Por presuntos casos de fraude y corrupción durante el periodo neoliberal, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó alrededor de 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); además de que rescindió el contrato a 22 trabajadores del Instituto, indicó el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza.
En conferencia presidencial, detalló que en el año anterior se interpusieron 15 denuncias por estos posibles ilícitos. De igual manera, en los últimos seis meses, el instituto ha presentado 135 denuncias –mayo es el mes con más ilícitos reportados ante la Fiscalía–. Ello, en relación a las denuncias asociadas a diversos tipos de fraude y abusos de autoridad contra los derechohabientes.
“Derivado de todos los problemas del Infonavit, hemos denunciado muchos casos. Y este es el informe que tenemos de las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía General de la República; bueno, en el 2024 presentamos 15. […] Y al día de hoy llevamos 150 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República”, destacó.
Esto en el marco de múltiples irregularidades detectadas al interior del Infonavit, ya que en conferencias presidenciales pasadas, Romero Oropeza habría señalado fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de una misma vivienda, créditos impagables, usurpación de identidad, estafas realizadas por intermediarios, etcétera.
En otro asunto, señaló que el Infonavit realizó un censo de 168 mil viviendas, de las cuales hay al menos 145 mil habitadas de forma irregular y 23 mil deshabitadas o vandalizadas. Ante esta situación, anunció un programa para regularizar la vivienda, el cual incluye a los derechohabientes que dejaron de pagar sus créditos, como de quienes invadieron viviendas abandonadas.
“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. […] Entonces, estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema de renta, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo, la casa; y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda. Y en el caso de estas 23 mil que son deshabitadas y vandalizadas, […] la idea es de una vez rehabilitadas, dárselas en opción de renta con opción a compra a gente que tiene problemas de discapacidad, mujeres jefas de familia y jóvenes”.
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