delimitado, así como el reforzamiento de la protección frente a prácticas indebidas.

Asimismo, Monreal señaló que la iniciativa busca garantizar el derecho de toda persona usuaria de servicios bancarios –sin importar su lugar de residencia ni sus capacidades tecnológicas– de concluir su relación contractual con las entidades financieras mediante canales presenciales, telefónicos y digitales. “Nadie debe quedar atrapado en un contrato por la falta de medios adecuados para cancelarlo”.

También indicó que la propuesta trata de acabar con las prácticas abusivas que actualmente  desgastan y angustian al usuario como la publicidad engañosa sobre costos y cargos, por lo que así se obligará a las instituciones a reembolsar cobros indebidos para proteger de manera preventiva a las personas frente a fraudes y abusos, ya que la responsabilidad actualmente recae en el cliente. “Y también que se garantice certeza en los tiempos, obligando a las instituciones a cumplir de manera puntual con esta medida”, señaló.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, la tenencia de tarjetas de débito y crédito ha mantenido una tendencia ascendente desde 2018, pues seis de cada 10 personas adultas cuentan con una tarjeta de débito y, en términos absolutos, circulan más de 37 millones de tarjetas de crédito en el país, con un saldo de financiamiento que supera los 630 mil millones de pesos.

A ello se suma la falta de canales digitales efectivos y la resistencia activa de las instituciones. Pues tan solo en 2024, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró más de 250 mil reclamaciones; de estas, más de 7 mil fueron solicitudes de cancelación que simplemente no fueron atendidas.

“Se trata de fortalecer la confianza en nuestras instituciones y de avanzar hacia un sistema económico más justo, equitativo y cercano a las necesidades reales de la población. Por ello, les invito con plena convicción a respaldar esta reforma. […] No tengan duda de que al hacerlo consolidaremos un marco jurídico que respete la autonomía de la voluntad, fortalezca a nuestro sistema financiero y, sobre todo, asegure lo esencial: que las instituciones estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones”, explicó Monreal.

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