Gran triunfo del pueblo panameño contra la minera canadiense. El 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá revocó la polémica Ley 406, luego de intensas movilizaciones en el país. Esta normativa permitía la concesión de la mayor mina de cobre de Centroamérica a una empresa de Canadá, la First Quantum Minerals. Fue una gran victoria social y popular en contra del extractivismo y los abusos de las corporaciones extranjeras.

Costó meses de luchas en diferentes ámbitos y 40 días de intensa movilización. Los ciudadanos tuvieron que enfrentar la brutal represión policíaca, pero en pie de lucha lograron presionar para revocar la ley. La misma ya había sido aprobada por el Congreso que actuó de espaldas a su pueblo para satisfacer a las empresas trasnacionales.

Desde 1997, esa corporación en particular explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica y se le considera un enclave neocolonial. El avance de las políticas extractivistas en la región también ha tenido un impacto sobre el reconocimiento y la tenencia de tierras de pueblos originarios y comunidades locales.

La decisión de la Corte se tomó luego de que las protestas estallaron el 20 de octubre y paralizaron al país casi por completo. El fallo fue dictado el mismo día, en el cual Panamá conmemora su independencia de España.

Durante las últimas semanas, la atención se concentró en la Corte donde se discutía la validez de la ley. Ambientalistas, docentes, obreros de la construcción, artistas, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas, abogados, académicos, entre otros, hicieron vigilia frente al Palacio de Justicia Gil Ponce –ubicado en Ancón– para pedir la inconstitucionalidad del contrato. Esto, con música, tambores y consignas: “Esta Patria no se vende, esta Patria se defiende”.

Los sindicatos obreros jugaron un papel central, en particular el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sinte). Sin duda, han sido el motor de la movilización a escala nacional.

Por su parte, las y los maestros se declararon en huelga desde el 23 de octubre. Siguieron su lucha a pesar de que el ministerio de Educación les retuvo su salario de la segunda quincena de noviembre. Su huelga indefinida fue acordada en rechazo al contrato minero firmado entre el Estado panameño y Minera Panamá, SA. Así, los 17 mil 500 maestros fueron una inspiración para la sociedad que triunfó a pesar de la represión estatal.

Cuatro personas fueron asesinadas y alrededor de 1 mil 500 aprehendidas por la Policía Nacional a partir del inicio de las manifestaciones contra la Ley 406. Los educadores Abdiel Diaz Chávez e Iván Rodríguez Mendoza fueron ultimados a tiros el pasado 7 de noviembre, en medio de un bloqueo vehicular en la provincia de Panamá Oeste.

En este tipo de agresiones, se involucraron autoridades locales de distintas regiones, como parte de una campaña de desprestigio hacia la protesta social. El 19 de octubre, el fotoperiodista Aubrey Baxter –miembro del colectivo Ya es Ya– recibió el impacto de un proyectil en su ojo derecho y perdió la vista. Las denuncias de abuso de la fuerza policial se incrementaron en medio de las protestas masivas que vivió el país.

Asimismo, las protestas que generaron parálisis económica por los bloqueos efectuados por los activistas obedecen a los impactos ambientales de la minera que está ubicada en un espacio protegido, al cual están contaminando. Entre los días 13 y 16 de junio, se efectúo la Primera Semana Climática Mesoamericana, donde líderes de pueblos originarios y comunidades locales dieron a conocer sus experiencias en defensa del agua y el territorio, resiliencia climática, recursos biológicos y la diversidad cultural.

La movilización fue efectuada por todos los sectores de la población, tanto rurales como urbanos. En las diez provincias, salió la gente a las calles a exigir el cierre de la minera y el fin del leonino contrato con First Quantum, del cual Panamá no obtiene casi nada.

En los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, mucha gente estaba en plantón. Esperaban el anuncio de los magistrados. Siguieron la transmisión del mensaje en sus teléfonos celulares, a través de la cuenta de Youtube del órgano judicial.

Escucharon con atención hasta que se dio el anuncio del fallo por parte de la magistrada presidenta María Eugenia López Arias, acompañada por los otros ocho jueces que conforman el pleno. La votación fue unánime: por lo menos 25 artículos de la Constitución son violentados en el contrato, de acuerdo con el fallo.

Al conocerse, los festejos se multiplicaron. En las calles y en las redes sociales se decía que no sólo se celebraba la independencia de Panamá de España, sino también de Norteamérica. La multitud eufórica festejó con gritos y saltos de alegría, además de entonar el himno nacional. Una vez que la Ley 406 –considerada “una afrenta”– se declaró inconstitucional, se procedió a su publicación en la Gaceta Oficial. Quedó expulsada del sistema que rige al país.

El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor general Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre; aprobado en tercer debate sancionado por el presidente Laurentino Cortizo, y promulgado en la Gaceta Oficial el 20 de octubre: ¡el mismo día!

Y así se aprobó el contrato ilegal de forma oscura, sin debate, en sesiones nocturnas y sin cumplir los requisitos de Ley. Indignó de inmediato a la población ya harta de la corrupción de la clase política. La misma ya había sido develada con el escándalo de los “Papeles de Panamá”.

