El gobierno federal cierra definitivamente Notimex y destraba el conflicto laboral con el pago de liquidaciones y salarios caídos a 86 trabajadores. Sin embargo, la agencia, el sindicato y dirigentes gremiales deberán enfrenar más de 300 demandas civiles, laborales y penales. En el acuerdo sólo figura lo que contempla la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo, aseguran la Vocería de la Presidencia y el Sutnotimex. La directora Sanjuana Martínez respalda el cierre y asevera que la corrupción sindical saqueó recursos públicos y demanda que no haya “amnistía” para los responsables; mientras que la lideresa Adriana Urrea rechaza que el Sutnotimex haya pedido algún tipo de privilegios para aceptar la extinción de la agencia

El conflicto en Notimex finalmente hizo inviable la existencia misma de la pretendida Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Se anuncia una “solución” negociada entre la Secretaría de Gobernación (Segob), la Vocería de la Presidencia de la República y la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex). A las mesas de diálogo no se convocó a la Dirección de la institución.

Tal solución consiste en la extinción de la propia agencia y el pago de liquidaciones y salarios caídos a los trabajadores que inicialmente declararon la huelga y a los que se fueron integrando al sindicato durante el desarrollo del conflicto. Algunos de estos trabajadores fueron llevados a Notimex por la nueva administración pero, finalmente, se pasaron al lado de la organización gremial. En total, son 86 trabajadores los defendidos por el Sutnotimex, informa Adriana Urrea Torres, secretaria general.

Para Sanjuana Martínez, directora general de Notimex, se trata de un engaño. Considera que sólo 33 trabajadores son los que realmente emplazaron a huelga. Los demás fueron incorporados en el transcurso del conflicto. Las acusaciones cruzadas no amainan. La periodista y servidora pública culpa al Sindicato de saqueo de recursos públicos y sabotaje al rescate de la institución que, asegura, ella y su equipo trataron de hacer desde el inicio del actual sexenio.

Por su parte, el titular de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, atestigua que nada se negoció fuera de lo que marcan la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo firmado en su momento entre el Sutnotimex y Notimex. Señala que “toda persona liquidada lo será conforme a derecho”. Rechaza que algún trabajador vaya recibir más recursos de los que le corresponden, según la normativa.

También descarta que en las negociaciones se hubieren incorporado a quienes ya habían llegado a acuerdos previamente: “los que ya firmaron liquidación o finiquito no pueden ser beneficiarios”.

Agrega Ramírez Cuevas: “lo importante es que en el acuerdo se respetan los derechos laborales y sindicales de los trabajadores”.

En el mismo sentido, Adriana Urrea Torres descarta que su organización hubiera pedido algún tipo de privilegios para aceptar el cierre de la institución. Asegura que los agremiados recibirán lo que marcan la Ley y el contrato. De hecho, dice, los montos de la liquidación y de los salarios caídos los calcula la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Agrega que, en aras de llegar a un acuerdo, el Sutnotimex ni siquiera pidió reparación de daño moral u otros perjuicios derivados del conflicto.

Sin embargo, el brete de huelga es apenas el único al que se podrá dar vuelta a la página. Aunque Notimex deje de existir, más de 300 demandas de carácter civil, laboral, mercantil y penal quedarán vigentes. Adriana Urrea, secretaria del Sutnotimex, destaca 170 demandas contra la agencia por “despido injustificado”. También señala aquellas presentadas por clientes y proveedores.

Por su parte, Sanjuana Martínez se refiere a 180 denuncias interpuestas por su administración por corrupción ante autoridades ministeriales y 10 más ante la Secretaría de la Función Pública. Destaca las capetas de investigación contra el anterior director de la agencia, Alejandro Ramos, y su directiva; y contra el anterior líder sindical, Conrado García Velasco, y la actual secretaria general, Adriana Urrea Torres. Asegura que todos los expedientes están abiertos.

