El contrato marco para la prestación del servicio integral de limpieza promovido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha dado carta libre a Rapax, SA de CV, para estafar al propio gobierno. Con ese contrato marco, figura entre las compañías proveedoras a las que dependencias y entidades de la administración pública federal deben privilegiar a la hora de hacer sus contrataciones.

Muestra de ello es lo que denunció, en conferencia de prensa, la maestra Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT): aunque Rapax nos acuse de no pagar el contrato, la empresa ha incurrido en incumplimientos que también podrían configurar delitos.

“Hay un conjunto de empresas que tienen los mismos dueños: muchísimas empresas que usan prestanombres y todas éstas lo que hacen es que primero dicen que te van a mandar 70 trabajadores y te mandan 20; dicen que van a estar en las mañana y en las tardes, y nada más están un ratito en la mañana; a los trabajadores no les pagan en el IMSS, les pagan incompleto, les dicen que les van a dar un [monto de] sueldo y les dan otro, les pagan retrasado, a veces en efectivo nada más el 30 por ciento del salario, y son un desorden”.

En el caso del SAT, expuso que entre los servicios que se le contrataron a Rapax está el de proveer insumos de higiene, como el jabón de manos, papel sanitario y gel antibacterial. No obstante, denunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria, “lo que hacían es que se arreglaban con los funcionarios que supervisaban aquí mismo en el SAT la limpieza. Aquí, como siempre, hay un servidor público que le toca supervisar el contrato que hace ojo de hormiga, que no se da cuenta, y entonces como no lo revisa él pasa la lista y dice que sí se presentaron 70 personas, aunque sólo se hayan presentado 20. Entonces nosotros pagamos como si trabajaran 70 cuando en realidad sólo se presentaron 20”.

Al respecto, la maestra Buenrostro indicó que todos esos funcionarios que incurrían en esos presuntos actos de corrupción están bajo investigación. “El año pasado separamos del cargo a varios servidores públicos que se dedicaban a supervisar los contratos de prestación de servicios, particularmente los de limpieza, porque tenía una queja y una inquietud interna fuerte –perfectamente justificada– porque cómo va a ser que en tiempos de Covid no tengamos jabón ni gel. Cambiamos a la gente que supervisaba los contratos, metimos gente nueva, empezamos a revisar. Encontramos que sólo se presentaba el 20 por ciento del personal contratado y que los productos de limpieza tampoco llegaban, que de la lista que nos pasaban como trabajadores, más de la tercera parte no contaban con Seguro Social, y además no les pagaban a los poquitos que sí venían”.

Respecto de la queja de Rapax de que el SAT incumplió con los pagos, la funcionaria explicó que es por todas estas faltas a los contratos que se le tuvo que penalizar. Expuso que al existir este tipo de observaciones, les hablaron por teléfono: “les exigimos que se presentara la gente, que nos trajeran el jabón y el gel y los señores no se presentaron. Entonces los penalizamos: ‘no te puedo pagar por 70 trabajadores si sólo están viniendo 20’. Los penalizamos y se molestaron”.

Al respecto, indicó que se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y ésta le dio la razón al SAT. “Les dijo obviamente que ellos estaban mal y los señores no han querido facturar, porque para facturar tienen que reconocer las penalizaciones por incumplimiento al contrato y no las quieren reconocer. Entonces no es que el SAT no les esté pagando, es que los señores están incumpliendo con el contrato. Nosotros ya estamos haciendo los trámites ante la Secretaría de la Función Pública, estamos armando los expedientes para denunciarlos y que, de ser posible, que los saquen del contrato marco porque incumplen con todas las condiciones”.

Al respecto, Buenrostro explicó en qué consiste dicho contrato: “el contrato marco lo hace Función Pública y luego todas las dependencias de gobierno estamos obligadas a, primero, adherirnos a esos contratos y buscar, para la limpieza, primero a todas las empresas que están en ese contrato marco, porque se supone que ya las revisó la Función Pública”.

Asimismo, señaló: “tenemos identificado que en esta empresa, que se llama Rapax, muchos de los socios también son socios de otras empresas que ya han sido denunciadas antes, que ya han sido auditadas, que la Auditoría Superior de la Federación ha inhabilitado para que las contraten, que han hecho tropelías, y que desde hace mucho tiempo también han sido denunciadas por los trabajadores porque no les pagan seguridad social”.

Añadió que muchas de esas empresas reciben apoyo y ayuda de líderes sindicales que se deberían dedicar a defender a los trabajadores de la limpieza. Y reiteró: “no es que nosotros no les estemos pagando. La verdad, hasta nos ha sobrado presupuesto; pero la empresa está incumpliendo con el contrato y nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para dar aviso a la Función Pública y de ser posible que salga del contrato marco”.

De acuerdo con dicho contrato –vigente del 1 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022–, Rapax es una sociedad con escritura pública número 45,071, de fecha 8 de noviembre de 2017; e inscrita con el folio mercantil electrónico número N-2017096373, del 1 de diciembre de 2017. Su objeto social es la prestación de servicios de limpieza, mantenimiento, jardinería y fumigación de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; y su RFC es RAP171108U90.

Su representante ante el contrato marco es Gualberto Olmedo Cruz, administrador único con poder general para actos de administración, y su domicilio fiscal: Homero número 538, interior 701 C, colonia Polanco Quinta Sección, Ciudad de México.

ASF descubrió modus operandi de Rapax

El modus operandi de Rapax ya había sido denunciado por la ASF, en su auditoría de cumplimiento 2019-0-17100-19-0098-2020, que fiscalizó la gestión financiera del presupuesto asignado a la Fiscal a General de la República para verificar que las contrataciones de servicios con cargo al Capítulo 3000 “Servicios Generales” se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

En ésta, determinó dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. El primero es “para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el propósito de que audite a las personas morales con registros federales de contribuyentes FIR091222EK1 y RAP171108U90, con razones sociales FIREKY, SA de CV, y Rapax, SA de CV […], los cuales se identificaron como presuntos evasores, toda vez que, en los servicios prestados a la Fiscalía General de la República no se encontraron 347 y 308 trabajadores, de conformidad con los pagos del personal que prestó los servicios de limpieza durante el periodo de abril a diciembre de 2019, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.

El segundo fue para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a quien le solicitó auditar a las mismas empresas –FIREKY y Rapax–, identificadas como presuntos evasoras por no contar con el personal que supuestamente había sido contratado por la FGR –330 y 338 trabajadores, respectivamente– de conformidad con los pagos de abril a diciembre de 2019.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2021, Rapax obtuvo los siguientes contratos con el gobierno federal:

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