Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos anunciaron que rechazarán el informe de resultados que presente la Fiscalía General de la República sobre restos hallados en Guerrero. Denunciaron en rueda de prensa que los expertos forenses argentinos no fueron incluidos en la investigación de los restos óseos, por lo que no confían en la autoridad.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Santiago Aguirre, así como miembros del equipo legal y los padres de los normalistas, informaron que en cuanto supieron de las acciones realizadas por la FGR, se pusieron en contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, grupo de peritos que ha acompañado el proceso en los últimos años. Sin embargo, la Fiscalía no los llamó para analizar los restos.

Por otra parte, las familias criticaron al gobierno federal por no entregar los 800 folios que supuestamente se alojan en archivos militares, y donde se registraría una conversación de miembros del Ejército sobre el supuesto paradero de cuerpos sin vida. Aseguraron que las documentaciones de la Sedena podrían contener información sobre el ataque a los normalistas, de los perpetradores, y el posible paradero de los estudiantes.

Mario González, padre de unos de los normalistas, mencionó: “no es por consigna que queremos que se investigue al Ejército. Es que hay una conversación [en los documentos de espionaje entregados] de que algunos cuerpos estaban en una laguna. O sea, quién hizo esta conversación, cuándo, con quién. Por eso la exigencia. No es por consigna contra el Ejército, como dice el presidente [Andrés Manuel López Obrador]”.

Por su parte, Cristina Bautista señaló que, tras 9 años y 9 meses, los padres de los normalistas desean saber dónde están sus hijos, y siguen exigiendo justicia y reparación del daño. Por ello, pidieron acciones judiciales contra José Luis Abarca –exalcalde de Iguala, acusado de narcotráfico y lavado de dinero–, por su presunta vinculación en la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Además de los partícipes que salieron en libertad tras la falta de pruebas.

Por su parte, el abogado del Centro Prodh rechazó que estén atacando al Ejército por consigna, como ha acusado el presidente López Obrador: “es un hecho probado que el Ejército se desplegó en Iguala, incluso con personal de inteligencia, y presenció, sin intervenir, la desaparición de los muchachos. Luego ocultaron esto cuando fueron a declarar. Además, en estos 10 años, el Ejército ha dado información a cuentagotas”.

Santiago Aguirre agregó: “en el presente tenemos más elementos, como los mensajes de texto obtenidos por una intervención legal que hizo la DEA, en que Guerreros Unidos [organización que perpetró el ataque] habla de su continua connivencia con [elementos d]el Ejército, de ir a dejar dinero al batallón, y mencionan por apellido a los militares que intervienen”.