El jueves pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que había llegado a un acuerdo con el Sutnotimex para la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex. Las negociaciones habían concluido 2 días antes –el martes 3–. Y en su conferencia de prensa matutina del mismo jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el cierre de la empresa y señaló que ya se había autorizado el presupuesto para  el finiquito de los trabajadores.

Sanjuana Martínez señala que fue informada con antelación del cierre de la agencia. Destaca que estuvo de acuerdo con la medida. “Considero que es una decisión adecuada. En su momento se me pidió la opinión. Con quien hablo directamente es con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue la decisión más adecuada que se tomó. Yo daba cuenta de todas las problemáticas que teníamos. Interpusimos más de 180 denuncias por actos de corrupción, otro centenar ante la Secretaría de la Función Pública por irregularidades diversas”.

Incluso, detalla, el decreto que se publicará para extinguir Notimex contiene la determinación de no abrir en el futuro un organismo similar. “Estoy en posibilidad de adelantarte que el decreto incluye el hecho de que no exista más una agencia de Estado de noticias. Tiene que ver con que el régimen anterior utilizó a Notimex como un órgano propagandístico a su favor. Hay un peligro latente que eso suceda en el futuro. Y ante la nueva realidad mediática, en cuanto a las redes sociales, el internet y plataformas que ahora tenemos, se demuestra que una agencia de noticias del Estado no es necesaria”.

La “solución” al conflicto en Notimex se cocinó en la Segob, cuya titular es Luisa María Alcalde Luján –hija de Arturo Alcalde Justiniani, a quien se señala de ser el asesor del propio Sutnotimex, aunque la organización gremial ha rechazado que así sea–, y en dicha negociación participó también el titular de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

Adriana Urrea, secretaria del Sindicato, confirma la siempre “buena disposición” de Luisa María Alcalde desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), primero, y desde la Segob, después. También reconoce el trabajo del actual titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López.

En contraste, Sanjuana Martínez dice que nunca estuvo de acuerdo con la pretensión de Alcalde Luján de lograr el apretón de manos entre la directora de la agencia y la líder del sindicato. “No, nunca; yo llegué a sanear, a combatir la corrupción, a romper esa dinámica del sindicato mafioso. Y no a hacer amistades o un concurso de popularidad. Mi compromiso fue con el presidente y el pueblo de México”.

Aunque Sanjuana Martínez está de acuerdo con el cierre de Notimex y con el respecto a los derechos de los trabajadores, se advierte en sus palabras un dejo de desconcierto. Recuerda que cuando se le invitó a dirigir la agencia se le planteó “como grave” la problemática interna de la institución.

Agrega que desde el gobierno federal ya se había identificado al sindicato “como una organización más bien mafiosa, que se había servido durante por lo menos dos décadas de los recursos y del saqueo del patrimonio de los mexicanos. Se me aseguró que lo iban a arreglar. Yo iba confiada; pero ya de entrada se sabía que estaba mal. Y si no se podía limpiar, pues había que extinguirla”.

Señala que desde entonces “era del dominio público” la “corrupción galopante” en Notimex. Asegura que los líderes sindicales manejaban la línea editorial y decidían sobre el presupuesto anual. Además, acusa, vendían las plazas y había un alto nepotismo. Ejemplifica con el anterior líder sindical, Conrado García Velasco, que tenía más de 20 parientes trabajando en la agencia. “Era una práctica común: los líderes del sindicato tenían a sus esposas, esposos, sus parejas extramaritales y a sus novios, sus primos, cuñados, hermanos, todos ahí”.

Recuerda que el líder sindical estaba acostumbrado a recibir 500 mil pesos mensuales como “ayuda”. Conrado terminaría por renunciar y huir ante una orden de aprehensión girada en su contra derivadas de las denuncias de la nueva administración de Notimex.

Sanjuana Martínez no ceja. Dice que la extinción de la agencia no significa amnistía para las personas denunciadas. Las carpetas de investigación judicial, considera, continuarán.