El derrotado presidente panameño, Laurentino Cortizo –quien está en su último año de gobierno y enfrenta elecciones en seis meses–, afirmó que acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Con este fallo, el Ejecutivo tendrá que ordenar –en el corto plazo– el cese de las operaciones de la mina. Además, pidió la renuncia al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, responsable de la firma del contrato espurio.

El sindicato Suntracs calificó este resultado como una victoria popular y un triunfo del pueblo en la calle. Al haber alcanzado su demanda, los manifestantes comenzaron a levantar algunos bloqueos de carreteras y avenidas.

Es sabido que las mineras canadienses –como la First Quantum Minerales, tenedora del 90 por ciento de acciones de Minera Panamá– cuentan con capitales estadunidenses. Si hace 202 años se derrotó al colonialismo español, hoy se tuvo una señalada victoria del pueblo panameño sobre el extractivismo neocolonial, el cual asola a los países de América Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia.

Los pueblos buscan un nuevo tipo de minería donde se recicle, se sustituya metales por materias biodegradables, se elimine la obsolescencia programada y no destruya la biodiversidad ni la naturaleza.

En reacción, la Minera Panamá SA (MPSA) advirtió que inició un proceso contra el país ante la Corte Internacional de Arbitraje desde el pasado 29 de noviembre. Chantajeó al informar que el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que aporta la corporación desaparecería con el cierre de la mina. De igual manera, anunció que despedirá a 7 mil trabadores.

Asimismo, las empresas First Quantum Panamá, Minera Panamá y Franco-Nevada Corporation dieron a conocer que van a presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Argumentaron una violación de los compromisos del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Es conocida la abierta tendencia del CIADI para favorecer a las corporaciones extranjeras, y también que la mayoría de los “árbitros” son ciudadanos de estas potencias, inclinados a favorecer las empresas multinacionales. Esta fue la situación que llevó a Ecuador y a Venezuela a retirarse de dicha institución, pues ha fallado contra los Estados y el bien público en la gran mayoría de las demandas de firmas trasnacionales sometidas a su arbitraje.

La lucha generalizada y unitaria que logró frenar a la minera es producto de años de movilizaciones de múltiples sectores, como las y los trabajadores de la Salud. En las calles, han exigido insumos básicos para atender la crisis.

Las y los maestros advirtieron que regresarán a las aulas hasta que se les pague la quincena de noviembre. Además, se debe instaurar una mesa de diálogo con las autoridades para levantar el paro de labores.

Por su lado, organizados en el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (Cofadesavi) varias personas continúan exigiendo justicia. Son las víctimas de uno de los mayores envenenamientos en el mundo con el químico dietilenglicol. Realizan manifestaciones en las inmediaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) en la ciudad de Panamá. Ese accidente masivo se destapó hace ya 17 años y la lucha sigue.

Otra de las protestas recientes fue ocasionada por el aumento del precio de la gasolina, de la canasta básica y el desabasto de alimentos por el desempleo. Ello, en contraste con los altos salarios y privilegios de los funcionarios del gobierno. Los trabajadores se han movilizado por un aumento al salario mínimo que ayude a satisfacer las necesidades básicas de la población.

Por su parte, los trabajadores universitarios en Panamá exigen mejores condiciones de trabajo. Van desde el incremento del salario mínimo hasta el cese del acoso laboral. Este jueves 4 de mayo, los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (Sintup) celebraron una Asamblea General para levantar su pliego de peticiones.

Además, organizaciones de jubilados buscan aumentar las actuales pensiones. En abril de 2022, los trabajadores del Canal de Panamá exigieron respeto al régimen laboral en la empresa más importante. Por otro lado, en mayo pasado se desarrolló una huelga de hambre por sus líderes. Exigieron al ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que no se desaloje a comunidades de sus asentamientos informales. Sin embargo, fueron dispersados por la policía antimotines.

La lucha ha sido larga y el pueblo ha estado al pie del cañón desde 1964 cuando izaron la bandera panameña en la zona del Canal. Dicha movilización fue reprimida por el ejército y dejó un saldo de 21 muertos y más de 300 heridos.

Omar Torrijos encabezó el esfuerzo por recuperar la zona del canal. Logró la firma del Tratado Torrijos-Carter para que en el 2000 quedara en manos panameñas. Fue asesinado el 31 de agosto de 1981 cuando su avión explotó en el aire. Hay evidencias de que fue un atentado de la CIA, lo que fue ratificado en el libro de John Perkins, Confesiones de un sicario económico.

Mientras que, un 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos con 27 mil soldados invade Panamá y 7 mil personas fueron asesinadas, muchas enterradas en fosas comunes.

El tipo de gobierno –que fue desarrollado luego de 21 años de dictadura y de la invasión de Estados Unidos en 1989– ha traído injusticia y desigualdad. Por ello, se promueve una nueva Constitución. También se ha posicionado en el movimiento popular la iniciativa de proceso constituyente de cara a elecciones generales de 2024. Esto, en medio del deterioro institucional que se ha profundizado durante los últimos 30 años.

La lucha del pueblo panameño –silenciada por los grandes medios de comunicación– es ejemplar. Muestra lo que puede hacer la unión, la organización y las posturas firmes en defensa de los derechos nacionales y populares. Esta gesta merece ser aplaudida y difundida, pues marca una pauta a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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