“Nosotros tenemos carpetas muy importantes en curso, sobre todo de la administración pasada, encabezada por Alejandro Ramos y su directiva. Son delitos que se persiguen, están vinculados a proceso y continuarán. También carpetas importantes contra la actual lideresa, Adriana Urrea, por actos de corrupción; asimismo, contra quien la nombró, que fue Conrado García Velasco, a quien le congelaron ya las cuentas. No porque se extingue se van a olvidar los actos de corrupción que cometieron.

—¿Temes ser aprehendida por algún proceso luego de que concluya la huelga, ante las carpetas abiertas en contra tuya? –se le pregunta a Adriana Urrea, secretaria del Sutnotimex.

—No hay ninguna demanda contra ningún integrante del sindicato en este momento. Las únicas que hubo desde que empezó el conflicto de huelga hasta ahora fueron las mías. Nosotros no conocemos las demandas que supuestamente hubo contra el anterior dirigente sindical, no las conocemos, nunca las encontramos y no la sabemos. Desconozco esos procesos. Y las mías fueron tres demandas. Una penal y una administrativa que quedaron completamente desechadas. Y una está pendiente de amparo, que fue en la que se me acusa de desvío de recursos. Interpusimos un amparo y estamos esperando la respuesta del amparo. Más allá de eso, no hay. No hemos dicho en las mesas: “Quítame las demandas”, porque las demandas ya están desechadas y están atendidas. Hoy no hay más procesos.

Asegura que ninguna de las denuncias tuvo sustento y, por ello, libró los procesos.

Rechaza que en la negociación se plantearan temas políticos, judiciales o de mayores beneficios a los que estipulan la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo.

“Sobre las liquidaciones, se están tomando en cuenta años de antigüedad, categorías, condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo. Para el cálculo se están contemplando las condiciones particulares de cada trabajador y su situación al momento del estallamiento de huelga. Nosotros no hicimos los cálculos. Los hizo la Junta Federal. Nosotros no dijimos: ‘Quiero que a estos les pagues esto’. No. Nosotros nos sentamos a la mesa con la Junta Federal y el cuerpo jurídico de la Secretaría del Trabajo a revisar tanto los procesos jurídicos como el contrato colectivo y la Ley Federal del Trabajo; para que la propia Junta Federal determinara cuál iba a ser el cálculo de cada trabajador. No fue una solicitud de expresa del sindicato. Todo lo que se haya considerado para uno para otro, pues es lo que está debidamente acreditado.”

Adriana Urrea señala que el Sutnotimex ha aceptado los acuerdos y que no pedirá revisión de los mismos o los combatirá en el futuro. Agrega que, mientras se cumplan, es un asunto saldado.

“Cuando se nos anunció formalmente que se había tomado la decisión de desaparecer la empresa, el compromiso que nos dieron desde ese momento fue que no iba a haber un envío de la iniciativa en tanto no se acordaran las condiciones con el sindicato. No iba a haber algo sorpresivo, no iba a haber una imposición. Se planteó que hasta que no se llegara a un entendimiento con el sindicato no se iba a mandar a esta iniciativa. Entonces llegamos a ese punto. Ya nos pusimos de acuerdo en qué se va a reconocer, qué es lo que se va a pagar, cómo se va a pagar.”

Señala que alguna acción legal o de movilización por parte del sindicato solamente sería resultado de un incumplimiento por parte de la Segob y la STPS. “Los campamentos se van a mantener hasta que el último trabajador sea indemnizado conforme y con base en lo que hemos revisado con las autoridades”.

Señala que la información que han recibido en las mesas de negociación es que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es terminar el conflicto antes de que concluya el año.

Sobre el cierre de la agencia, asegura que se enteró cuando lo anunció el presidente de la República en su conferencia de prensa. “Nosotros no sabíamos antes de eso, sólo habíamos platicado con los secretarios y con el vocero Jesús Ramírez, de que ya había una instrucción de resolver el conflicto. Nunca nos imaginamos que esta solución al conflicto iba a ser la extinción”.

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